¿Cumple la legislación concursal española con su objetivo de conservar el tejido empresarial y el empleo?

Colaboración de Carlos Merayo Camacho , nuestro Prácticas Extracurriculares del Departamento de Derecho Mercantil en CMLZ Abogados

"El preámbulo del Texto Refundido de la Ley Concursal anuncia que el Derecho concursal en España pretende ser una herramienta de conservación del tejido empresarial y del empleo (cito textualmente). No obstante, en los últimos años las cifras ponen en duda si ese propósito está cumpliéndose. En 2023, de los 1.514 convenios y liquidaciones, un 90,8% resultaron en liquidaciones directas, mientras que solo un 6,7% fueron liquidaciones posteriores a intentos fallidos de reestructuración.

Esto no ha variado mucho ni con el paso de los años ni con las reformas realizadas, ya que, en 2022, de 1.790 acuerdos y liquidaciones, un 87,9% concluyeron en liquidaciones directas, y de ellas, un 6,6% fueron liquidaciones debido a reestructuraciones fracasadas. Igualmente pasa en 2021, el 86,6% culminaron en liquidación directa y un 8,4% en liquidaciones derivadas de intentos de reestructuración. El sistema concursal español, en la práctica, está favoreciendo la liquidación de empresas en lugar de conseguir su reestructuración, a pesar de que la normativa haya introducido, recientemente, cambios para fomentarlos. Los mecanismos concursales, no están consiguiendo que las empresas puedan continuar con su actividad y mantener a sus empleados, lo que provoca que haya una alta tasa de liquidaciones directas.

Estos datos indican que, para mejorar la viabilidad de las empresas que se ven abocadas al concurso, habrá que revisar el marco legal actual con el objetivo de acercarnos a ese propósito de mantener el tejido empresarial y el empleo. El legislador, ha pasado de una postura optimista a una más realista ante la dificultad de poder darle una salida exitosa a las empresas concursadas. En concreto, la Ley Concursal de 2003 establecía en su preámbulo que el objetivo principal del concurso era alcanzar con éxito convenios entre acreedores y deudores, con el objetivo de reestructurar deudas y asegurar la continuidad de la unidad productiva, sin llegar a su liquidación o venta. Sin embargo, en el texto refundido de 2020, esta referencia “optimista” desaparece del preámbulo, reflejando una visión más cautelosa.

Finalmente, en la reforma de 2022, el legislador da un paso más y trata las “flaquezas” existentes, tratando de mejorar la vía de la reestructuración de la empresa. Por lo tanto, nos encontramos ante un escenario que evidencia una realidad muy distinta al espíritu de la ley, reconociendo que la reestructuración y los convenios son la excepción a la norma, mientras que la liquidación se ha convertido en la tónica general. La ley concursal tiene como objetivo evitar el cierre prematuro de empresas, permitiendo que puedan reestructurarse y seguir funcionando. En teoría, esto es lo que debería estar ocurrir para que se puedan proteger los empleos y la economía local. Desgraciadamente, no es la realidad que impera en nuestro país."