Cita en el Centro de Internamiento de Personas Extranjeras durante la COVID-19

He visitado el Centro de Internamiento de Extranjeros/as (CIE) de Aluche, en Madrid, durante la pandemia de la COVID-19.

Según el gobierno de España, de conformidad con lo establecido por el Ministerio del Interior, "incoado un expediente sancionador en el que pueda proponerse la expulsión del territorio español de una persona extranjera, ésta podrá ser ingresada en un centro de internamiento, mientras se tramita dicho expediente". La duración máxima de su internamiento no puede exceder de 60 días.

Para tramitar el expediente de la persona extranjera, el juez aplica el principio de proporcionalidad y considera sus circunstancias personales, incluida la enfermedad que pudiera padecer y el riesgo del internamiento para su salud y la salud pública. La ley establece los derechos y deberes de las personas extranjeras detenidas. ¿Se ha adaptado la ley a las circunstancias de estas personas durante la COVID-19?

"Hoy es un día que no olvidaremos, como tampoco olvidamos las vulneraciones de los derechos humanos ni las muertes ni el trato indigno y vejatorio ni las agresiones ni las torturas ni el sinfín de aberraciones que han sucedido entre sus muros cada día desde que fueron creados". Así celebró la Plataforma CIEs No Madrid la puesta en libertad de la última persona migrante encerrada en uno de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de España durante la pandemia. No se han producido nuevos internamientos durante este periodo, pues "si no hay una perspectiva mínima de retorno, que es la función del CIE, no se puede ingresar a nadie", aclara el Ministerio del Interior, "ya que no habría base legal para ello". Pero eso no impidió que el virus entrara y se extendiera en los centros de Tenerife y Gran Canaria debido al hacinamiento y la falta de condiciones adecuadas, según el juez que decretó el cierre de uno de ellos.

Es la primera vez que están vacíos y sin registrar nuevas entradas en estos "espacios de impunidad policial y de sufrimiento para las personas internadas", como los define para Público uno de los jueces que controló durante más de ocho años el centro de Aluche, Ramiro García De Dios.

Hoy en el CIE innumerables inmigrantes esperan su turno para ser atendidos/as por algún/a oficial que respete la hora a la que les han dado cita previa. Muchos/as pidieron cita hace meses, incluso antes de que se expandiera la pandemia en el país. Durante los días con más restricciones de movimiento y actuaciones impuestas por el confinamiento obligatorio, se anularon y aplazaron todas las citas presenciales —el Ministerio del Interior no ha habilitado una vía telemática ni postal para que las personas extranjeras realicen tramitaciones policiales—.

Bajo un sol de justicia, la fila de inmigrantes comienza a convertirse en una masa de personas a las que un policía grita "¡solo será atendido/a ahora quien tenga cita previa para pedir o renovar la tarjeta de residente!" "¿Por qué los/as migrantes tienen que pedir su residencia o renovación de la misma en un Centro de Internamiento de Extranjeros/as?" —nos preguntamos mi novio y yo. Ser migrante no es ilegal. Ningún ser humano lo es. Todas las personas a las que el policía grita, esperan, impacientes, sin que nadie les explique por qué no les atienden a la hora a la que les han citado previamente. Tiempo que podrían dedicar a sus familiares, ocupaciones laborales u otras de su preferencia. A la joven de en frente le está regañando por teléfono su jefe. Hoy es el segundo día que ella vuelve al CIE porque "la primera cita, a pesar de lo mucho que esperó, le pidieron que regresara en otro momento" porque le faltaba algo.

A mi alrededor hay hombres, mujeres, niños y niñas de todas partes del mundo: Colombia, Siria, Marruecos, Pakistán, Senegal, Afganistán, República Dominicana, Ecuador, Argelia, Sri Lanka, El Salvador, Libia, Somalia, Perú, Rusia, Eritrea, Rumanía, Bolivia, Polonia, China, Estados Unidos, Líbano, Japón, Palestina, Irán, Moldavia, Albania... Por mencionar algunos países de procedencia, cuya cultura enriquece tanto a la española y viceversa.

Avanzamos 5 metros después de esperar media hora. Le digo al oficial que mi novio, salvadoreño, tenía cita a las doce (ya es la una) para solicitar un certificado de residencia en España (reside desde hace ya 3 años aquí). Nos indica que entremos en el CIE para proceder a realizar la burocracia. ¿Por qué nosotros antes que los demás? Nos miran frunciendo el ceño, gesticulamos con cara de sorpresa y entramos al centro. Desde el exterior parece una cárcel para los/as criminales más violentos/as del mundo. ¡Recuerda un poco a Guantánamo! Aquí no hay ventanas, todas las paredes están cubiertas de barrotes. Las personas privadas de libertad no pueden ver el cielo sin que esté rayado. Hasta mirar las nubes les recuerda su falta de libertad de movimiento (art.13 Declaración Universal de los Derechos Humanos). Además, hay muy poco espacio para pasear, si es que pueden, entre las paredes exteriores y el gran muro vallado con concertinas que recorre parte del recinto. Pienso en sus familias, donde quiera que estén, y en sus hijos e hijas (sobre todo en los/as menores de edad), probablemente también detenidos/as en un centro para menores o adolescentes, o a punto de ser repatriados/as (sin poder ser acompañados/as por sus padres). Por lo menos, durante la pandemia, los/as internados/as puestos/as en libertad han sido acogidos/as por sus redes familiares o en plazas del programa de ayuda humanitaria de la Secretaría de Estado de Migraciones, gestionadas por ONGs como Cruz Roja (Portal de Inmigración).

En el interior del centro hay tantas personas que no es posible mantener la distancia física mínima de prudencia para evitar el riesgo de contagio por el novel coronavirus. Quien tiene, utiliza gel hidroalcohólico; la mascarilla es obligatoria. El CIE dispone de kits higiénicos contados para desinfectar las áreas de atención al público.

Una mujer filipina ruega a una oficial que cuide de su madre, anciana dependiente y enferma, mientras gestiona sus papeles. La agente le dice "lo siento, pero su madre tendrá que esperar sola en algún banco". Entretanto, tardan mucho en atender las peticiones de los/as personas migrantes:

Ni la nuestra. Conseguimos abrirnos paso entre una marabunta de personas desorientadas, gracias a una policía muy amable que nos explica cómo están organizadas las secciones para tramitar cuestiones de extranjería. Dentro del edificio hay carteles con información escrita en español y agentes policiales que vociferan el nombre y apellido de los/as citados/as. Subimos las escaleras y, de nuevo, nos toca esperar.

Cuando entregamos los papeles para pedir el certificado de residencia de mi novio, la agente de inmigración nos pide documentos que no tenemos: es una fotocopia del pasaporte. Salimos del centro, hacemos la fotocopia y volvemos a esperar. Se ha pasado toda la mañana pero, no podemos quejarnos, somos afortunados porque ¡hemos conseguido el certificado! Me pregunto si otros/as han tenido la misma suerte. Desde luego, quienes están internados/as no.

Los CIEs siguen internando a inmigrantes cuyos países de origen han reabierto sus fronteras. Las nacionalidades de las personas deportadas recientemente desde España son argelina, marroquí y mauritana.

Los CIE no respetan los derechos humanos, no tienen razón de ser. No deben cerrarlos por salud pública, sino por la dignidad y derechos humanos de las personas extranjeras privadas de libertad. La Ley de Extranjería contempla alternativas al internamiento como medida cautelar (art. 61) para la expulsión de "migrantes en situación administrativa irregular". No se puede hacer sufrir a personas por esta razón.