Publicación de Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

🆕 Publicamos hoy el 📝 listado actualizado del estado de cumplimiento de las resoluciones estimatorias dictadas por el CTBG tutelando el derecho de acceso a la información pública frente a los poderes públicos. El listado incluye todas las que hemos dictado hasta el 30 de junio de 2024. 🔍 Consulta qué resoluciones del Consejo se han cumplido y cuáles aún no: tanto las dirigidas a organismos y entidades de la Administración del Estado como las correspondientes a aquellas comunidades autónomas que han atribuido al Consejo la competencia para resolver las reclamaciones en esta materia✅❌👇 👉 👉 👉 https://lnkd.in/d6jJHGHB 📃De las resoluciones dictadas en el primer semestre del año que requerían ejecución: ⚪ En el ámbito estatal: ✔️ El 83% constan cumplidas ❌ El 13,5% no constan como cumplidas ⚖️ El 3,5% han sido recurridas y están pendientes de sentencia judicial. 🟠 En el ámbito autonómico y local ✔️El 70,4% constan cumplidas ❌ El 28,5% no constan como cumplidas ⚖️ El 1,1% han sido recurridas y están pendientes de sentencia judicial. #CumplimientoResoluciones #DerechoDeAcceso #DAIP #Transparencia #CTBG #ConsejoDeTransparencia

✉️ EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN: Obligaciones de la autoridad al recibir una petición 📚⚖️ 📌 ¿Sabías que una autoridad que acepta haber recibido una petición no puede eludir su responsabilidad de dictar acuerdo sobre ésta? Esto aplica incluso si la petición no reúne todos los requisitos necesarios. Es fundamental para asegurar el respeto al derecho de petición. 📝🔍 🔍 Detalles clave: Según el artículo 8º constitucional, las autoridades deben emitir un acuerdo escrito como respuesta a cualquier petición que los ciudadanos formulen. Este acuerdo puede involucrar una prevención, orientación, o la canalización de la petición a la autoridad competente. Este mandato asegura que la solicitud sea atendida y no ignorada. 📜🛡️ 💡 Importancia: Este criterio refuerza el derecho de los ciudadanos a ser escuchados y obtener una respuesta de las autoridades, promoviendo la transparencia y la responsabilidad en la administración pública. 🌟✅ 📅 Publicado en el Semanario Judicial de la Federación el 26 de enero de 2024. 📜 Registro digital: 2028070 📚 Localización: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo II, página 1789 https://lnkd.in/gKd7NNWb #Derecho #Jurisprudencia #Tesis #Abogados #EstudiantesDeDerecho #DerechoDePetición #Transparencia #Mexico #Monterrey #NuevoLeón #CDMX #Guadalajara #SCJN

🚨 ¡Actualización importante en el Procedimiento Administrativo! 🚨 En nuestro curso de Procedimiento Administrativo abordamos las modificaciones clave de la Ley de Bases que impactan la gestión pública y la protección de los derechos ciudadanos: 1. Tutela Administrativa Efectiva: Refuerza el derecho de los administrados a acceder a una resolución oportuna y fundada. 2. Plazo Razonable: Garantiza que las autoridades actúen dentro de plazos ajustados, evitando demoras indebidas. 3. Silencio Positivo: Se considera favorable la falta de respuesta de la administración, promoviendo la eficacia en la resolución de trámites. 4. Vía Recursiva: Amplía las opciones para que los ciudadanos impugnen actos administrativos que afecten sus derechos. ¡No te quedes atrás! Aprende todo sobre estas modificaciones que transforman el ámbito administrativo. 💼📚 link de inscripción 👉 https://lnkd.in/dgUqMXcX #ProcedimientoAdministrativo #LeyDeBases #Derechos #SilencioPositivo #TutelaEfectiva #PlazoRazonable #RecursosAdministrativos

Los invito a leer mi más reciente columna publicada en Asuntos Legales del Diario La República sobre cómo la revocatoria directa, contrario a lo afirmado con frecuencia por las entidades administrativas, sí es procedente, a la luz del CPACA (bajo algunas causales), contra actos de trámite. 🔗 La columna la encuentran en el siguiente vínculo: https://lnkd.in/eaC-pTnW Cavelier Abogados

Abajo 👇🏼un resumen de las novedades en materia de flexibilización de la normativa de la Inspección General de Justicia.

