Publicación de Genaibis Valero

Las Sanciones Tributarias en Ecuador La sanción representa la medida derivada de la acción u omisión que infringe el ordenamiento jurídico y que recae en quien le es atribuida, con efectos preventivos o represivos. En el terreno tributario, la sanción representa la consecuencia prevista por el ordenamiento en los casos de comisión de un ilícito tipificado como infracción, diríase también en casos omisivos; apreciación en sentido acotado que permite diferenciarla de aquella que pueda entendérsela como toda consecuencia desfavorable ligada al incumplimiento de una norma que, por lo mismo, comprendería no solo a las sanciones derivadas de infracciones sino a todas las consecuencias que afloran por cualquier incumplimiento normativo, no necesariamente atribuibles a infracción, como es el caso de los intereses moratorios o recargos. Ciertamente que le incumplimiento de las obligaciones principales o accesorias que fluyen en le marco de la relación jurídico tributaria ocasionan el establecimiento de sanciones, que, si bien, se las identifica como de carácter administrativo, puede pensarse por su naturaleza, generalmente pecuniaria, que se estaría mas bien ante una indemnización civil. La sanción tributaria, acorde con su connotación punitiva, comporta la restricción o privación de derechos, o, de manera general, consecuencias que agravan la situación del sujeto infractor, expresadas no solo en penas pecuniarias, como el caso de las multas, sino también en medidas de carácter real, de suspensión del ejercicio de actividades y hasta de penas privativas de la libertad.

⏳ El Tribunal Supremo recuerda a #Hacienda que está obligada a regularizar las declaraciones de los #impuestos que favorecen a los negocios en el marco de una inspección, aunque el ejercicio esté ya prescrito. Así lo ha dictado la Sala de lo Contencioso en una reciente #sentencia en la que recuerda a la Agencia Tributaria la importancia y obligación de aplicar el principio de #regularización íntegra cuando corrige las declaraciones de los contribuyentes.

es una buena indicación: no sólo sancione, no sólo multe, también si de algo vale la inspección es para que ASESORE al obligado tributario para que pueda no caer en futuras irregularidades, parece que esta última parte podría venir de la sola aplicación del supuesto de hecho de la infracción, pero sería deseable que la propia inspección- interesada en actuar lo menos posible- indicara más y mejor, las opciones del administrado para evitar sanciones y regularizará correctamente el negocio para que siga siendo un sujeto tributario más, que es lo que le interesa al Estado

¿Retroactividad cuando se habla de tributos? El Tribunal fiscal aclara aplicación. El reciente precedente vinculante emitido por el Tribunal Fiscal en Perú sobre la retroactividad de las sanciones tributarias ha encendido nuevamente el debate sobre la estabilidad del sistema fiscal en el país. En su pronunciamiento, el Tribunal aclaró que la retroactividad benigna, ampliamente utilizada en el derecho penal, no es aplicable en materia tributaria. Este fallo, que surge en un contexto de creciente confusión sobre el alcance de este principio, ha sido aplaudido por diversos sectores, pero aún deja interrogantes sobre la coherencia del sistema judicial en su conjunto. El principio de no retroactividad está claramente consagrado en el Código Tributario y en la Constitución Política del Perú. El artículo 74 de la Constitución establece que las normas tributarias no pueden aplicarse retroactivamente en perjuicio de los contribuyentes, lo cual protege a los ciudadanos de ser sancionados por hechos ocurridos bajo normativas distintas. Sin embargo, en la práctica, el Poder Judicial ha permitido en varias ocasiones la aplicación de sanciones tributarias retroactivas, generando un clima de incertidumbre jurídica. Esta dualidad de interpretaciones crea una desconexión entre las instituciones que debería corregirse para brindar mayor certeza a los contribuyentes. El impacto negativo de esta retroactividad, incluso en su forma benigna, es indiscutible. Las compañías diseñan sus estrategias basadas en un marco normativo vigente y estable. Cuando las reglas del juego cambian de manera retrospectiva, estas decisiones se ven alteradas, lo que genera una pérdida de confianza en el sistema y un desincentivo para la inversión. Este es un punto crucial, ya que la estabilidad del marco legal es uno de los factores clave que las empresas evalúan antes de decidir si invertir o expandirse en un país. El fallo del Tribunal Fiscal busca corregir esta distorsión. Al establecer que la retroactividad no debe aplicarse en sanciones tributarias, se intenta preservar los principios de seguridad jurídica y equidad que son esenciales en un sistema fiscal moderno. Sin embargo, la realidad es que mientras el Poder Judicial siga permitiendo excepciones, la incertidumbre prevalecerá. Las decisiones judiciales que avalan la retroactividad crean una percepción de arbitrariedad y falta de predictibilidad, que afectan negativamente tanto a las empresas nacionales como a los inversionistas extranjeros. El costo de esta incertidumbre es alto: afecta la estabilidad económica y debilita el tejido empresarial, lo que a largo plazo puede ralentizar el desarrollo económico del país. Es fundamental que las instituciones del Estado se alineen en la interpretación de los principios tributarios. https://lnkd.in/eHTm-Wyz

