Algunas reflexiones sobre las nuevas restricciones en Costa Rica
A raíz de las nuevas medidas adoptadas por las autoridades, para evitar el aumento en la propagación del COVID-19, y como ellos mismos indican, para reencontrar el rastro de la cadena de contagios, quisiera expresar algunas ideas que como abogado, considero de alguna relevancia.
1) La salud pública se constituye como el bien jurídico mayor que debe tutelar el Estado.
2) Las medidas de distanciamiento social, obligatorio uso de mascarillas y prohibición de aglomeraciones, son consecuentes en la protección y la satisfacción de ese bien público superior por el que debe velar el Estado.
3) El artículo 22 de la Constitución Política señala que "...Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la República o fuera de ella, siempre que se encuentre libre de responsabilidad, y volver cuando le convenga. No se podrá exigir a los costarricenses requisitos que impidan su ingreso al país."
4) La Sala Constitucional estableció ya que la restricción vehicular dictada con ocasión de la pandemia, es constitucional, ya que fue adoptada con fundameto en lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Tránsito, norma vigente en el ordenamiento jurídico.
5) Que al inicio de la pandemia, cuando el Estado costarricense aplicó medidas de restricción en forma estricta, se logró mantener el rastro del proceso de contagio y además, se pudo sostener una baja tasa de contagio.
6) Que a partir de la flexibilización de esas medidas administrativas adoptadas, se aumentó la tasa de contagio así como el número de personas fallecidas.
Creo que como ciudadanos, tenemos el deber de generar la conciencia en el sentido de que esta situación de salud es real, no nos afecta sólo a nosotros y genera, impacto a nivel global en la mayoría de los aspectos de la vida en sociedad. No creo, y lo digo con todo respeto para quienes opinan de manera distinta, que el desarrollo de argumentos jurídicos que cuestionan la congruencia constitucional y convencional de las medidas adoptadas, sea oportuno ni tampoco que constituya un aporte real a la mitigación del impacto generado. Me parece más bien, que por más que nos pueda desagradar, como sociedad debemos estar unidos con el gobierno y tener una actitud positiva y colaborativa con nuestra comunidad y sociedad. Además de una victoria pírrica, ¿cuál sería la ganancia de que se declaren inconstitucionales las medidas adoptadas? Tal vez, que el comercio recupere sus ingresos, o como está de moda "se reactive la economía", pero tal cosa estaría ocurriendo en menoscabo de la salud y la vida de la población.
Es decir, es un prolema que no tiene solución, y como no tiene solución, parafraseando Confucio, no debería preocuparnos.
Lo que nos debería ocupar, es justamente disminuir la tasa de contagio y recobrar el rastro del virus y adoptar medidas de solidaridad para todos aquellos que la están pasando mal así como a quienes se les ha complicado su situación financiera y laboral.
Para disminuir el contagio, contamos con la experiencia no sólo nuestra, sino de otros países que han logrado algún éxito en la contención de la propagación del virus. Se trata, justamente de la aplicación de medidas restrictivas, que independiente de su estricto apego y consonancia con las más puristas interpretaciones constitucionales y convencionales, han demostrado haber funcionado.
Lo expresado es una simple opinión, que se emite en el contexto del mayor respeto a quienes piensen diferente. Creo que esto no es un asunto político ni tampoco de simpatía o antipatía con el gobierno de turno ni el partido oficialista. Ni tampoco se trata de un asunto en que las intepretaciones jurídicas sean las que resuelven el problema, es decir, no es un asunto jurídico.
Es un asunto real y material, y ante el que que mientras no exista una vacuna accesible para todos, la única forma que ha demostrado funcionar para mitigar el contagio, son justamente las medidas restrictivas. A todos, un saludo y mis mejores deseos.