Comunicado de Prensa - 02 de agosto 2022
Cámara Colombiana de la Infraestructura
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Advierte la CCI:
Boquete en Ley de Transparencia, abre el camino para burlar los pliegos tipo
El antídoto estaría en un decreto reglamentario
Bogotá, 02 de agosto de 2022 -
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En el texto de la Ley de Transparencia liderada por la Vicepresidencia de la República y sancionada el pasado 18 de enero de 2022 por el presidente, se incluyó un parágrafo que estimula y facilita la elusión de los pliegos tipo, a través de convenios y contratos inter administrativos celebrados entre entidades sometidas a la ley 80 y empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, empresas sociales del Estado e instituciones públicas de educación superior. De esta manera, algunas gobernaciones y alcaldías, entre otras entidades públicas, están utilizando esta figura para transferir su presupuesto a entidades que, por estar sometidas al derecho privado, no estarían obligadas a contratar a través de pliegos tipo.
El parágrafo en mención fue avalado por el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transparencia y la Agencia Nacional de Contratación, durante el trámite de la ley en el Congreso de la República.
Sin embargo, un decreto reglamentario podría ser la tabla de salvación para preservar la transparencia en la contratación estatal, poniéndole coto a la mala práctica de utilizar los convenios y contratos inter administrativos. En efecto, el artículo 56 de la ley de transparencia-al cual le fue colgado el parágrafo en último minuto- contiene un concepto que no está definido en la norma, y por ende puede ser precisado por el Gobierno nacional a través de un decreto reglamentario. Este concepto, denominado “giro ordinario”, es el que está sirviendo para socavar la valiosa herramienta de los pliegos tipo, que ha demostrado ser indiscutiblemente útil para garantizar la sana competencia en los procesos públicos de selección de contratistas.
En efecto, de acuerdo con Colombia Compra Eficiente, la utilización delos pliegos tipo ha logrado ahorros cercanos a los 900 mil millones de pesos en la contratación de obras de infraestructura de transporte y ha aumentado a diecisiete el promedio de proponentes habilitados en las licitaciones públicas, cuando en el pasado, era de apenas uno.