Publicación de AMBIENTAL S.L.

La Consulta Ambiental en el Ecuador Desde la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto 754 tenemos una normativa en estado "diferido" hasta que la Asamblea emita un nuevo Reglamento al Código Orgánico del Ambiente que regule de forma idónea la consulta ambiental. En ese sentido, el país no puede ni debe paralizarse, los proyectos y la inversión deben convertirse en la tabla salvavidas del Ecuador. Es por ello que con emoción y orgullo les comparto que dentro de la Acción de Protección sobre el Caso Las Naves, en sus dos instancias, se ha ratificado que los procesos llevados a través del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica han garantizado los derechos de los ciudadanos por medio de la consulta ambiental. Una consulta que garantizó la participación ciudadana, que permitió la explicación, el entendimiento, el surgimiento de dudas, la resolución de las mismas y la incorporación de las observaciones dentro del Estudio de Impacto Ambiental. Cuando hablamos de protección ambiental no es condenarnos al subdesarrollo, es implementar mecanismos que garanticen la protección y cuidado medio ambiental de la mano de la generación de empleo y fuentes de riqueza. Ojalá siga primando la razón y la ciencia en los juzgados.

¿Has notado la gran cantidad y variedad de requisitos ambientales que se deben cumplir a nivel estatal y municipal?   Nuestro país tiene una gran riqueza ecológica, cultura, y geográfica y eso hace que tenga muchas realidades. A nivel estatal, cada uno de los 32 estados de la República Mexicana tiene autonomía para emitir sus propias leyes ambientales, siempre y cuando estas sean complementarias y no contradigan la legislación federal.  Las entidades federativas tienen competencias específicas en temas que afectan directamente a su territorio y/o su población local, permitiendo adaptar la normativa a las características y problemas ambientales de cada región.   Las competencias estatales principales son:   1. Regulación de la contaminación de fuentes fijas de jurisdicción estatal para todas aquellas fuentes de emisión que no son de jurisdicción federal 2. Gestión de residuos de manejo especial, que no son considerados peligrosos ni sólidos urbanos 3. Evaluación de impacto y riesgo ambiental para proyectos de alcance estatal 4. Administración de recursos naturales dentro del territorio estatal, como la gestión forestal local 5. Protección de flora y fauna local   En algunos estados, las secretarías ambientales estatales pueden establecer regulaciones más estrictas que las normas federales, especialmente en sectores sensibles como la calidad del aire, el manejo de residuos y la protección de recursos hídricos que no sean de jurisdicción federal.   Por otro lado, los municipios tienen un papel esencial en la gestión y regulación ambiental a nivel local, particularmente en lo que se refiere a los servicios públicos y la gestión de residuos sólidos urbanos.  Aunque el alcance de las responsabilidades municipales es más limitado que a nivel estatal o federal, su rol es crucial para implementar políticas ambientales directamente en la comunidad.   Las principales competencias municipales son:   a. Recolección, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos b. Vigilancia y control de la contaminación ambiental derivada de fuentes móviles, como el transporte público local c. Ordenamiento ecológico territorial local y gestión del uso de suelo urbano d. Implementación de programas de educación ambiental y fomento de prácticas sustentables en la comunidad e. Supervisión y mantenimiento de áreas verdes municipales y espacios recreativos   A nivel municipal, las regulaciones pueden variar ampliamente dependiendo del tamaño del municipio y sus recursos administrativos.  Los municipios más grandes o con mayor desarrollo económico suelen contar con regulaciones más avanzadas con impacto a la industria y a la comunidad en general, mientras que los municipios rurales o pequeños pueden tener una capacidad limitada para la gestión ambiental. Contactame si necesitas apoyo: https://lnkd.in/ggG_urAM

