Cámaras de Comercio e Intergremiales del Caribe plantean 5 propuestas para resolver crisis energética en la Región

Las Cámaras de Comercio y los Comités Intergremiales del Caribe le plantearon al Gobierno nacional cinco propuestas para resolver la crisis del sistema eléctrico de la Región dirigidas a aumentar la oferta de energía; modernizar su infraestructura; modificar el régimen tarifario que obliga a los usuarios a pagar anticipadamente las inversiones en esa infraestructura al igual que las pérdidas por fraude; y desarrollar la competencia en los mercados mayorista y minorista.

Estas solicitudes serán radicadas como aportes al proyecto “Definición de estrategias regulatorias para abordar la coyuntura energética Regional-Caribe” que ejecutará la Universidad del Atlántico mediante un contrato interadministrativo con la CREG.

El objetivo de las propuestas es garantizar la suficiencia energética, mejorar el servicio, reducir costos en toda la cadena del sector, y bajar las tarifas a los usuarios, entendiendo que la crisis, en gran parte, es resultado del rezago en inversión en redes y equipos de transmisión y distribución, lo que incrementa las pérdidas técnicas, presiona al alza las tarifas y reduce la confiablidad en el suministro de energía.

Por ello se plantea definir estrategias y políticas públicas y regulatorias de corto, mediano y largo plazo, que, desde una visión integral y estructural del sistema, permitan superar dicha crisis, que lleva más de 20 años afectando la calidad de vida de las familias y la competitividad del sistema productivo regional.

1. Aumentar la oferta de energía para atender la demanda.

• Acelerando la entrada en operación de proyectos de generación que están en ejecución, y que son de interés estratégico de la Nación. Hoy de cada diez proyectos en generación aprobados aproximadamente siete estén en riesgo por licencias, consultas previas, y procesos con las comunidades.

• Desarrollando nuevas subastas de expansión con el fin de garantizar en el largo plazo la confiabilidad en el suministro de energía firme, es decir la suministrada por una central eléctrica de forma permanente y garantizada las 24 horas del día. Con estas subastas, desarrolladas en el marco del Cargo por Confiabilidad, se busca promover la ampliación del parque de generación y garantizar que en situaciones de escasez esté disponible la energía de las plantas para abastecer la demanda, a precios eficientes.

• Resolviendo las dificultades para acceder a puntos de conexión a la red dado que está desbordada la capacidad de la UPME para otorgarlos. Actualmente la demanda crece a un ritmo más acelerado que la entrada en operación de esos proyectos, a tal punto que en el 2026 no se tendría suficiente energía firme para cubrir la demanda nacional.

1. Modernizar la infraestructura eléctrica

Ampliando y robusteciendo los sistemas de transmisión nacional y regional con el fin de resolver los problemas de limitada capacidad de sus redes, y también reducir la demanda no atendida, es decir aquella que, por cualquier motivo, programado o no programado, no se pudo suministrar al usuario.

Con ello se bajaría el costo de las restricciones eléctricas y operativas que impiden que las plantas de generación con ofertas más económicas entreguen su energía. Dicho costo se establece por dos factores: Uno, por la diferencia entre el precio de la energía en la Bolsa y el precio al cual se paga la generación que se hace para asegurar el abastecimiento. Y, otro, por el costo de las pérdidas técnicas que se dan en las redes de distribución local de baja tensión. Ambos costos tienen efecto en las tarifas a los usuarios.

Como fuentes de financiación se plantean tres opciones únicas o complementarias: La primera, con inversión pública exclusivamente para mejorar las redes de transmisión regional y local y subestaciones. La segunda, con recursos de regalías gestionados a través de OCAD Caribe. Y la tercera con el apalancamiento por parte del Gobierno nacional de estos proyectos para financiarlos con banca multilateral.

Esos recursos no irían a la operación del sistema, de manera que los pagos de capital y de retorno de dichas inversiones no se incluirían en la estructura de la tarifa a pagar por los usuarios, evitando así que suba por este concepto.

Hoy la Región Caribe concentra el 61% de la demanda no atendida del país, ya sea por mantenimientos a la red, su agotamiento o fallas en la infraestructura de transmisión. Y tiene el índice de pérdidas más alto del país, que en nivel 1 de tensión es superior al 28%. Además, nuestro sistema eléctrico espera cerca de 7.000 megavatios de renovables para 2027 lo que impone unos retos mayores en el componente de transmisión.

1. Desarrollar la competencia en los mercados mayorista y minorista de energía eléctrica.

Aprobando y aplicando la reforma de modernización del mercado de energía mayorista presentada por la CREG en 2021, y los ajustes que hagan viables los mecanismos de formación de precio eficiente, es decir de mínimo costo, en los contratos de energía eléctrica.

