Publicación de Edward Cortés García

Si concebimos la actual situación de esta manera, la institucionalidad política, autoridades, dirigentes y gremios de la sociedad civil, deberían volver a concertar como en tiempos idos. Plantear unidos una estrategia, no sólo de salvaguarda, sino también con actitudes simbólicas, medidas o leyes regionales creativas que, dentro del orden democrático, pongan en vilo al gobierno central, tales como ejecutar a plenitud las pocas competencias departamentales y municipales, que establecen la Constitución y las leyes, analizar jurídicamente el impago de recursos departamentales confiscados para costear competencias nacionales, etc. https://lnkd.in/eZarmR4q

El Poder Judicial y su valor político como chivo expiatorio (II). En materia penal -por ejemplo- esa labor de redactar sentencias, normalmente debe ser desarrollada por el juez fuera de su jornada laboral, ya que las propias cargas de trabajo lo obligan a permanecer casi todo el día en debate; pese a ello y al impacto considerable que esto supone respeto de un tiempo que debería ser dedicado a su obvio descanso, el juzgador no percibe remuneración adicional alguna por ello (pago de horas extra), debiendo sacrificar tiempo dedicado a compartir con su familia o a sus propios estudios en favor de la "mística" (renuncia a placeres mundanos) que se espera de él como juez. Tampoco parece importar mucho el evidente desgaste emocional experimentado por el juzgador a partir de la naturaleza de asuntos que está llamado a conocer (particularmente, tratándose de homicidios u otro tipo de hechos cometidos en perjuicio de menores de edad), o el riesgo para su integridad física o la de su familia que un fallo por él dictado podría suponerles, sentencias que ha de fundamentar a partir de un análisis objetivo de la prueba evacuada -dentro de los límites a él impuestos por la Constitución y las leyes- y no mediante prejuicios, sospechas o consideraciones de carácter meramente subjetivo, lo que se halla por completo vedado para él. Claro que en ese proceso, podría cometer errores, pero no existe a la fecha ninguna profesión exenta de ellos; calificar tales yerros como actos de corrupción (como es usual en el análisis sesgado realizado por ciertos medios de comunicación), y extraer a partir de ello consecuencias de valor general que resten legitimidad a la administración de justicia, constituye solo una de las muchas falacias de las que hemos sido víctimas en los últimos años; empobrecer a quienes administran justicia bajo el argumento de que son corruptos y se encuentran sobre-remunerados, es solo una de las múltiples estrategias empleadas por los políticos para debilitar la función de límite a la arbitrariedad que históricamente ha cumplido el Poder Judicial. Si usted no es capaz de apreciar el riesgo que para el Estado de Derecho supuso lo realizado por Carlos Alvarado Quesada y sus cómplices, no debería sorprenderle observar mañana que el régimen de sus libertades se encuentre significativamente debilitado o que usted esté siendo manipulado para aceptar como propio del interés general, lo que constituye en realidad solo la materialización de los intereses empresariales detrás del financiamiento de las diferentes campañas políticas. Si por el contrario, esto le resulta ya conocido, quizás sea solo porque esa es precisamente la realidad que vive nuestro país en este momento, una realidad que empeorará conforme continúen los ataques hacia el Poder Judicial y la amplia mayoría de personas honestas que prestan funciones en él.

Aunque parezca obvio decirlo los concejales no adscritos no siempre son transfugas. Y con esa visión creo que debería de interpretarse las limitaciones al mandato representativo de estos concejales. Aquí dejo una reflexión sobre este punto. https://lnkd.in/e4VFdNGR

La distinción entre lo legítimo y lo legal suele reflejar una tensión profunda entre el sentido de justicia social y las normas formales establecidas por el sistema jurídico. En sus definiciones; Legalidad: Se refiere al cumplimiento estricto de las normas y leyes establecidas. Legitimidad: alude a la percepción social de justicia, equidad y moralidad. Como afecta nuestra percepción y creencias a la hora de tomar decisiones. Que es lo correcto?

