Una tragedia anunciada.
La negligencia de las administraciones públicas ante las inundaciones en Valencia.
Las recientes inundaciones que han azotado a la Comunidad Valenciana no solo han desbordado ríos y calles, sino que también han sacado a flote la cruda realidad de la falta de prevención y de coordinación por parte de las administraciones públicas.
Pese a los antecedentes históricos que advertían de la vulnerabilidad de la región, las respuestas y medidas prometidas han quedado, una vez más, ancladas en papeles y discursos.
La historia es implacable. Valencia ha sufrido inundaciones catastróficas desde hace siglos, con hitos tan devastadores como la riada de 1957 que segó la vida de al menos 81 personas y dejó a la ciudad en ruinas. A raíz de esa tragedia, se prometió una reestructuración y un compromiso con la seguridad hídrica que, como muestran los hechos actuales, no se ha cumplido de manera efectiva.
El plan integral de 2006, concebido para proteger a la cuenca del Barranco del Poyo y sus áreas colindantes, tenía todos los ingredientes de una solución ambiciosa y necesaria. Con una inversión prevista de 105 millones de euros, las obras incluirían zonas verdes inundables y sistemas de drenaje orientados al nuevo cauce del Turia. No obstante, ese proyecto, que debería haber sido un escudo contra las riadas, ha sufrido parálisis y retrasos inexplicables a lo largo de casi dos décadas.
En 2022, la propia Confederación Hidrográfica del Júcar subrayó la urgencia de una solución integral para reducir el riesgo de inundabilidad. Afirmó que las medidas provisionales eran insuficientes frente a un escenario de lluvias torrenciales. Sin embargo, esas advertencias y análisis técnicos no se tradujeron en acciones contundentes.
El resultado de esta inacción ha quedado dolorosamente marcado en los corazones de todos los españoles.
Municipios como Paiporta, Picanya y Catarroja han vuelto a ser víctimas de desbordamientos que han cobrado vidas y causado daños económicos incalculables.
La falta de planificación y la descoordinación entre administraciones por tener otros ideales, provocaron el impacto de un evento que podría haberse previsto y atenuado.
Es innegable que las diferencias políticas y la falta de consenso desde 2006 hasta hoy, han sido factores clave en el fracaso de estas políticas de prevención.
La parálisis administrativa, las promesas vacías y la ausencia de una gestión coordinada, pusieron en jaque la seguridad de miles de ciudadanos.
No podemos permitir que esta historia se repita. Los hechos están ahí, los informes son claros, y el sufrimiento de las familias por sus seres queridos es un recordatorio de que el tiempo de actuar no es mañana, sino ayer.
Las administraciones deben dejar de ser cómplices por omisión y asumir su responsabilidad para proteger a la población.
Sólo un compromiso real y coordinado puede evitar que desastres como este, sigan sumándose a la historia de España.
Mis condolencias para València.