Más de 200 organizaciones ambientales, movimientos territoriales y comunidades indígenas rechazan la iniciativa que busca reformar la Ley 19.300, llamada Evaluación Ambiental 2.0, que actualmente se encuentra en tramitación en el Senado. El proyecto “que era esperado como una oportunidad” puede transformarse en una “amenaza”, ya que “entregaría un poder desmedido a los intereses económicos, limitando el control del Estado sobre el patrimonio natural del país”, consigna la declaración de las agrupaciones, quienes hacen un llamado al Gobierno para que le quite la urgencia a la iniciativa. El director ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, explica que en la actualidad el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ya está desbalanceado en favor de los intereses económicos, pero de aprobarse esta reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente como está, esto se potenciaría. Asimismo, el coordinador de seguimiento legislativo de Chile Sustentable, Felipe Moreno, afirma que esta reforma, en vez de fortalecer el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), está priorizando una mirada de acelerar la tramitación. Para la directora de la fundación Terram, Flavia Liberona, en términos generales esta reforma representa un “retroceso”, además de que busca flexibilizar un proceso de evaluación de proyectos que ya tiene poca capacidad y donde el Estado no pone los suficientes recursos para fiscalizar. “Lo que hemos visto en el último tiempo es una arremetida de los sectores empresariales salmoneros, mineros, entre otros, en este concepto que han calificado de permisología, que en realidad lo que están diciendo es que ellos tienen que hacer demasiados trámites para lograr los permisos, no sólo los ambientales, también los sectoriales, y en ese sentido, el Gobierno a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel, se allanó a facilitarles procesos en lo que se llama el Pacto Fiscal. Si uno lo revisa, se dará cuenta que ahí están consignadas tanto las reformas a la Ley 19.300, como también la ley de permisología que está tramitando el Gobierno a través del Ministerio de Economía”, agrega. https://lnkd.in/evNx95YY

El pasado 18 de julio se publico el decreto por el cual se expide la Nueva Ley Ambiental de la Ciudad de México, puntos importantes: 1. Se incluye una cláusula que prohíbe la privatización del servicio de agua potable, con el fin de mantener el derecho al libre acceso a este recurso. 2. Se introduce una nueva categoría llamada “Cinturones Verdes”, para evitar la expansión de la mancha urbana en el suelo de conservación. 3. Se establece que las áreas verdes deberán incrementar o conservar su extensión. En caso de modificarse por la realización de alguna obra pública o privada, deberán ser compensadas con superficies iguales o mayores a la que haya sido afectada, o bien, en el lugar más cercano a donde se localizaba originalmente. 4. Se deberá privilegiar la introducción de especies nativas o naturalizadas en la Ciudad, promoviendo la conectividad ecológica. 5. Se fortalece la captación de agua pluvial, el tratamiento y la reutilización de agua. Link de consulta: https://lnkd.in/ezh-T5NG

👉 Sección noticias jurídicas 👨⚖️ La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Generalitat Valenciana contra varias disposiciones del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, relativas a los planes de coordinación del trasvase por el acueducto Tajo-Segura y a la fijación de caudales ecológicos. 🚰 Mientras que los recurrentes alegaban, entre otros puntos, la falta de motivación técnica, arbitrariedad y desproporción en los caudales ecológicos fijados. El alto tribunal contesta que la comunidad autónoma no ha aportado “prueba técnica alguna sobre la determinación de los caudales ecológicos que soporte las apreciaciones puramente subjetivas contenidas en la demanda, de la que pudiera deducirse el abierto apartamiento de la realidad en su determinación -arbitrariedad- que en ella se sostiene o su evidente incorrección técnica determinante de su desproporción”. 📎 Puedes leer la información en el siguiente enlace de nuestro blog con el equipo: carlos primo gimenez , Alberto Llàcer López, Andrea Gómez Gavilà, Beatriz García-Caro Andreu, Mª del Mar Suesta Blancasª , Eskándar Gánem Hernández , Paloma Pérez Corbalán de Celis, María Sáez, Marta Ramón, Inma Sancho, Daniel Sala, Isabel Durán de la Caballería https://lnkd.in/dCcnb4cP