El descollante abogado tributarista, Julio César Casma Rocha, nos explica que la Administración Pública posee potestades que deben ser utilizadas en aras de lograr el objetivo de protección del interés general y garantizando siempre los derechos fundamentales de los administrados. Dentro de estas potestades encontramos la de sancionar, expresión del ius puniendi estatal, y que será activada ante la comisión de infracciones administrativas por parte de sujetos determinados. La potestad de sancionar requiere ser ejercida en el marco de un procedimiento legal que otorgue a los administrados las garantías de defensa suficientes para hacer frente a la imposición de una sanción. Sin embargo, la actual regulación tributaria se aparta del referido razonamiento: la imposición de sanciones tributarias a los contribuyentes infractores se produce en el marco del procedimiento de fiscalización. Es decir, la actividad de fiscalización de la Administración Tributaria concluirá no sólo con la Resolución de Determinación, sino también con una Resolución de Multa. Esta regulación es producto de una evidente confusión entre la potestad de fiscalizar y la potestad de sancionar de la Administración, cuyas actuaciones requieren estar debidamente separadas. Asimismo, con ello se genera una grave afectación al derecho de defensa de los contribuyentes, quienes no podrán defenderse de forma adecuada frente a la imposición de una sanción tributaria. #sancióntributaria #derechodedefensadeloscontribuyentes #procedimientoadministrativotributario #fiscalizacióntributaria #potestadsancionadora #resolucióndeterminación #multatributaria #SUNAT #derechotributario #derechoadministrativo #pagodeimpuestos #derechodedefensadelosadministrados #procedimientoadministrativosancionador

Con motivo de la reseña, recomparto un artículo en el que propongo separar las actividades fiscalizadora y sancionadora de la SUNAT. Hoy en día el procedimiento de fiscalización tributaria culmina no solo con una Resolución de Determinación, sino también con una Resolución de Multa. Considero que esta actual regulación afecta principios aplicativos del Ius puniendi y derechos del contribuyente como la defensa. Espero sea de su agrado. https://lnkd.in/eWA26-XD

🌟⚖️ ¿Sabías que el Tribunal Supremo ha admitido un caso crucial sobre la valoración en la imposición de sanciones tributarias? 📜🔍 Hoy comparto con vosotros un auto de admisión del Tribunal Supremo, sobre la valoración en la imposición de sanciones tributarias. Esta decisión se centra en cómo deben gestionarse las discrepancias entre los inspectores y los coordinadores en la imposición de sanciones. 📑⚖️ 🔎 Detalles del Auto de Admisión: La entidad interpuso un recurso de casación contra la sentencia, que confirmó la resolución apelada. La sentencia estableció que, tras valorar los hechos, se produjo una operación vinculada no valorada a precio de mercado entre independientes, según entendió la inspección. También consideró correcta la valoración realizada en la regularización, utilizando como comparable interno los honorarios por servicios similares. Respecto a las sanciones, se confirmó su adecuación a derecho debido a la presencia de elementos objetivos y subjetivos, y se consideró suficiente la motivación del acuerdo sancionador, a pesar de que el inspector actuario no apreciase indicios de infracción tributaria en el acta, criterio que sí compartió el inspector coordinador que dictó las sanciones. 📄🔎 📊 Fundamentos Jurídicos y Análisis del Tribunal Supremo: El Tribunal Supremo abordará varias cuestiones clave en este caso: 📄 Cuestión de Culpabilidad y Motivación: Relevancia del Actuario: El recurso examinará si la opinión del actuario, que no aprecia indicios de infracción, debe ser decisiva o si el inspector coordinador puede imponer sanciones contradictorias con esta opinión. Motivación Reforzada: Se debatirá si el inspector coordinador debe proporcionar una motivación reforzada al imponer una sanción contraria a la opinión del actuario, especialmente para mantener la presunción de inocencia del contribuyente. 🕵️♂️⚖️ 📜 la Interpretación de las siguientes Normas: Artículos 153, 179 y 183 de la Ley General Tributaria: Estas disposiciones serán cruciales para determinar la correcta aplicación de las sanciones y la valoración de la culpabilidad en casos de discrepancia entre funcionarios de la administración tributaria. 📜📈 📝 Conclusión: Desde mi punto de vista, esta decisión del Tribunal Supremo es esencial para clarificar el procedimiento y asegurar que las sanciones tributarias se apliquen de manera justa y fundamentada. 🔍📚 Si te interesan mis posts y no quieres perderte ninguno, sigue el hashtag #RaulTaxTalks. 🔗 #TribunalSupremo #Fiscalidad #OperacionesVinculadas #SancionesTributarias 🌐💼