Hoy conmemoramos la Constitución del Estado Libre Asociado. Dodecaquésimo Aniversario. Celebramos el avance político logrado, y los poderes y derechos que establecimos para nosotros mismos en 1952. La Constitución reafirma realidades objetivas: 1) que los puertorriqueños somos un pueblo, una nación; 2) que conforme a nuestro derecho natural, tenemos el derecho e intención de existir, a expresarnos, a prosperar individual y colectivamente y a gobernarnos según dispongamos para nosotros, conforme a nuestra voluntad democrática; 3) que valoramos y consideramos como garantía de libertad y seguridad nuestra relación con Estados Unidos y la ciudadanía que nos vincula. Repasemos algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU: 1) combatir la desigualdad, la pobreza y el hambre, 2) promover la salud y el bienestar, 3) proveer educación de calidad, 5) promover la igualdad de género, 6) promover la industria e infraestructuras, incluyendo agua limpia, promover el trabajo decente y el crecimiento económico, entre otros. Nadie niega los enormes logros y avances puertorriqueños en todos estos objetivos; todos fundamentados en el uso correcto y responsable de los poderes del ELA del 1952; en el buen gobierno. Pero, como el árbol del bien y el mal, el poder es siempre un arma de doble filo. Y la misma autoridad política lograda bajo el ELA, la cual bien utilizada nos catapultó al progreso, hoy se ve mermada, y más aún, suspendida. Si hubiésemos cumplido las normas fiscales que nos autoimpusimos a través de nuestra Constitución, no estaríamos en la actual precariedad. Algunos de nuestros gobiernos lo han hecho mal y otros bien: cuando nuestros altos líderes electos solicitaron asistencia congresional para manejar las impagables deudas auto-incurridas, se logró algo extraordinario sin lo cual hoy estaríamos en caos: la paralización de litigios contra el ELA y el poder para reestructurar toda la deuda del estado, sus instrumentalidades y corporaciones; poder que ningún estado de EEUU ostenta y unos cuantos anhelan. Sin dinero y con una deuda opresiva, ningún gobierno puede existir, sea república, monarquía, estado, provincia o territorio. Pero ese remedio vino con los ingredientes de los boticarios radicales del Tea Party precursor del Trumpismo, amargando la receta, y de forma abusiva. Tras inevitable sacrificio y dolor, superaremos la suspensión de nuestro autogobierno que supone la JSF. Por ello, la única meta no es ‘salir de la Junta’: la meta real es establecer quienes somos y quienes queremos ser una vez la superemos. Qué haremos para no volver a ser vencidos por nuestros peores instintos miopes y populistas. Nada impide que bajo el ELA establezcamos normas estatutarias, y mejor aún, constitucionales, que impongan consecuencias inescapables contra quienes endeuden al estado antijurídicamente. Solo así podremos proteger nuestras conquistas democráticas de los vaivenes de nuestros instintos populistas.🇵🇷

Comparto un criterio de la red social X sobre la enmienda constitucional que se intenta realizar con la pregunta 2, respecto a los jueces especializados en materia constitucional. El enfoque es subsanar el fondo y no solo la forma. El análisis invita a la reflexión.