Más de 200 organizaciones ambientales, movimientos territoriales y comunidades indígenas rechazan la iniciativa que busca reformar la Ley 19.300, llamada Evaluación Ambiental 2.0, que actualmente se encuentra en tramitación en el Senado. El proyecto “que era esperado como una oportunidad” puede transformarse en una “amenaza”, ya que “entregaría un poder desmedido a los intereses económicos, limitando el control del Estado sobre el patrimonio natural del país”, consigna la declaración de las agrupaciones, quienes hacen un llamado al Gobierno para que le quite la urgencia a la iniciativa. El director ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, explica que en la actualidad el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ya está desbalanceado en favor de los intereses económicos, pero de aprobarse esta reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente como está, esto se potenciaría. Asimismo, el coordinador de seguimiento legislativo de Chile Sustentable, Felipe Moreno, afirma que esta reforma, en vez de fortalecer el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), está priorizando una mirada de acelerar la tramitación. Para la directora de la fundación Terram, Flavia Liberona, en términos generales esta reforma representa un “retroceso”, además de que busca flexibilizar un proceso de evaluación de proyectos que ya tiene poca capacidad y donde el Estado no pone los suficientes recursos para fiscalizar. “Lo que hemos visto en el último tiempo es una arremetida de los sectores empresariales salmoneros, mineros, entre otros, en este concepto que han calificado de permisología, que en realidad lo que están diciendo es que ellos tienen que hacer demasiados trámites para lograr los permisos, no sólo los ambientales, también los sectoriales, y en ese sentido, el Gobierno a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel, se allanó a facilitarles procesos en lo que se llama el Pacto Fiscal. Si uno lo revisa, se dará cuenta que ahí están consignadas tanto las reformas a la Ley 19.300, como también la ley de permisología que está tramitando el Gobierno a través del Ministerio de Economía”, agrega. https://lnkd.in/evNx95YY

¡Buenas noticias para la provincia del #Guayas en materia ambiental! 🌟 #TeInformamos El Consejo Provincial del Guayas ha aprobado una reforma clave a la Ordenanza de Regularización, Control y Seguimiento Ambiental, y Participación Ciudadana. Esta reforma alinea la normativa provincial con el Código Orgánico del Ambiente, garantizando un desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente. 🌿🌍 🔍 ¿Qué implica esta reforma? ✅ Regularización Ambiental: Todos los proyectos deberán contar con una autorización administrativa previa y clasificar su impacto ambiental. ✅ Sistema Único de Información Ambiental (SUIA): Herramienta esencial para determinar el tipo de autorización. ✅ Participación Ciudadana: Se asegura la voz de las comunidades afectadas en los proyectos ambientales. Te compartimos más generalidades de esta reforma a continuación. ➡️ 📲 Si deseas recibir información de este y otro tipo de noticias ambientales, únete a nuestro grupo de WhatsApp: https://lnkd.in/egm5w_tQ #PÁSTORambiental

La Junta de Andalucía ha anunciado un importante avance en la regulación de las competencias de los Agentes de Medio Ambiente a través de la creación de una nueva ley. Esta normativa largamente esperada, conocida como la Ley de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, se encuentra actualmente en proceso de tramitación administrativa y está programada para ser evaluada en las próximas etapas. Según las previsiones, se espera que el anteproyecto de ley sea presentado ante el Parlamento andaluz en la primavera de 2025, marcando un hito significativo en la gestión medioambiental de la comunidad. La nueva ley tendrá un impacto crucial en la estructura organizativa y funcional de los agentes medioambientales, ya que establecerá y regulará los diferentes cuerpos y especialidades dentro de este ámbito. Estos agentes serán reconocidos oficialmente como un servicio público esencial, con funciones tanto de intervención en cuestiones medioambientales como de asistencia en situaciones de emergencia relacionadas con la protección civil. Este reconocimiento subraya la importancia de su labor en la salvaguarda del entorno natural y en la respuesta a situaciones de crisis que puedan afectar tanto al medio ambiente como a la seguridad de la población. Los detalles específicos sobre las competencias, formación, y recursos que se proporcionarán a estos agentes se están elaborando cuidadosamente para garantizar que puedan desempeñar sus funciones de manera efectiva y eficiente. Esta medida es vista como un paso positivo hacia el fortalecimiento de la protección ambiental en Andalucía, y se espera que contribuya significativamente a la conservación de sus ricos y diversos ecosistemas. Para aquellos interesados en obtener más información sobre este desarrollo legislativo, os invitamos a consultar el enlace que proporciona acceso a la noticia completa. Este artículo ofrece una visión más detallada de los objetivos y expectativas asociados con la implementación de esta importante ley.

La regularización y el control ambiental son esenciales para equilibrar el desarrollo humano con la preservación del entorno natural, asegurando un futuro saludable y sostenible para todos.

Compartimos la sección semanal de noticias jurídicas.