De los errores más comunes que comete la Administración tributaria al emitir una decisión ⬇ En el ámbito de las fiscalizaciones sobre el cumplimiento de la normativa tributaria, se ha establecido que la Administración tributaria debe justificar las objeciones a deducciones de costos y gastos. Sin embargo, muchas de las resoluciones emitidas por la Administración tributaria citan precedentes de resoluciones del tribunal administrativo superior o de la jurisdicción contencioso-administrativa sin aplicar adecuadamente esos fundamentos al caso específico. Por lo tanto, es común que, en la defensa de los casos de nuestros clientes, nos encontremos con criterios que no se ajustan a las objeciones planteadas, sino que presentan solo una relación distante con la realidad del caso en estudio. Conocer y estudiar los precedentes citados por la Administración tributaria es fundamental para determinar si el fundamento ha sido debidamente aplicado, lo cual puede servir como base para denunciar su ilegalidad. La especialización en la materia es clave para una defensa efectiva ✒ . #TaxandLegal #GrantThornton

¿Es posible aportar documentos una vez concluido el plazo de alegaciones? La controversia sobre la admisión de pruebas en procesos tributarios concluye con el Tribunal Supremo permitiendo la presentación de nuevos documentos, según la sentencia ya aplicada por Hacienda. #Tributación #ProcesoTributario #ControversiaTributaria #PruebasTributarias #DerechoTributario #HaciendaPública #SentenciaTributaria #TEAC #TribunalSupremo #Contribuyentes #DocumentaciónTributaria Leer más... 👇🏻👇🏻

Ahora bien, en la RTF N° 08829-9-2024 el Tribunal Fiscal motiva de manera insuficiente que no existe retroactividad benigna en el Perú para las sanciones tributarias, no comparto esa posición y la fundamento en la doctrina del Tribunal Constitucional Español que ha establecido que ciertos principios del derecho penal son aplicable con ciertos matices al derecho administrativo sancionador. A mayor abundamiento la Corte Suprema en la Casación Nº 2448-2014 Lima y la Casación N° 1728-2023-Lima, interpretando el artículo 168° del CT estableció la siguiente doctrina jurisprudencial “ Las sanciones por infracciones en trámite, son aquellas que han sido imputadas al administrado mediante la notificación de los valores y que se encuentran pendientes de resolución definitiva o de absolución de la impugnación realizada; mientras que las sanciones por infracciones en ejecución, son aquellas que se encuentren en la etapa de cobranza coactiva, en caso se tratase de una sanción pecuniaria". Por lo que si existe retroactividad benigna en el Perú, pero para aquellas infracciones que no se encuentren en trámite o en ejecución. Sin embargo, el Tribunal Fiscal sin motivar las razones del apartamiento de la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, ha producido la siguiente regla vinculante "No procede aplicar retroactivamente la modificación introducida al numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario por el Decreto Legislativo Nº 1311 a infracciones cometidas antes de su entrada en vigencia", criterio jurisprudencial que no vincula al Poder Judicial y que puede ser cuestionado a través de una DCA por las grandes empresas, pero el pequeño contribuyente tendría que soportar una decisión administrativa totalmente incompatible con la doctrina de la máxima instancia judicial del Perú. Por lo tanto, de una interpretación histórica y teleológica del artículo 103° de la Constitución la retroactividad benigna se debe extender a la sanciones administrativas como en la actualidad lo prescribe el artículo 247° numeral 5 del TUO de la LPAG, no existiendo una justificación constitucionalmente válida para el trato diferenciado en materia tributaria. Indudablemente ésta RTF es sustancia material para mi tesis de abogado "El principio de retroactividad benigna y su aplicación en las sanciones tributarias con ciertos matices en el Perú".