12.000 pisos turísticos ilegales de Catalunya eliminados de la web de Airbnb
La lucha contra los pisos turísticos ilegales viene de largo. De hecho, tras 5 años el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado la razón a la Direcció General de Turisme (DGT) y ha sentenciado que la plataforma de reservas Airbnb cumpla la normativa turística catalana. En consecuencia, debe eliminar de inmediato de su portal de viviendas en alquiler todas aquellas que no cuenten con un número de registro turístico real y por tanto legal.
Airbnb debe encargarse de investigar y eliminar los pisos turísticos ilegales sin tener que ser reclamados por el Ayuntamiento
Hasta la fecha, la plataforma iba retirando los pisos ilegales solamente de la ciudad de Barcelona por convenio y después de que el ayuntamiento los detectara previamente y reclamara su retirada.
De esta forma, es la propia plataforma Airbnb los que tiene que hacerse responsable de los apartamentos que publican y revisar que estos cumplan la normativa turística local.
Esto hace que se tengan que eliminar casi 12.000 anuncios de pisos turísticos ilegales de toda Catalunya. Se trata de una sentencia firme que de no ser acatada, el Govern exigirá la ejecución judicial para Airbnb.
Cinco años de espera para que Airbnb cumpla la legalidad
Octavi Bono, director de Turisme de la Generalitat, ha declarado que desde que comenzó este proceso en el 2013 han exigido a todas las plataformas online que respeten la normativa. No se trata de una persecución ni prohibición de que el sector turístico se abra camino hacia nuevos canales. Sino que simplemente se exige que se cumpla todos los aspectos legales.
Turisme exigió en su momento a 7 plataformas distintas que retiraran los pisos turísticos ilegales. Este requerimiento dio sus frutos con todas ellas menos con Airbnb, que justificaba que su ámbito de actuación no era local (exclusivamente en Barcelona o Catalunya). Esto ha sido ratificado completamente por la sentencia del TSJC que considera que su estructura sí que es local.
Por ese motivo en el año 2014 Turisme denunció por la vía administrativa a Airbnb Ireland (ABBI) y Airbnb Online Services Spain SL –Ahora Airbnb Marketing Services– (AMS). Reclamaba que suprimiera cualquier publicidad o divulgación de viviendas turísticas sin registro -y por tanto ilegales-. Tras numerosos recursos Airbnb trasladó el caso a los tribunales con una estrategia de defensa sólida. Argumentaba entre otros que la sede barcelonesa sólo se encargaba del márketing y por lo tanto no realizaba ninguna actividad turística. También que la normativa catalana vulnera la directiva 2000/31/CE de comercio electrónico y la ley de servicios de la Sociedad de la Información. Por ese motivo declaraban que sólo tenían la obligación de cumplir la normativa irlandesa ya que en Barcelona actuaban como un simple intermediario y no como interlocutor.
La resolución:
El TSJC ha desestimado las demandas emitidas y ha confirmado las resoluciones recurridas por ambas partes. Reconoce a Airbnb como un solo grupo empresarial por lo que tiene que cumplir la ley de turismo catalana. Además su portal web debe diferenciar su oferta turística del resto y reconocer su papel activo en la contratación de dichos servicios.
Esto supone que Airbnb deberá retirar casi 12.000 pisos turísticos ilegales. Exactamente 6.478 apartamentos que tienen número de registros falsos y otros 5.343 sin número de registro.
Además, le da la potestad a la Dirección General de Turismo de sancionar las irregularidades que detecte en la plataforma, cosa que no es su intención.