EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO. UNA ASIGNATURA PENDIENTE EN ESPAÑA.

En febrero del año 2020, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) publicó un interesante informe con el título “Eficiencia del gasto público. Medición y propuestas de mejora”, cuyas conclusiones están hoy plenamente vigentes. En él se exponen una serie de resultados y conclusiones que, sin duda, podrían mejorar la gestión de los fondos públicos y la economía española.

Las principales conclusiones de este estudio son las siguientes:

1. El Sector Público español no necesita más dinero sino invertir y gastar mejor sus recursos (provenientes, en su mayor parte, de los impuestos). Con un volumen de deuda pública del 113 % del PIB y un déficit público del 4,8 % (al cierre del ejercicio 2022).
2. Podría reducir su gasto en un 41 % obteniendo los mismos resultados (prestando los mismos servicios públicos con igual calidad), si alcanzase un nivel de eficiencia igual al del gobierno de Suiza (el mejor valorado comparando el gasto público que realiza y sus resultados).
3. Y gestiona su gasto público con, cada vez, menor eficiencia. Pues, de acuerdo con los “Indicadores globales de gobernanza” del Banco Mundial ha sufrido una considerable pérdida de eficacia en la gestión del gasto público en el periodo comprendido entre los años 2006- 2018 en comparación con el periodo 1996- 2005.

En este sentido, identifica las siguientes áreas de mejora:

• Educación: España tiene la mayor tasa de abandono escolar de la Unión Europea (un 17,9 % en 2018 y un 13,9 % en 2022 según EUROSTAT); por encima de la media UE- 27, que se sitúa en un 9,6 %. El nivel de gasto por alumno en relación con nuestro PIB es similar a la media de la OCDE y la UE, pero los resultados que obtienen nuestros alumnos en el “Programa internacional para la evaluación de estudiantes” (PISA) son cada vez peores.
• Políticas activas de empleo: España dedica pocos recursos públicos, en comparación con otros países como Alemania y Francia, a la orientación y formación profesional de los desempleados; y no integra sus políticas activas y pasivas de empleo (incentivos y ayudas a la búsqueda de trabajo con las prestaciones por desempleo).
• Administración local: mejorar la organización de los ayuntamientos y diputaciones podría generar un ahorro de 40.000 millones de euros (uniendo ayuntamientos y concentrando la gestión de servicios municipales en entidades más grandes).
• Administración institucional (a la que llama “paralela”): hay organismos públicos instrumentales que no cumplen una función concreta, que han dejado de ser útiles o cuyas competencias se superponen a las de la Administración de la que dependen.

Y, finalmente, hace una serie de recomendaciones, en mi opinión muy interesantes:

1. Modificar el reparto de competencias entre Administraciones públicas: mejorando la coordinación entre ellas, acabando con los gastos improductivos e identificando las mejores prácticas de gestión a fin de reproducirlas en todos los niveles.
2. Suprimir las entidades y organismos del Sector Público institucional que no cumplen una finalidad concreta.
3. Aprovechar las ventajas de la colaboración entre el Sector Público y privado en los sectores en que ello es posible y no puede verse mermada la calidad de los servicios.
4. Llevar a cabo una gestión más racional y económica de los servicios públicos, no aumentando las tasas o precios públicos que se exigen por ellos salvo que sea estrictamente necesario, y, desde luego, mejorando la eficiencia en su prestación.
5. Y evaluar permanentemente el gasto público con criterios objetivos (identificando por volumen de gasto las actividades en las que se debe centrar este control) y teniendo en cuenta no sólo los recursos empleados, sino también los resultados obtenidos.