Publicación de Jorge Javier Romero Vadillo

Es vergonzoso que el INDH mine la democracia chilena y al gobierno de P Boric que - pese a incluir muchos ministros PC, y en puestos de mucha importancia - algo de pluralismo le queda. Veamos. Educación, Previsión hacen lo posible por continuar destruyendo el futuro de Chile, pero curiosamente la economía y gob interior algo de sensatez aún les queda, y quizás al propio Sr Boric, que en dos años ha tenido que aprender real politiks en un mundo ultra moderno, donde el sentido común se resiste a desaparecer, porque sencillamente es el verdadero motor de la modernidad. Las ideologías hoy comienzan a ser un estorbo y el PC chileno como ejemplo, quiere ayudar a mantener viva la revolución cubana mendigando donaciones para el régimen! ( y no los desesperados cubanos). patético! En la democracia chilena no hay abusos sistemáticos de violaciones a DDHH, sino solo en la justicia paralela creada inconstitucionalmente para seguir procesando chilenos en edad de jubilar o ancianos, y hoy sostenida por el INDH abusando del Poder Judicial chileno y un sistema interamericano de protección de DDHH en concomitancia con el primero. Chile es soberano. Es responsabilidad del Pte de turno, de entregar la banda presidencial sin romper la dedocracia chilena.

Resulta determinante esta distinción en los momentos actuales de la historia de España. La violencia con la que se ha alterado la legalidad vigente para favorecer a unas u otras opciones políticas, y a sus patrocinadores, resulta evidente y obscena. Las impúdicas modificaciones a medida de los intereses particulares no son un secreto. Se pretende imponer el relato de que es normal que se transgreda la legalidad sin consecuencias para favorecer a determinados ciudadanos. Eso es una afrenta a la legitimidad del propio Estado.

Las leyes son la expresión de la sociedad en la que se producen. De hecho, sus representantes legislan para que esas pautas den respuesta a las necesidades de las personas. Al menos en democracia. Una ley jamás puede imponerse a la voluntad popular. Es decir que, por el contrario, deben convertirse en las reglas que acompañen al marco social en su evolución histórica. Por tanto, una ley no es inalterable. Siempre debe abrirse a la idea de ser una pauta inacabada. En desarrollo. Un instrumento para el perfeccionamiento de los individuos. En cambio, si las leyes sólo atienden a intereses particulares por encima de los generales, estamos en presencia de una cuestión de legitimidad. El derecho de la minoría debe protegerse, pero no a costa del perjuicio de las mayorías. Mucho menos, cuando entonces no representa ni resuelve las necesidades de las personas en su conjunto. No atender al interés general sería una legalidad ilegítima. En este sentido, cuando el poder legítimamente obtenido violenta posteriormente las leyes pierde, automáticamente, legitimidad. https://lnkd.in/dZuHgZPQ

EL TRANSFUGUISMO POLÍTICO: UN CÁNCER PARA LA DEMOCRACIA En lo que va de este periodo parlamentario 2021-2024, 46 congresistas han abandonado su grupo parlamentario o han sido expulsados, mientras que 28 se han unido a una bancada distinta o han formado nuevos grupos parlamentarios. El transfuguismo político, entendido como el cambio de afiliación partidaria de un congresista por motivos ajenos al bien común, se ha convertido en una práctica lamentablemente institucionalizada en el Congreso peruano. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la Ley Anti-Transfuguismo aprobada por el Congreso ha abierto la puerta a este tipo de conductas desleales que vulneran la voluntad popular expresada en las urnas. El transfuguismo constituye una grave falta ética y política, ya que hace prevalecer intereses personales por encima del mandato otorgado por los electores. Un congresista que cambia de bancada traiciona la confianza depositada en él por los ciudadanos que votaron por su partido y programa político. Esta conducta desleal falsea la representación parlamentaria y genera un divorcio entre las expectativas de los representados y la actuación de los representantes. Más allá de las implicaciones éticas, el transfuguismo también tiene consecuencias jurídicas y políticas. A nivel constitucional, vulnera principios fundamentales como la proporcionalidad en la representación parlamentaria y la lucha contra la corrupción. Desde el punto de vista penal, en casos de beneficios económicos, puede configurar delitos como el cohecho pasivo propio o el enriquecimiento ilícito, al entenderse que el congresista "vende" su pertenencia a un partido político. Los representantes parlamentarios tienen un doble mandato: uno legal, derivado de su cargo, y otro ideológico, vinculado a la convicción política que representan como miembros de un partido. Al cambiar de bancada, el congresista tránsfuga no solo incumple su mandato legal, sino que también traiciona la confianza depositada en él por los electores que votaron por su agrupación política y programa electoral. El transfuguismo político es un cáncer que corroe la democracia desde adentro. Socava la confianza de los ciudadanos en sus representantes, distorsiona la voluntad popular y abre la puerta a la corrupción. Es responsabilidad de todos los actores políticos y sociales combatir este flagelo y recuperar la integridad del sistema democrático. Solo así podremos construir una democracia sólida, transparente y al servicio de los intereses de la ciudadanía.

