Publicación de ICJCE Auditores Andalucía Occidental (AT7)

🔍📜 ¡Análisis de la Iniciativa de Ley de Competencia! 🔍📜 La iniciativa 5074 para crear la Ley de Competencia está en el punto de mira del Congreso. No es la primera vez que se debate sobre este tema, pero esta propuesta en particular ha generado un interesante debate en diversos sectores y grupos interesados. 💼💬 Esta iniciativa aborda aspectos fundamentales que una ley de competencia debe regular para evitar el abuso de posiciones dominantes en el mercado. Se destacan: -Prácticas anticompetitivas (absolutas y relativas) -Las concentraciones y otros puntos críticos que deben ser considerados. ⚖️📊 Es importante reconocer que, si bien Guatemala no cuenta con una ley específica de competencia, la regulación en este ámbito está presente en diversos cuerpos legales, conforme lo establece nuestra Constitución en su artículo 130. 📜🌐 Al profundizar en la propuesta, surgen aspectos que requieren mejora: 🔹 Superintendencia de Competencia: Se regula de forma muy extensa, temas que pudieron regularse en un reglamento. Además, le otorga demasiadas facultades, lo que plantea dudas sobre la conveniencia de tener un organismo autónomo con tantas atribuciones. 🔹 Juez y Parte: La Superintendencia realiza las disposiciones normativas, directrices, guías, lineamientos, criterios técnicos, al mismo tiempo también, acusa, investiga y condena. En otros modelos, la autoridad de competencia investiga, pero presentar todo a un tribunal especializado quien conoce y resuelve. 🔹 Exceso de funciones del Directorio: dentro del proceso administrativo solo debería limitarse a conocer impugnaciones de actuaciones de la entidad y no a actuar durante el proceso. 🔹 Antejuicio: Otorgar derecho de antejuicio al superintendente, directorio y funcionarios puede resultar en incentivos negativos, dada la experiencia previa. 🔹 Financiamiento de la institución: Recibir aportes de entidades privadas e ingresos por multas puede generar conflictos de interés. 🔹 Concentraciones: La falta de claridad en la regulación de concentraciones y plantea interrogantes sobre su efectividad. A pesar de estos aspectos, la iniciativa también presenta puntos positivos: 🔸 Examen de oposición para directores: Un cambio que promueve la meritocracia en los cargos gubernamentales. 🔸 Transparencia en las reuniones: La obligatoriedad de convocar a todos los directores y mantener registros de las reuniones promueve la transparencia y la rendición de cuentas. 🔸 Rendición de cuentas ante el Congreso: La obligación de comparecer anualmente ante el Congreso para dar cuenta de la gestión garantiza un mayor escrutinio público. En resumen, la Iniciativa de Ley de Competencia plantea desafíos y oportunidades que deben ser cuidadosamente evaluados para garantizar su efectividad y beneficio para la economía y la sociedad en general. 🤔💡 #guatemala #comercio #Economia

SE APRUEBA EN EL CONGRESO LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL PODER EJECUTIVO PARA LEGISLAR EN MATERIA SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ENTRE OTRAS COSAS El Poder Ejecutivo solicito una delegación de facultades para legislar mediante el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, "Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional" Varias de las materias solicitadas fueron suprimidas, entre ellas el pedido en materia de simplificación y calidad regulatoria que buscaba la modificación del Decreto Legislativo N° 1565 , Ley General de Mejora de Calidad Regulatoria. Al respecto, la Comisión de Constitución y Reglamento consideró que no seria viable la delegación de facultades en esas materias debido a que ya se encontraban varios proyectos de ley en trámite relacionados a dichos temas. Hace poco más de un año que se promulgo el Decreto Legislativo N° 1565, y esta solicitud no deberia tomarse como un intento de corregir errores, subsanar omisiones o aclarar situaciones no previstas en su momento. A pesar de que pueda haber el ideal de que una norma no tenga errores o que sea completa en el tratamiento de la problematica que se busca solucionar; la realidad es que ninguna ley es perfecta o absolutamente completa, ya que es producto de un proceso intelectual que intenta comprender todas las situaciones en reglas que sean lo mas sencillo posibles y llegar a eso es imposible. Por otra parte, la dinámica de los procesos de elaboración de normas jurídicas tiende a aumentar su caudal, en todos los países sin excepción, que algunos denominan como sobreregulacion. Asimismo, el espiritu de los procesos de mejora continua, son aplicables a esta labor legislativa: Toda norma puede ser mejorada. Esta vez el Poder Ejecutivo se quedo con las ganas de poder modificar el D. Leg. N° 1565, pero quedan abiertos los caminos para que puedan darse las modificaciones que estime necerias en los proyectos de ley que se encuentran en tramite en el Congreso, que eventualmente serán objeto de una acumulación, o de la presentación de un proyecto de ley que busque las modificaciones deseadas. Finalmente, se sugiere que la denominación de la ley y el artículo primero sean modificados debido a que especificamente ya no comprendera las materias de simplificación y calidad regulatoria, acaso para evitar que se piense que esta delegación se ocupa de dichos temas, como en un principio paso por mi mente. Link del texto aprobado: https://lnkd.in/texto y 6 12