Ley 18.216 Esta ley tiene su origen en el principio de humanidad de las penas, el cual consiste en la prohibición de instrumentalizar al ser humano para efectos jurídicos y penales, ya que sus derechos fundamentales no pueden ser vulnerados bajo pretexto de promover la paz social. Este principio se desprende del artículo 1 de la Constitución política de la República y del inciso 2 del artículo quinto. La ley 18.216 establece un régimen de penas sustitutivas a la pena privativa de la libertad, permitiendo que el condenado haga frente a la sanción de manera humana y responsable. Esto no significa que sea un beneficio o impunidad; el objetivo es la reinserción social y su reintegración a la vida en sociedad.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Esa maquinaria compleja e inasequible ante la que indefensos agachamos la cabeza, esos chiringuitos mediante los que el Estado impone su fuerza. Los tentáculos del Estado llegan a todos los ámbitos de la sociedad, y blinda sus privilegios con la intervención de la agencia tributaria amenazando a las clases más pobres. Este estado que vulnera sistemáticamente Derechos Fundamentales recogidos en la Constitución, se permite el lujo de callarnos la boca con argumentos que siempre son legales aunque injustos, quien hace la ley hace la trampa. Es aburrido comprobar cómo los poderes públicos lejos de proteger, ahondan más en las desigualdades. Cómo los problemas de la gente de arriba, no tienen nada que ver con los problemas de la gente de abajo. Según Maslow y su pirámide, hay que satisfacer las necesidades más básicas de las personas (base), para que vayan desarrollando necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide). Una sociedad igualitaria no sería una pirámide, sería un cilindro giratorio.

Esta transformación de 4ta y su segundo piso, traen un relajo con las leyes. Ahora resulta que no basta con el 1 constitucional, los tratados internacionales y demás, ahora hicieron una ley de igualdad, cosa que no cumplirán, ya que en la actualidad las féminas tienen más privilegios legales en comparación con los hombres. Aunado a ello crearon la ley de Austeridad republicana, hazme el reverendo favor, ni la quiero leer y de seguro es una porquería. Otra, el Reglamento para Ambulantes, es posible eso?, violar el 1, 5, 9, 11, 13, 14, 31 constitucionales, por mencionar algunos, así como el código fiscal, ley de espacios públicos y no le sigo porque de verdad ni las jurisprudencias respetan, ya que muchas de #SCJN dicen "El no pago de impuestos es violatorio a los DH" pero claro como es de esperarse, sacaron este reglamento que es #INCONSTITUCIONAL y debería ser derogado en su totalidad, ya que esa actividad viola muchas leyes y la misma #constitución. A qué fabuloso #diputado y #senador se le ocurrió aprobar esta barrabasada, solo demuestra el nivel de ignorancia que tienen en las cámaras, claro! de seguro uno o varios son lideres de ese gremio o les dieron una muy buena APORTACIÓN VOLUNTARIA, para promulgarla. De verdad y ni le sigo diciendo las demás leyes nuevas, pura contradicción con otras y siguen las violaciones hasta de la misma constitución y de principios del derecho. No retrospección Progresividad Tus derechos llegan, hasta donde comienzan los derechos de los otros que igual no les diré todos los que se violan. Para que si se nota que ni atentos están a lo que hacen sus trabajadores en el gobierno. Bien lo decía AMLO, pan y circo eso les gusta Los adiestro como a los animalitos, se portan bien, premio, se portan mal castigo. Mientras más ignorantes, ,mas me sirven. Yo no quería creer todo esto, pero la cereza del pastel, las votaciones para jueces y magistrados, la tontería más grande, si con carrera judicial, no son capaces de impartir justicia adecuadamente, ahora imagínate, nada más porque el pueblo "culto y sabio" los elige. de verdad da risa esta sociedad y peor aun, cuando se violen más tus derechos, no quiero que inunden las redes sociales pidiendo #justicia misma que nunca llegara. La esperanza es la ultima que muere y se que algún día, se darán topes en la pared por permitir todo esto y más por aplaudirlo.

La incompatibilidad entre el derecho penal y los derechos humanos, no es insuperable, pero requiere un compromiso decidido por parte de los actores del sistema de justicia, para promover un equilibrio justo. La proteccion de la sociedad y la garantia de los derechos fundamentales, no deben ser objetivos mutuamente excluyentes, sino metas complementarias que refuercen el estado de derecho y la justicia social. A traves de una revision critica y reformas sostenibles, es posible construir un sistema penal que respete y promueva los derechos humanos, fortaleciendo asi la legitimidad y la eficacia de nuestras instituciones juridicas.