Los artículos escritos en digitales que permiten hacer comentarios, algunos de esos comentarios son tan perniciosos con el resto de las redes sociales mal utilizadas. Raro es el comentario que no plantea el dilema entre Monarquía y República. Para muestra este botón: “ Para empezar nadie menor de 64 años lo eligió, Para seguir han pasado ya más de 40 años, hora de ir planteándose ciertas cosas. Para seguir un poco más, en 1978 la mayoría hubiera firmado lo que hubieran puesto dado el estado de ignorancia democrática en el que vivía la población. Así que si vamos por ahí, la constitución no está escrita en piedra.”. Hay algunos que vivimos aquellos momentos aunque no pudiéramos votar la Constitución. En 1978 la población no vivía en la ignorancia política, vivía en el miedo de que volviera otra vez la izquierda con su “sentido de la democracia”. Que siguiera el franquismo sin Franco. Para evitar este gran problema surgió, o mejor, hubo que crear un partido, compuesto por otra pléyade de partidos, la UCD, para sacar adelante un proyecto de consenso y pasar página sin necesidad de volver al pasado. Lo bueno que tiene ser un país republicano es que puedes elegir a un Presidente, impresentable y destructivo como el contador de nubes, Rodríguez Zapatero. Un Dominus et Deus, narcisista, ególatra, petulante como el Imperator Caesar como  Petrus Flintstone. Un blanquead terrorista. Un sublime separatista que está por encima del bien y del mal, venido de una patria superior al resto del estado al que tiene que representar. Existen tres clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe, y saber lo que no debiera saberse. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona.

LA DESPRESTIGIADA, REPUDIADA EINSOSTENIBLE REPRESENTACIÓN PUBLICA EN ESPAÑA. Es hora de que los españoles no nos quedemos con el chocolate del loro que nos van soltando los medios de comunicación del régimen para que pensemos que, poco a poco, se va haciendo justicia. No hay justicia, cuando los imputados terminan siendo exonerados de sus responsabilidades, cuando los aforados no llegan a imputados, cuando los condenados son indultados. Cuando hay una justicia dependiente y acotada por el poder político, para zaherirse de sus responsabilidades. Eso convierte a este país en un engendro político sin democracia posible. Es hora de que las cosas cambien para siempre en este país, y para ello sólo tenemos que unirnos los españoles en una estrategia común, acabar con la REPRESENTACIÓN en el poder, es hora de hacer un estatuto del representante público, sea institucional, político, sindical o administrativo y también un estatuto del representado, ambos estatutos deben regular la relación en la vida pública en España a partir de ahora, y hacerlo de forma inmediata, antes que las cucarachas que ocupan las estructuras de las instituciones públicas acaben con ellas. Es hora de desparasitar a España de estos infectos parásitos que es la casta política española. Se acaba su tiempo, cuando hay un corrupto en un partido o sindicato, organización empresarial o no gubernamental, estas instituciones deben ser apartadas cautelarmente de su participación en la vida pública, hasta que sea aclarada su participación colectiva. No es de recibo que sigamos tragándonos el cuento que nos quieren contar, que los corruptos son casos puntuales, porque si es así, su partido o sindicato lo ha permitido, consentido, y tapado. La ISOCRACIA de los antiguos griegos consistía en la igualdad entre gobernantes y gobernados, sin este principio esencial de la representación no puede existir democracia, y sin democracia todo es degradación, oscurantismo, corrupción, despotismo y tiranía. De esto son responsables los partidos políticos, sindicatos y organizaciones representativas públicas en España y de eso deben dar explicaciones. Es su obligación y es nuestro derecho. Lo público no puede ser un antro de corrupción, precisamente los que defienden lo público en estas condiciones de podredumbre, sin depurar sus propias responsabilidades, son sus principales enemigos. Además esta casta política se ha ido degradando de tal forma en llegar a establecer de pleno derecho la KAKISTOCRACIA (el gobierno de los peores), pero de los peores capacitados para la gobernanza del bien común, y bien capacitados para la usurpación, la pillería, la estafa, la granujería y la picaresca dolosa elevada a la enésima potencia. Si queremos salvar las instituciones representativas en España es hora de desparasitarlas y de exigir responsabilidades a quienes las han usurpado en su impostura y degradación y que sea la Ley quien se imponga ante toda esta vileza.