💡Los 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗯𝘂𝗲𝗻𝗮 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 constituyen reglas de actuación de obligado cumplimiento para las autoridades públicas en el desarrollo de su actividad regulatoria, tanto cuando la misma se refiere a la tramitación y aprobación de proyectos de ley, como cuando se trata de la 𝘢𝑝𝘳𝘰𝘣𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘥𝘦 𝘥𝘪𝘴𝑝𝘰𝘴𝘪𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘤𝘢𝘳𝘢́𝘤𝘵𝘦𝘳 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘭. ➡Siendo así, el control de su cumplimiento efectivo cuando se trata de disposiciones de carácter general corresponde al Tribunal Supremo en los términos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. ➡En consecuencia, la indebida aplicación de dichos principios durante el proceso de aprobación de la norma reglamentaria de que se trate puede conllevar la anulación de dicha norma. En este sentido se ha manifestado una vez más el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia 1097/2024, del 20 de junio de 2024, en la que declara la anulación del Real Decreto 1012/2022, por el que se establecía la nueva estructura de la Abogacía General del Estado, debido a que durante la tramitación del mismo se omitió la consulta al Consejo de Estado, así como otros informes preceptivos. ➡En esta sentencia, el tribunal afirma: "𝘈𝘥𝘦𝘮𝘢́𝘴, 𝘴𝘪𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘭𝘢 𝑝𝘰𝘵𝘦𝘴𝘵𝘢𝘥 𝘳𝘦𝘨𝘭𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘎𝘰𝘣𝘪𝘦𝘳𝘯𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘦 𝘴𝘶𝘴 𝘮𝘢́𝘴 𝘳𝘦𝘭𝘦𝘷𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 𝑝𝘳𝘦𝘳𝘳𝘰𝘨𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢𝘴, 𝘦𝘭 𝘮𝘰𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘦 𝘭𝘭𝘦𝘷𝘢 𝘢 𝘤𝘢𝘣𝘰 𝘭𝘢 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘎𝘰𝘣𝘪𝘦𝘳𝘯𝘰 𝘵𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘶𝘯 𝘪𝘮𝑝𝘢𝘤𝘵𝘰 𝘪𝘯𝘥𝘶𝘥𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘦𝘯 𝘭𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘥𝘦𝘯𝘰𝘮𝘪𝘯𝘢𝘮𝘰𝘴 𝙗𝙪𝙚𝙣𝙖 𝙧𝙚𝙜𝙪𝙡𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙦𝙪𝙚 𝙚𝙨 𝙪𝙣𝙖 𝙢𝙖𝙣𝙞𝙛𝙚𝙨𝙩𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚𝙡 𝙗𝙪𝙚𝙣 𝙜𝙤𝙗𝙞𝙚𝙧𝙣𝙤. 𝘌𝘴𝘦 𝑝𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝑝𝘪𝘰 𝘥𝘦 𝘣𝘶𝘦𝘯𝘢 𝘳𝘦𝘨𝘶𝘭𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘦𝘴𝘵𝘢́ 𝘩𝘰𝘺 𝑝𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘪𝘻𝘢𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘯𝘶𝘦𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘰𝘳𝘥𝘦𝘯𝘢𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘫𝘶𝘳í𝘥𝘪𝘤𝘰 𝘢𝘭 𝘩𝘢𝘣𝘦𝘳𝘴𝘦 𝘪𝘯𝘤𝘰𝘳𝑝𝘰𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘢𝘳𝘵. 129 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘺 39/2015, 𝘥𝘦𝘭 𝘗𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘪𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘈𝘥𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘊𝘰𝘮𝘶́𝘯, 𝘴𝘪𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘦 𝘴𝘶𝘴 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘧𝘦𝘴𝘵𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘭𝘢 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘳𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘫𝘶𝘳í𝘥𝘪𝘤𝘢." ⭐La efectividad de los principios de buena regulación durante el proceso de elaboración de disposiciones de carácter general –y sería deseable que también para los proyectos de ley– constituye la 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁í𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗶𝘀𝗲ñ𝗼 𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗼𝘀 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 y, por tanto, de la 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲́𝘀 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 y de la 𝗱𝗶𝗻𝗮𝗺𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼́𝗺𝗶𝗰𝗮. #SmartAdvocacy #SmarterRegulation 🦍 https://lnkd.in/ddwYpQTE.

En base al dictamen 362-19 emitido por la DT con fecha 07 de junio, en donde se establece el alcance general de la ley para su implementación, debemos recordar que aún está pendiente la dictacion del reglamento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que contiene las directrices para la investigación.