#CGTBG #MINISTERIOTRABAJO cuando la Administración no cumple las reglas de juego y guarda silencio, deberíamos empezar a cuestionar que tipo de Estado de derecho tenemos. A fecha de hoy sigue sin cumplir con la citada resolución y la respuesta es sencilla no cumple porque en el referido procedimiento existe un cúmulo de irregularidades que prefieren incumplir una resolución que facilitar el expediente

🚨#Atención #Importante #AsuntosJudiciales ⚠️El deber de remitir la demanda a la parte pasiva, puede acreditarse en dos momentos: simultáneamente con su radicación y, de forma posterior, siempre que no se haya decidido sobre su admisión.⚠️ El Consejo de Estado precisó que, entre los requisitos formales para la admisión de la demanda, se encuentra el deber de acreditar el envío de ésta y sus anexos a la parte demandada, con dos excepciones: i) que el demandado señale no conocer las direcciones de notificación, y ii) cuando se hayan solicitado medidas cautelares. Indicó que esta carga tiene como finalidad dotar de celeridad y economía al proceso, sin que pueda llevarse al extremo de establecerlo como un requisito que haga nugatorio el derecho de acceso a la administración de justicia; si bien la norma precisa que se debe remitir de forma simultánea la demanda a la parte pasiva, ello no implica que hacerlo posteriormente y previo a la admisión de la demanda sea un acto que dé lugar a la inadmisión o incluso al rechazo. Conoce más 👉🏻 https://lnkd.in/egECiU-a @dvasquezv @jaimechavesv @andres_ospinag @CarlosABallest4 @BCarvajal76 @CPerdomoV @CastillaDaniel @JuanCovilla @iureamicorum @osunanestor #Demanda #Traslado #Celeridad #Economía #Proceso #Inadmisión #Rechazo #FranciscoFajardoAbogados

El Consejo de Estado , en reciente Sentencia de Unificación , desarrolló importantes lineamientos jurisprudenciales sobre la procedibilidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para impugnar actos administrativos que resuelven solicitudes de revocatoria directa. aplicables en casos de oposición manifiesta a la Constitución o la ley , afectación al interés público o social , o agravio injustificado a una persona. - Límites establecidos No procede si el peticionario agotó los recursos administrativos o caducó el control judicial. La revocatoria no revive términos legales ni permite el silencio administrativo. - Propósito y restricciones: Busca corregir actos en interés general, pero no sustituye la vía gubernativa ni reactiva términos caducados . Solo es demandable judicialmente si se generan "situaciones nuevas" particulares o concretas que modifican la situación jurídica del administrado. Sé un profesional actualizado, amplía esta y más noticias jurídicas y empresariales en 🌐 https://lnkd.in/evnK8hRh #noticieroficial #consejodeestado #administrativo #colombia

