Columna: Alfonso Henríquez

Muchas especies que son endémicas del país se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad, no solo por la caza furtiva, o por la existencia de actividades extractivas que destruyen sus ecosistemas, sino que también debido a la introducción de especies que se encuentran fuera de su distribución natural. La existencia de este tipo de especies puede generar un grave perjuicio para la mantención del equilibrio ecológico, y para distintas actividades productivas o económicas.

               Desde un punto de vista jurídico, existen una serie de organismos que cuentan con algunas facultades para enfrentar este problema. Así por ejemplo, tanto el Servicio Nacional Aduanas, como el Servicio Nacional de Pesca y el Servicio Agrícola y Ganadero, cuentan con competencias para prevenir la internación de estas especies, y para revisar los requisitos y condiciones que se requieran para su importación cuando esta sea procedente.

               La administración también cuenta con facultades para declarar a ciertas especies como plagas hidrobiológicas y elaborar programas de vigilancia y control de plagas. Otros organismos como la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante poseen facultades relacionadas con la protección del medio ambiente acuático, hecho que abre la vía para generar planes de control en este ámbito.

               En esta línea, CONAF también cuenta con programas de control biológico de plagas forestales, los cuales cumplen una importante función en lo que toca al manejo sustentable de los recursos forestales y al cuidado del medio ambiente.

               Sin embargo, esta normativa se caracteriza por su dispersión, descoordinación y por la ausencia de un marco común. Esta situación podría cambiar con la entrada en vigencia del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, dado que esta iniciativa introduce una serie de instrumentos de gestión específicos en el ámbito de las especies invasoras.

               En efecto, dicho proyecto tiene por objeto la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas. Para ello contempla algunos mecanismos de gran interés.

               En relación con el tema que estamos analizando, incorpora la existencia de un plan de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras destinado a evitar o detener la propagación de este tipo de especies.

               En este sentido, una de las atribuciones de este nuevo Servicio, será justamente la de elaborar, ejecutar y coordinar la implementación, así como velar y fiscalizar el cumplimiento de los planes de recuperación, conservación y gestión de especies, de los planes de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras y de los planes de manejo para la conservación y restauración ecológica.

               Para el cumplimiento de esta tarea, el Servicio podrá proponer al Ministerio del Medio Ambiente la nómina de especies calificadas como especies exóticas invasoras, sea que estas se encuentren o no asilvestradas en el país y en base a fundamentos técnico-científicos, así como ejecutar acciones de control y erradicación que se requieran con urgencia para evitar la propagación estas especies cuando puedan afectar irreparablemente ecosistemas o especies endémicas o nativas y sus hábitats, fomentar y ejecutar acciones de educación, sensibilización, información, capacitación y comunicación sobre la materia y definir, en conjunto con Servicio Agrícola y Ganadero o la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, según corresponda, las distintas zonas del país que sean vulnerables frente al riesgo que pueda significar la presencia de una o más especies exóticas invasoras, entre otras funciones.

               Es importante recalcar que estas atribuciones deberán ser ejercidas de forma coordinada con el resto de la institucionalidad ambiental. Lo que se busca es contar con una estrategia que coordine a los distintos actores en torno a una gestión sectorial que evite el solapamiento de competencias, que tenga una mirada integrada del territorio nacional, a lo largo de todos sus ecosistemas y que ponga su foco en la protección de la biodiversidad.