En el entendimiento que las distintas perspectivas enriquecen la mirada, nos encontramos debatiendo con distintos colegas sobre los cambios más relevantes que trae la Ley Bases a nuestra profesión y los negocios de nuestros clientes. En este caso, el Dr. Alfredo José Castañón, especialista en Derecho Comercial y Corporativo (con quien colaboramos en muchas oportunidades en casos interdisciplinarios complejos), preparó el siguiente memo sobre los temas e innovaciones más relevantes que trae la nueva norma. Los invitamos a leer el memo completo: https://bit.ly/4feLMpV #LeyBases #ReformaLaboral #DerechoComercial

Hace algunas semanas realizamos el análisis del decreto ejecutivo número 44.390-H que entre otras cosas prohibió el uso de poderes especiales para la presentación de la declaración sobre beneficiarios finales correspondiente al 2024. El día viernes 19 de abril del presente, se acoge una medida cautelar presentada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en la cual el Tribunal Contencioso Administrativo, suspende, de forma provisional, la prohibición de utilizar la figura del poder especial, regulado en el 1256 del Código Civil y 283 de la Ley General de la Administración Pública para mediante esta figura, poder realizar la presentación de la declaración de beneficiarios finales del periodo 2024, misma que deberá ser presentada en el mes de Julio próximo. Para el Tribunal, la prohibición en el uso de la figura del mandato especial podría contradecir una norma de orden legislativo (Código Civil) por medio de una norma de carácter reglamentario, como lo es un decreto ejecutivo, hecho que por sí solo podría ocasionar un problema de aplicación jerárquico de las normas, dando como resultado un grave daño a los administrados. Por lo anteriormente dicho, se ordena suspender el párrafo tercero del artículo 5 del decreto ejecutivo número 44.390-H Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, por lo que, caso de requerir realizar la declaración de beneficiarios finales, mientras dure la suspensión, se entenderán aplicables las normas que al efecto establece el ordenamiento jurídico (incluyendo el poder especial regulado en el 1256 del Código Civil) Aclara la resolución que la suspensión se mantendrá vigente hasta se tengan mayores elementos de juicio para resolver definitivamente y no de manera provisional la solicitud cautelar realizada por el Colegio Profesional. En conclusión, a partir de la resolución antes indicada se abre nuevamente la posibilidad de presentación de la obligación para las personas jurídicas por medio del mandato especial, quedando a la espera de una resolución final sobre el particular en las próximas semanas. Somos Baker Tilly Costa Rica, su aliado estratégico local e internacional. Para recibir asesoría, contáctenos: +506 4000 0354 #WeAreBakerTilly #PreciosdeTransferencia #marketing #distribucion #avances #Auditoría #Outsourcingcontable #TransformaciónDigital #Sostenibilidad #RecursosHumanos #CorporateFinance #Impuestos #PreciosdeTransferencia #ConsultoríaLegal #Capacitación #HumanConsulting #GRCConsulting #CostaRica2024

“En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.” ¿Cumple el legislador con los llamados principios de buena regulación? 🤔 Lo analizamos en @NoSoloAytos:

Sujeción a los efectos vinculantes de las Consultas. Sostiene la recurrente -y en ello basa parte de su #recurso-, que la #Sala de lo #Contencioso-Administrativo de la #AN, rechazó de forma consciente y deliberada el aplicar, en la #sentencia dictada, los #criterios fijados en las #Consultas invocadas como vinculantes para la #AEAT. Puede leer el artículo completo, aquí https://lnkd.in/dh2ha-6Q

¿Qué valoración personal le darías a la nueva normativa? Eladio Pascual Pedreño respondió a esta y otras preguntas, tras su brillante exposición en el V Encuentro de Expertos Contables y Tributarios.

#revisiondeoficio #plusvalias La importancia de redacción de los fallos de las sentencias se multiplica en el caso de las sentencias de inconstitucionalidad, como las SSTC 59/2017 y 182/2021. La STS 339/2024 (ECLI:ES:TS:2024:941) abre la puerta a solicitar revisiones de oficio de liquidaciones firmes del IIVTNU. La STS 364/2024 (ECLI:ES:TS:2024:1269) abre la puerta a solicitar responsabilidad del Estado legislador. Los Consejos Consultivos mantenían distintas posturas (vgr. Dictamen CJA Cataluña 295/2023 frente CC Castilla y León 41/2023, CC Andalucía 336/2023, o CJC Valencia 294/2023). El CJ de la Región de Murcia se ha pronunciado recientemente en sus Dictámenes 159 a 164/2024. El CC Castilla y León en el D.271/2024. El CC del Principado de Asturias ha devuelto una consulta similar en el D.57/2024. La cuestión está, o estará sobre la mesa de muchos municipios. El CC de La Rioja ya tiene una consulta sobre el particular.   𝗕𝘂𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗮𝗻𝗼. 𝗘𝗹 𝗖𝗖𝗥 𝗿𝗲𝘁𝗼𝗺𝗮𝗿á 𝗹𝗮𝘀 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗽𝘁𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲.