EN RESUMEN
Un acuerdo anunciado hoy por grupos laborales y la industria de comida rápida daría a los trabajadores un salario mínimo de $20 y retiraría una medida de la boleta electoral de 2024. La Legislatura tiene hasta el jueves para aprobarlo.
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Una batalla de dos años entre grupos laborales y gigantes de la comida rápida está culminando con un acuerdo de último minuto anunciado hoy que daría a los trabajadores un salario mínimo de $20 a partir del próximo abril si las empresas aceptan rechazar su medida electoral de noviembre de 2024 para deshacer una ley histórica que regula la industria.
El acuerdo, detallado en cambios al Proyecto de Ley 1228 de la Asamblea , evita lo que habría sido una campaña costosa para ambas partes. Y cada uno de ellos obtiene una concesión importante: garantiza al menos un aumento modesto para los trabajadores, mientras que la industria logra que los legisladores den marcha atrás en una propuesta controvertida para responsabilizar legalmente a las corporaciones de comida rápida por violaciones laborales en sus franquicias.
La ley de 2022 habría establecido un consejo estatal con representantes de los trabajadores y las empresas para redactar normas que regulen los salarios y las condiciones laborales en los restaurantes de comida rápida, una industria a la que los organizadores laborales han luchado durante mucho tiempo para sindicalizarse. El consejo habría tenido el poder de aumentar el salario mínimo de la comida rápida hasta 22 dólares la hora. El salario mínimo estatal aumenta a $16 el 1 de enero.
La ley quedó rápidamente suspendida el otoño pasado cuando grupos de restaurantes y grandes corporaciones de comida rápida invirtieron millones en una campaña de recolección de firmas para que los votantes la derogaran en la boleta electoral de 2024 .
La campaña del referéndum de julio informó haber acumulado 50 millones de dólares en una “contribución inicial” de McDonald’s, In-N-Out, Chick-Fil-A y la Asociación Internacional de Franquicias y la Asociación Nacional de Restaurantes.
El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, patrocinador de la ley, y otros grupos laborales dijeron que la industria de la comida rápida, que emplea a más de 500,000 californianos, necesita en particular una regulación debido a los bajos salarios, los horarios impredecibles y lo que dijeron eran duras condiciones de trabajo en los restaurantes, que a menudo, no están controlados por las corporaciones sino por numerosos operadores de franquicias independientes.
“Durante la última década, los cocineros, cajeros y baristas de comida rápida en California han estado haciendo sonar la alarma sobre los salarios de pobreza y las condiciones laborales inseguras que plagan nuestra industria”, dijo Ingrid Vilorio, líder de los esfuerzos sindicales para organizar a los trabajadores de la comida rápida, en un comunicado. “Siempre hemos sabido que para resolver estos problemas, necesitamos un asiento en la mesa con nuestros empleadores y el poder de ayudar a diseñar mejores reglas en toda nuestra industria”.
Las empresas han descrito la ley como una extralimitación, respondiendo que los restaurantes ya han aumentado los salarios durante un período de inflación récord, y dijeron que regulaciones adicionales obligarían a las tiendas de comida rápida a cerrar o aumentar los precios. En diciembre pasado, el salario medio por hora de los trabajadores de comida rápida de California era de unos 19 dólares.
En respuesta al referéndum, SEIU y un furioso asambleísta Chris Holden , el demócrata de Pasadena autor de la ley del consejo de comida rápida, presentaron este año el AB 1228, el proyecto de ley para establecer la responsabilidad laboral conjunta para las corporaciones. Esa disposición fue eliminada de la ley en 2022 para obtener más apoyo para su aprobación.
Además, el presupuesto estatal de este año incluyó una partida de $3 millones para resucitar la Comisión de Bienestar Industrial, una junta estatal inactiva desde 2004 que también podría redactar nuevas regulaciones específicas para la industria. Durante el fin de semana, los legisladores en otro proyecto de ley de presupuesto propusieron cancelar la reactivación de esa comisión.
El acuerdo, que tiene días para ser aprobado antes de que finalice la sesión legislativa el jueves, requeriría que el consejo de comida rápida se reuniera por primera vez antes del 15 de marzo de 2024, antes de lo que lo habría hecho si tuviera que esperar la aprobación de los votantes el próximo noviembre.
“Juntos, tanto con los partidarios como con la oposición, estamos estableciendo un nuevo estándar que inspira un entorno seguro y próspero dentro de la industria de la comida rápida”, dijo Holden en un comunicado.
“Ofrece aumentos salariales significativos para los trabajadores, al mismo tiempo que elimina amenazas, costos y cargas regulatorias más significativas -y potencialmente existenciales- que afectan a los restaurantes locales en California”, dijo el presidente y director ejecutivo de la Asociación Internacional de Franquicias, Matt Haller, en un comunicado.
El acuerdo también modifica la composición de 10 miembros del consejo a nueve al convertir a los dos representantes del gobierno estatal en miembros sin derecho a voto y agregar un “miembro del público”. El consejo aún incluiría a dos trabajadores de comida rápida, dos representantes laborales, dos representantes de la industria de comida rápida y dos propietarios de franquicias de comida rápida.
El consejo recientemente propuesto también redactaría reglas que se aplicarían a más restaurantes: aquellos que pertenecen a una cadena con al menos 60 ubicaciones a nivel nacional, en comparación con las 100 ubicaciones descritas en la ley de 2022. El acuerdo también elimina una disposición por la cual las ciudades y condados podrían convocar sus propios consejos de comida rápida, lo que, según las empresas, podría crear una cantidad onerosa de regulaciones adicionales.
Como se había promulgado anteriormente, el consejo funcionaría durante cinco años a menos que los legisladores lo ampliaran. Y tiene las mismas restricciones que la versión aprobada el año pasado, limitadas a la elaboración de reglas sobre salarios y seguridad en el lugar de trabajo, aunque el consejo tendría que solicitar a la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California que promulgue algunas de esas reglas. No podría redactar reglas que crearan nuevos beneficios de tiempo libre ni dictar cómo los restaurantes programan las horas de los trabajadores.
La industria de la comida rápida y los sindicatos estaban en apuros para llegar a un acuerdo esta noche, la última oportunidad absoluta para que los proyectos de ley sean modificados en esta sesión debido al requisito de que estén impresos durante 72 horas antes de la votación final. Esta tarde, el Senado renunció a otra regla de plazo para avanzar en la medida.
El acuerdo sólo es posible gracias a una nueva ley firmada el viernes por Newsom. AB 421 del asambleísta Isaac Bryan, un demócrata de Culver City, crea un proceso para que los proponentes de un referéndum retiren su medida de la boleta hasta 131 días antes de las elecciones. Tal proceso ya existía para otras iniciativas estatales, pero no para los esfuerzos por revocar una ley aprobada a través del proceso legislativo.
La Legislatura apresuró el proyecto de ley a través de una serie final de votaciones el martes pasado y lo envió al escritorio del gobernador con una cláusula de urgencia que le permitía entrar en vigor de inmediato. Eso significa que, para las elecciones de noviembre de 2024, los referendos pueden retirarse de la boleta electoral hasta el 27 de junio, lo que podría abrir la puerta a otro acuerdo en la próxima sesión con la industria petrolera sobre un referéndum que calificaron como un desafío a un retroceso de perforación de 3,200 pies alrededor de hogares, escuelas y Centros médicos.
