DESORIENTADOS

Recientemente, una persona fustigó en sus redes sociales por qué el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) no le advirtió que un posgrado que cursó no estaba habilitado por este organismo rector. Manifestó su indignación y desaliento por lo que ella consideraba una estafa.

El caso es que se inscribió en una maestría de alto valor en el área de administración ofrecida por una agencia internacional que opera en el país para captar matrículas locales para una universidad en España. Este tipo de modelo de negocio está bastante replicado últimamente.

Lo que no sabía la señorita es que el Cones, ciertamente encargado de habilitar carreras de grado y posgrado en el país, tiene poco o nulo control sobre los actos que denunció. Para todo los demás cursos ofrecidos en el ámbito local, a distancia o presencial, si tiene intervención.

Esta situación obligó al Cones, a través de un comunicado, a recordar a la ciudadanía sus obligaciones legales. En salvaguarda de los intereses de los estudiantes, clausuró últimamente más de 200 carreras universitarias porque éstas no reunían los requisitos exigidos por las normativas vigentes.

El problema es que no todos saben cuáles son las instituciones de educación superior legalmente habilitadas así como sus programas de estudio para grado y posgrado. Y aunque puedan tener acceso a esa información, la amplitud cuantitativa de la oferta es tan grande que se produce el efecto inverso llamado desinformación.

Son muy escasas las líneas de acción pública dirigidas a satisfacer las necesidades de orientación-información para el acceso a la universidad, cuando en el contexto actual existen 54 universidades y 36 institutos superiores y más de 5000 carreras que han producido amplias divergencias en el Sistema de Educación Superior.

En el proceso de admisión o ingreso a la universidad, tampoco se analiza la hondura de la información que los postulantes tienen sobre el Sistema de Educación Superior en el que se van a insertar o de la misma institución educativa (facultad o universidad) que les admite para seguir estudios superiores.

Hasta ahora las pocas actividades de orientación-información son privativas de lo que se haga en el nivel secundario y, por tanto, no es responsabilidad de la universidad. En consecuencia, los adolescentes que quieren ingresar a la universidad están desorientados o tienen escasa información del sistema educativo superior, en general, y de los estudios elegidos, en particular.

Sin embargo, la ausencia de una política pública definida en cuanto a orientación-información para el acceso a la universidad es cubierta en gran medida por la oferta institucional privada que es precisamente el modelo prevalente de Educación Superior en el Paraguay . Las universidades privadas han tomado un camino ventajoso para construir todo un esquema cautivo de marketing dirigido a los adolescentes en periodo de toma de decisiones.

El modelo funciona para captar estudiantes nuevos, no para retenerlos en el sistema o asegurar la excelencia de su formación profesional, cuando este problema tiene como factor precisamente la falta adecuada de orientación-información para el acceso a la universidad. Hay que saber leer los altos índices de deserción que hay en la universidad más aún en pandemia.

Por tanto, la realidad general es que se desarrollan distintas líneas de acción en cuanto a orientación-información para el acceso a la universidad sin una intervención clara del Estado, lo cual hace que se produzca cierta desigualdad de la información en el estudiante. Este es un factor crítico y para nada despreciable de atender de modo a asegurar la calidad educativa y el desarrollo nacional.