Hoy conmemoramos la Constitución del Estado Libre Asociado. Dodecaquésimo Aniversario. Celebramos el avance político logrado, y los poderes y derechos que establecimos para nosotros mismos en 1952. La Constitución reafirma realidades objetivas: 1) que los puertorriqueños somos un pueblo, una nación; 2) que conforme a nuestro derecho natural, tenemos el derecho e intención de existir, a expresarnos, a prosperar individual y colectivamente y a gobernarnos según dispongamos para nosotros, conforme a nuestra voluntad democrática; 3) que valoramos y consideramos como garantía de libertad y seguridad nuestra relación con Estados Unidos y la ciudadanía que nos vincula. Repasemos algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU: 1) combatir la desigualdad, la pobreza y el hambre, 2) promover la salud y el bienestar, 3) proveer educación de calidad, 5) promover la igualdad de género, 6) promover la industria e infraestructuras, incluyendo agua limpia, promover el trabajo decente y el crecimiento económico, entre otros. Nadie niega los enormes logros y avances puertorriqueños en todos estos objetivos; todos fundamentados en el uso correcto y responsable de los poderes del ELA del 1952; en el buen gobierno. Pero, como el árbol del bien y el mal, el poder es siempre un arma de doble filo. Y la misma autoridad política lograda bajo el ELA, la cual bien utilizada nos catapultó al progreso, hoy se ve mermada, y más aún, suspendida. Si hubiésemos cumplido las normas fiscales que nos autoimpusimos a través de nuestra Constitución, no estaríamos en la actual precariedad. Algunos de nuestros gobiernos lo han hecho mal y otros bien: cuando nuestros altos líderes electos solicitaron asistencia congresional para manejar las impagables deudas auto-incurridas, se logró algo extraordinario sin lo cual hoy estaríamos en caos: la paralización de litigios contra el ELA y el poder para reestructurar toda la deuda del estado, sus instrumentalidades y corporaciones; poder que ningún estado de EEUU ostenta y unos cuantos anhelan. Sin dinero y con una deuda opresiva, ningún gobierno puede existir, sea república, monarquía, estado, provincia o territorio. Pero ese remedio vino con los ingredientes de los boticarios radicales del Tea Party precursor del Trumpismo, amargando la receta, y de forma abusiva. Tras inevitable sacrificio y dolor, superaremos la suspensión de nuestro autogobierno que supone la JSF. Por ello, la única meta no es ‘salir de la Junta’: la meta real es establecer quienes somos y quienes queremos ser una vez la superemos. Qué haremos para no volver a ser vencidos por nuestros peores instintos miopes y populistas. Nada impide que bajo el ELA establezcamos normas estatutarias, y mejor aún, constitucionales, que impongan consecuencias inescapables contra quienes endeuden al estado antijurídicamente. Solo así podremos proteger nuestras conquistas democráticas de los vaivenes de nuestros instintos populistas.🇵🇷

¿Puede limitarse jurídicamente al poder soberano haciendo con ello posible el imperio de la ley? (…) "Lo que hace posible el imperio de la ley y la consiguiente limitación jurídica del soberano es la incorporación en la ética individual y social de las exigencias morales que ese ideal lleva consigo. Más allá de un mero problema conceptual o lógico que descansa muchas veces en ciertos equívocos, el problema del imperio de la ley es el de la existencia de una práctica social colectiva basada en una determinada educación ciudadana respecto a las exigencias éticas del ejercicio del poder". La existencia del régimen del imperio de la ley dependerá, en una última instancia, de que las personas quieran regirse bajo reglas que establezcan los alcances y limites del ejercicio del poder. Si las autoridades no respetan las reglas, no se sanciona su incumplimiento y, finalmente, si los votantes no reprochan esa actitud en las elecciones no habrá un Estado de Derecho. Habrá un sistema legal, pero no un Estado de Derecho. El gran problema, parafraseando a Laporta, es cómo persuadir a las personas que a todos nos irían mejor si respetamos y hacemos cumplir las reglas que nos damos bajos ciertos procedimientos públicos. Laporta, Francisco. El imperio de la Ley. Una visión actual. Editorial Trotta, S.A., 2007, p. 81.

Sr. Director: Los recientes comentarios del senador Daniel Núñez (PC) y del diputado Gonzalo Winter (CS) confirman el escaso respeto que la izquierda radical que nos gobierna tiene hacia la democracia. Además, su táctica de chantajear usando la violencia con fines políticos cuando las circunstancias no les favorecen es preocupante. Es fundamental recordar a estos parlamentarios que Chile es una democracia liberal. Esto implica elecciones libres, separación de poderes, un Estado de Derecho y la protección de los derechos individuales. Por lo tanto, instar al gobierno a ejercer “presión ciudadana” o a gobernar mediante “decretos” debido a la falta de mayoría parlamentaria para imponer su agenda ideológica es irresponsable. Esta actitud constituye un grave atentado contra la democracia liberal y podría abrir la puerta al autoritarismo. Como ciudadanos libres, debemos defender la libertad y rechazar el uso de la violencia como herramienta política en un sistema democrático, porque la violencia destruye la democracia, y sin democracia, no hay libertad. Está claro que la izquierda extrema siempre recurrirá a la violencia como último recurso cuando la democracia no les sirva para alcanzar sus objetivos políticos y no cederá un milímetro en su propósito. Adriano Ventura Cerisola Fundación para el Progreso