Una reciente #sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén pone de relieve la trascendencia de los presupuestos #procesales y su adecuada gestión. En un litigio por #responsabilidad #civil derivada de #accidente de #circulación, la falta de reclamación previa a la #aseguradora fue calificada como un óbice procesal insubsanable, lo que llevó a la desestimación de la demanda sin entrar al fondo del asunto. A continuación, destacamos las claves del caso: 1) Óbice procesal: los artículos 7.8 del RD Legislativo 8/2004 y 403 LEC El artículo 7.8 del Real Decreto Legislativo 8/2004 exige la presentación de una #reclamación previa a la aseguradora como requisito indispensable antes de interponer una demanda judicial. Este mandato, reforzado por el artículo 403 de la #LEC, dispone que las demandas que no cumplan con los requisitos procesales esenciales deben ser inadmitidas. La omisión de este requisito configura un defecto procesal insubsanable. 2) Rol de la audiencia previa: inadmisión, no subsanación La audiencia previa, según el artículo 416 de la LEC, permite resolver defectos procesales que impidan la válida prosecución del proceso. En este caso, aunque la audiencia previa era el momento adecuado para constatar el defecto procesal y dictar una inadmisión, no podía subsanarse la falta de reclamación previa. Esto se debe a que la reclamación es un acto obligatorio que debe haberse realizado antes de la demanda y no puede corregirse con posterioridad. 3) Falta de control #judicial al admitir la demanda El defecto procesal pasó inadvertido durante la admisión inicial de la demanda y no se resolvió en la audiencia previa. Esto permitió que el caso avanzara hasta una sentencia que finalmente desestimó la demanda por motivos procesales. Este error procesal retrasó innecesariamente el procedimiento y afectó al principio de economía procesal. 4) ¿Es posible reclamar a la juez por negligencia? La responsabilidad directa de la juez sería difícil de establecer. El artículo 11.3 de la LOPJ exige a los tribunales garantizar la tutela judicial efectiva, incluyendo el control de presupuestos procesales. No obstante, la jurisprudencia limita la responsabilidad judicial a casos de dolo o negligencia grave, lo que no parece configurarse en este caso al hacer notar la sentencia que la parte actora conocía el defecto desde la contestación a la demanda y no actuó en consecuencia. Esto podría interpretarse como una concurrencia de culpas, limitando las posibilidades de éxito de la reclamación. [El alegar vulneración del artº 231 LEC no permitiría en ningún caso la subsanación, siendo el juzgado a quo el que debía haber inadmitido la demanda, sin que su falta de control en ese aspecto, suponga la posibilidad de suspender y paralizar el proceso para subsanar el defecto mencionado. sentencia de la Sección 17ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 7/10/2022]. https://lnkd.in/d6SE5kR3

STS 1800/2024: Refiere la doctrina fijada, entre otras, en sentencia 62/2022, de 26 de enero ( ROJ: STS 197/2022 - ECLI:ES:TS:2022:197), dictada en el recurso de casación 1155/2021, sobre la posibilidad de adopción administrativa de medidas restrictivas o limitativas de derechos fundamentales por razones sanitarias. https://lnkd.in/dsZDnHMX Una primera conclusión es que nuestra doctrina sobre las facultades jurisdiccionales de control de las medidas restrictivas o limitativas de derechos fundamentales adoptadas por razones sanitarias por las diferentes Administraciones, impone que los órganos judiciales que han de revisar la actuación administrativa comprueben, como primer elemento, la competencia objetiva del órgano administrativo que las acuerda, razón por la que ese vicio radical de legalidad ordinaria - nulidad de pleno Derecho ex artículo 52.1.b) de la Ley 39/2015-, de concurrir y en cuanto conlleva la deslegitimación del órgano que adopta la medida, debe ser considerado como causa suficiente de vulneración del derecho fundamental invocado, ello con independencia de que la medida se ajuste o no a los cánones de constitucionalidad que podemos denominar como ordinarios (idoneidad o adecuación, necesidad y proporcionalidad)… el objeto del proceso especial es valorar la conculcación de derechos fundamentales pero sin que ello impida examinar también las cuestiones de legalidad ordinaria que determinen tal conculcación. En segundo término, es necesario dejar sentado que la premisa esencial para la aplicación de la doctrina jurisprudencial que acabamos de reseñar es que nos encontremos realmente ante medidas administrativas que impliquen una vulneración de algún derecho fundamental. En el caso, “con la medida adoptada no se vulneraron esos derechos fundamentales. Con base en lo argumentado responde a las cuestiones de interés casacional objetivo planteadas en el auto de admisión diciendo que la libertad de circulación que consagra el artículo 19 de la Constitución se ve afectada por la adopción de medidas que limiten derechos fundamentales -en este caso, libertad de circulación-, cuando la sentencia constate una infracción del ordenamiento jurídico por razón de la falta de competencia del órgano autor de la actividad administrativa impugnada. La segunda cuestión según el ATS 13084/2023 era “(ii) determinar, en el ámbito del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales en el orden contencioso-administrativo, si apreciada la infracción del ordenamiento jurídico relativa a la competencia del órgano autor del acto administrativo o actividad administrativa impugnada, cabe deducir directamente de la misma la infracción de un derecho fundamental o, por el contrario, tal infracción requiere de motivacion.