Contratación electrónica. Es tiempo de remangarse

El pasado 18 de octubre de 2018 la implantación de la contratación pública electrónica debería ser ya una realidad, según el plazo marcado por la UE para implantar en todo su territorio la gestión electrónica de la contratación pública. Pero la verdad es que no lo es. Y ello a pesar de haber cumplido, incluso con antelación, con la aprobación de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), el pasado 9 de marzo d 2018. Y además  teniendo aprobadas sendas leyes de referencia en la implantación de la administración electrónica como la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Sentadas las bases legales para la actuación, las Administraciones Públicas (AA.PP.) deberían liderar el proceso de implantación,  sin escatimar esfuerzos ni recursos para llegar cuanto antes al final de un proceso que nos homologará con el resto de países de la UE. y que ayudará, sin duda, a finalizar el proceso de modernización e implantación de la administración electrónica en nuestro País.

Porque podremos discutir sobre si la Ley cumple, o no, con las expectativas generadas, o si lo hace con las necesidades reales de nuestra Administración y nuestras empresas, o sobre las estrategias a seguir e incluso sobre el modelo a implantar. Lo que ya no admite discusión es la implantación definitiva y obligatoria de la Licitación Electrónica para todas y cada una de nuestras Administraciones Públicas.

De la lectura de esta Ley si algo queda claro es su apuesta por la nueva Administración electrónica, lo que supone una serie de importantes mejoras, tanto para las AA.PP. como para las empresas que aspiran a convertirse en proveedoras de ellas.

En el caso de las AA.PP. las acerca a la realidad social, facilitando una relación más fluida y cercana con los ciudadanos, y posibilitando un ejercicio de liderazgo que le corresponde especialmente en los momentos de cambio.

Además, todo este proceso de implantación electrónica, integra, simplifica y normaliza los procesos de oferta, adjudicación y evaluación, facilitando la transparencia en todo el proceso, de modo que mejora las ofertas entre un 2% y un 10%, ya que favorece la competencia entre los proveedores al facilitar el acceso a la información.

Del mismo modo  se incorporan una serie de medidas que fomentan una mayor eficacia y racionalidad en el uso de los recursos públicos, consiguiendo un ahorro de hasta un 20% de los costes de gestión y adjudicación en los procedimientos de contratación. Se mejoran y optimizan, de forma importante, la labor de las personas dedicadas a la puesta en marcha y gestión del proceso, así como de los recursos dedicados al mismo.

Por su parte los licitadores también encuentran grandes ventajas, en todo este proceso de digitalización, entre otras se encuentra la desaparición de barreras ya sean temporales, geográficas o de cualquier tipo, ya que el servicio se encuentra disponible las 24 horas al día, los 365 días al año, permitiendo a los licitadores tener la misma información en tiempo real que el resto de la competencia, así como también facilitando, sin desplazamiento alguno, la participación en todo el proceso lo que además supone una importante reducción de costes lo que nos lleva, ya para terminar, a un aumento de la tan deseada eficiencia de las empresas interesadas.

Y por último, nos abre las puertas a un potencial mercado, la UE, regulado y de gran calidad, ya que además de la seguridad jurídica que ofrece, los procesos van a ser  homologables a los nuestros.

Por tanto ha llegado el tiempo de los gestores tanto públicos como privados, del pragmatismo, de remangarse las camisas, en definitiva de ponerse a   trabajar. El Ejecutivo y el Legislativo han hecho su trabajo en tiempo y forma y nos han marcado las reglas del juego. Aunque para muchos, y no les falta razón, se podrían haber hecho las cosas mejor.

A partir de aquí ya no hay excusas, ni para las AA.PP. que están obligadas a liderar todo este proceso de cambio, ni para las empresas que quieran ser proveedoras de esta nueva Administración. Las primeras poniendo todos los recursos a su alcance al servicio de la causa, desde los económicos a los políticos, pasando por los humanos, mientras que las segundas tendrán que preparar sus organizaciones y aprovechar definitivamente para actualizar las infraestructuras electrónicas y personales si quieren entrar en un mercado tan potente como competitivo, en el que ya no solo vale tener un producto o servicio a buen precio, sino que tendrán que establecer nuevas relaciones calidad/precio que satisfagan las exigencias de la Ley y además tener su empresa preparada para el reto de contratar con una Administración electrónica.