Publicación de Ricardo J. Rivera-Rodríguez

Dado que el gobierno ha declarado que no asumirá las deudas pasadas que actualmente se reflejan en la tarifa de energía de la costa, y considerando las referencias a las 'comunidades energéticas', hemos solicitado formalmente y por escrito a la UPME que incremente significativamente el límite máximo de potencia que pueden tener los generadores de las comunidades energéticas. Esto permitirá que no solo los hogares se beneficien de estas instalaciones, sino también las grandes empresas ubicadas en la Costa Caribe. Con el tope actual de 1 MW, el beneficio para las grandes industrias de las comunidades energéticas es mínimo o inexistente.

Como estudiante, considero que las intervenciones mencionadas tienen impactos significativos en el sector energético y en los usuarios finales. La fórmula de tarifas de generación eléctrica autorizada por la CREG parece problemática ya que no refleja los costos reales de producción, lo que puede llevar a distorsiones en el mercado y a un aumento injustificado de las tarifas para los usuarios; en cuanto a la tarifa de distribución en la costa Caribe, la decisión de permitir pasar las pérdidas por falta de pago a los usuarios representa una carga adicional para estos últimos, lo que podría resultar en un aumento desproporcionado de las tarifas para compensar las pérdidas. La "opción preferencial" de Duque, que convierte la deuda de las comercializadoras en un congelamiento de tarifas para los usuarios durante la pandemia, puede parecer inicialmente beneficiosa para los usuarios al evitar aumentos temporales en las tarifas. Sin embargo, a largo plazo, esto podría generar problemas financieros para las empresas de energía y eventualmente resultar en ajustes significativos en las tarifas para compensar estas deudas acumuladas. En conclusión, todas estas intervenciones tienen consecuencias complejas y variadas. Christian Manuel Moreno Rocha Ivan Roa Ortiz

El Negociado de Energía indica que continuará hacia adelante con estudio sobre el análisis económico de la medición neta en Puerto Rico y espera resultados para junio 2024. Sin embargo, la implementación del referido estudio queda en suspenso hasta tanto se dilucide los señalamientos de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico (JCF) sobre la Ley 10-2024 que ordena retrasar la implementación de cualquier cambio en tarifa de medición neta hasta el año 2030 ya que la JCF arguye que el incentivo existente podría provocar que clientes sin acceso al programa de medición neta asuman una carga desproporcionada del peso tarifario dirigido a mantener la red eléctrica de la isla.      Por su parte, la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento (SESA, por sus siglas en ingles) rebate el argumento de la JCF al presentar un análisis comisionado por SESA que dispone que el valor total de la medición neta en Puerto Rico (en términos directos y sociales) es 103.13 centavos por kWh superando el impacto sobre la red eléctrica y por consiguiente, el bolsillo de aquellos clientes sin acceso al programa de medición neta. A raíz de lo anterior, quedamos en espera a una respuesta de la JCF a la solicitud del Gobierno de Puerto Rico de proveer un término adicional para el Gobierno responder a si se mantendría implementando la Ley 10-2024. Solo el tiempo dirá.    

Sobre la situación descrita podría centrarse en la falta de transparencia y equidad en el proceso de fijación de tarifas eléctricas. La autorización de la Comisión de Regulación de Energía y Gas para incluir componentes como las pérdidas asumidas por los usuarios y las deudas del congelamiento de tarifas durante la pandemia sin una debida explicación pública podría generar desconfianza y malestar entre los consumidores. Además, la aparente falta de ajuste de los precios a los costos reales de generación eléctrica y la inclusión de mecanismos que trasladan las pérdidas financieras de las empresas a los usuarios plantean interrogantes sobre la eficacia y justicia del sistema regulatorio. En este sentido, sería fundamental promover una mayor transparencia en el proceso regulatorio y buscar mecanismos que garanticen una distribución equitativa de los costos y beneficios del servicio eléctrico entre todos los actores involucrados. Christian Manuel Moreno Rocha Jonathan Velasquez

Como estudiante, considero que las intervenciones mencionadas tienen impactos significativos en el sector energético y en los usuarios finales. La fórmula de tarifas de generación eléctrica autorizada por la CREG parece problemática ya que no refleja los costos reales de producción, lo que puede llevar a distorsiones en el mercado y a un aumento injustificado de las tarifas para los usuarios; en cuanto a la tarifa de distribución en la costa Caribe, la decisión de permitir pasar las pérdidas por falta de pago a los usuarios representa una carga adicional para estos últimos, lo que podría resultar en un aumento desproporcionado de las tarifas para compensar las pérdidas. La "opción preferencial" de Duque, que convierte la deuda de las comercializadoras en un congelamiento de tarifas para los usuarios durante la pandemia, puede parecer inicialmente beneficiosa para los usuarios al evitar aumentos temporales en las tarifas. Sin embargo, a largo plazo, esto podría generar problemas financieros para las empresas de energía y eventualmente resultar en ajustes significativos en las tarifas para compensar estas deudas acumuladas. En conclusión, todas estas intervenciones tienen consecuencias complejas y variadas. @christian Manuel Moreno rocha @johnny de Jesús teherán orozco

#ULTIMAHORA | Avanza reforma constitucional a favor de #CFE en Cámara de Diputados La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados dio su opinión en favor de la #iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como #empresapública estratégica y otorgarle preferencia en el #mercado energético nacional, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con 15 votos a favor y 10 en contra, la opinión en respaldo a las modificaciones #constitucionales a los artículos 25, 27 y 28, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, en San Lázaro, para su consideración al dictaminar el proyecto. La #propuesta, parte del paquete de 20 iniciativas enviadas por el mandatario federal el pasado 5 de febrero, busca devolver a la CFE su carácter #estratégico como empresa #pública, redefiniéndola frente al concepto de empresa productiva del estado. El #proyecto establece que las leyes determinarán cómo los particulares podrán participar en la #industriaeléctrica, sin prevalecer sobre la empresa pública del Estado, cuya misión es cumplir su responsabilidad social y garantizar la continuidad y #accesibilidad del servicio público de #electricidad. Además, destaca entre sus objetivos la preservación de la seguridad y #autosuficiencia energética, proporcionando #electricidad al menor precio posible para evitar el lucro y garantizar la seguridad y soberanía nacional, a través de la empresa pública del estado. #energynews #ReformaCFE #EnergíaEléctrica #CFE #PolíticaEnergética #LegislaciónEnergética #AMLO #ComisióndeEnergía #IndustriaEléctrica

La discusión central del sector es en estos momentos, las tarifas. Y en este contexto, recordemos que el Ministerio de Energía Chile solicitó al TDLC informar respecto de la rebaja en el umbral de clientes que pueden optar a ser clientes libres. Esto se hizo precisamente (a mi juicio) buscando alternativas para las PYMES en el escenario de incremento de tarifas aunque falta incorporarlo a la visión global de la autoridad en este ámbito. Es del caso que muchos intervinientes hicieron presente la falta de antecedentes y fundamentos de la solicitud de informe. En este escrito el Ministerio junto con solicitar un aplazamiento de la audiencia decretada por el tribunal, resume los planteamientos de los diversos intervinientes del proceso. Reconozco que me llamó la atención el escrito y no entiendo bien su objetivo más allá del aplazamiento. Aun falta los antecedentes que sirven de respaldo o fundamento a la política pública que se quiere promover acá, pero ya se ha señalado que se ha encargado un informe económico para aportar antecedentes al TDLC. #ClientesLibres #TDLC #SectorEléctrico #Tarifas

La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados respalda una propuesta para fortalecer a la CFE como empresa pública estratégica, dándole preferencia en el mercado energético nacional. La propuesta busca redefinir su papel y garantizar el servicio eléctrico a precios accesibles, priorizando la seguridad y autosuficiencia energética, así como la soberanía nacional. #energía #energíaeléctrica #energíaestratégica #ingeniería #ingenieríaeléctrica #México

El Gobierno ha revocado su decisión de incrementar las garantías requeridas para la conexión de sistemas de almacenamiento a la red. Esta medida, introducida mediante el RDL 8/2023, desató una ola de preocupación en la industria del almacenamiento energético debido a las nuevas obligaciones financieras impuestas, las cuales se consideraron excesivas y perjudiciales para el desarrollo de proyectos. Ante la presión ejercida, tanto el PSOE como Sumar, han presentado enmiendas para suprimir esta disposición, reconociendo que constituyó un error que desincentivó la inversión en proyectos de almacenamiento y dificultó su implementación. Se argumentó que estas medidas eran contraproducentes para los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Las enmiendas propuestas buscan corregir esta situación y facilitar el desarrollo de proyectos, según informó Ramón Roca para El Periódico de la Energía #energia #almacenamiento #gobierno #baterias #regulacion #proyectos #inversion #desarrollo #medioambiente #industria #sostenibilidad

El pasado 26 de agosto de 2024, ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que, además de introducir importantes modificaciones a la ley Nº 18.410 sobre la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), tiene como objetivo principal aliviar la economía familiar de los clientes más vulnerables ante las alzas de las tarifas eléctricas, mediante la extensión y el aumento de la cobertura del subsidio transitorio. Nuestros abogados especialistas en Energía Sebastian Leyton P., Antonia Montt Strabucchi y Gonzalo Ponce analizan los cambios planteados en dicho proyecto de ley, con los que se pretende fortalecer la función fiscalizadora y de supervigilancia de la #SEC en beneficio de los clientes finales. #Energía #Electricidad #Infraestructura #CuatrecasasChile