La reforma en el diseño y arquitectura del mercado de energía mayorista con el propósito de mejorar la formación de precios en la Bolsa, es un paso fundamental para lograr esa modernización, aplicando incluso mecanismos que desincentiven el ejercicio del poder de mercado, entendido como la capacidad que tiene una empresa para subir los precios por encima de sus costos marginales de manera rentable, ya sean generadores, transportadores y comercializadores.

Con ello también se busca promover la participación voluntaria de los usuarios no regulados, es decir, los grandes consumidores de energía, en la reducción voluntaria de su consumo a cambio de compensaciones económicas.

La propuesta involucra igualmente la implementación de los mecanismos de comercialización que presenten los agentes interesados con el fin de tener esquemas transparentes en la formación del precio de los contratos de energía.

Simultáneamente se plantea desarrollar mecanismos que promuevan la competencia en el mercado minorista con un programa de medición avanzada de usuarios regulados, es decir residenciales y pequeñas y medianas empresas, e instrumentos para que ellos puedan seleccionar comercializador a partir de información abierta sobre planes tarifarios de distintos oferentes.

La infraestructura de medición avanzada, básicamente medidores inteligentes, aprovecha los sistemas de comunicaciones y avances tecnológicos para conseguir una comunicación bidireccional entre el consumidor y el comercializador de energía eléctrica. Gracias a esta tecnología se podrá realizar una medición y gestión inteligente de su consumo eléctrico, intercambiando información, regulando su demanda y teniendo disponibles datos en tiempo real sobre su lectura.

1. Modificar el régimen tarifario transitorio y especial para la Región Caribe que obliga a los usuarios a pagar anticipadamente tales inversiones y también las pérdidas por fraude.

La crisis de Air-e, que llevó a su intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, demostró que el régimen normativo singular y transitorio para la región Caribe, creado con la Resolución CREG 109 de 2019, fracasó, como era previsible, porque creó un modelo de gestión que no incentiva la eficiencia de los comercializadores y afecta a los usuarios.

Dicho esquema se basa en el costo de servicio y en altas tarifas para garantizar la sostenibilidad de los operadores de red. Para ello se reconocen todas las pérdidas, incluyendo las del robo de energía, pagadas por los usuarios. Y se aplican cargos retrospectivos cobrados desde el momento de su solicitud y no al momento de su aprobación, con lo cual se viola el derecho de los consumidores de conocer el valor del servicio al momento de usarlo.

Además, las inversiones se reconocen desde la aprobación del plan respectivo y no desde su materialización, lo que hace que su financiación la asuman los usuarios anticipadamente con alzas en las tarifas.

1. Poner en marcha una Hoja de Ruta de eficiencia energética para la Región Caribe orientada a reducir el consumo de energía.

Con relación a esta hoja de ruta las Cámaras de Comercio y los Comités Intergremiales de la Región Caribe, señalan que la eficiencia energética es la victoria que más tempranamente se puede lograr para disminuir el consumo de energía y frenar el crecimiento de su demanda, lo cual tendría efecto en la reducción del valor de la factura y en las tarifas.

La estrategia en este sentido deber ser masiva, incluir la sustitución de electrodomésticos ineficientes en los usuarios de estratos 1 y 2, e incorporar un plan de educación para fortalecer la importancia de la eficiencia energética en las comunidades. El proyecto puede ser financiado por la banca multilateral, como realiza actualmente con el Programa de Eficiencia Energética Caribe Sostenible – PEECES.

Indicadores de la dimensión de la crisis energética de la Región Caribe

• El 98,5% de los municipios de la Región Caribe tienen condiciones de pobreza multidimensional superiores al promedio del país. (DANE 2024) • Casi 4 de cada 10 personas en condición de pobreza extrema del país están en el Caribe. (DANE 2024) • 2,4 millones de habitantes de la Región Caribe están en condiciones de pobreza multidimensional (DANE 2024) • El 65% de los ingresos en hogares de estratos 1 y 2 se destinan para costear el servicio de energía. (DANE ENCUESTA PRESUPUESTO HOGARES 2016-2017) • En el Caribe se encuentra el 95% de la población eléctricamente subnormal. • El 61% de la demanda no atendida total del país se da en el Caribe por causas programadas (mantenimientos a la red) como no programadas (fallas en la infraestructura de transporte). (XM) • Entre 2020-2024 el Caribe tuvo un incremento promedio mensual de la tarifa superior al de otros mercados. ($/kwh a usuario final en estrato 4). Cálculos de la Cámara de Comercio de Barranquilla con datos de la SSPD. • Un aumento de 10% en las tarifas de energía ocasiona una disminución en la productividad mayor en el Caribe que en el resto del país. (Fundesarrollo)