Por el momento, se desconoce el motivo de la ausencia de Piedad Córdoba, ya que no allegó ningún tipo de excusa médica o solicitud de reprogramación de la diligencia judicial, explicó Semana.
Se trataba de una diligencia que se iba a llevar a cabo ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana, a quien la defensa de la congresista pidió revocar su elección como integrante del alto tribunal, la cual fue negada el jueves por la Sala Plena de la Corte.
En términos generales, las denuncias apuntan a que Córdoba habría iniciado acercamientos con las Farc desde 1998, cuando era congresista. Se asegura que tenía cercanía con integrantes del grupo guerrillero y que frecuentaba los campamentos sin contar con autorización oficial.
Las acusaciones sugieren que la congresista habría desempeñado roles significativos dentro de la organización, actuando como asesora, estratega política e incluso vocera a nivel nacional e internacional.
No obstante, es importante destacar que algunas denuncias tienen en cuenta que Córdoba fue autorizada por el entonces presidente Álvaro Uribe para mediar en la liberación de personas secuestradas, trabajando junto al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, durante los meses de agosto y noviembre de 2015.
