El feminicidio como delito de violencia basada en genero.

Los antecedentes de violencia física y psicológica elevan en más de 2 veces el riesgo de ser víctima de feminicidio. Este resultado sugiere la continuidad y el afianzamiento de los patrones de violencia, y que el feminicidio no aparece de la nada. El riesgo de feminicidio se reduce cuando la víctima fue en ocasiones anteriores agredida físicamente. Aunque este resultado parezca contraintuitivo, nos abre a un tema mayor sobre el que poco se ha debatido: No todos los agresores son iguales, sino que hay tipos (tipologías) de agresores. Los estudios que han estudiado la existencia de tipologías, han hallado en forma consistente tres tipos de agresores. Haremos referencia a los extremos de esta clasificación. En un extremo, están los “agresores limitados al ámbito familiar”. Son los que abundan. Ellos solo agreden a sus parejas, presentan pocas conductas antisociales, tienen una visión tradicional de los roles de género y, en general, parecen “normales” en muchos aspectos. No son los monstruos que esperamos. Tal es así, que diversas investigaciones han hallado pocas diferencias entre agresores y no agresores.

En el otro extremo de esta tipología, están los “violentos en general”. Para decirlo en breve, son los “matoncitos”. No solo le pegan a su pareja, sino que son capaces de agredir a vecinos, amigos y desconocidos en muchas situaciones. Suelen tener antecedentes penales y además registran antecedentes penales en mayor proporción. Son los que agreden con mayor severidad y frecuencia, y los que jamás recurren a ayuda psicológica. En este grupo están los que presentan más psicopatologías y desórdenes de personalidad, pero ni siquiera son mayoría. En otras palabras, los agresores no son “locos” (ni los “locos” agresores de

mujeres). ¿A qué viene todo esto de las tipologías? Son útiles para entender que mientras que algunos hombres desfogan su posible letalidad agrediendo físicamente (de ahí nuestro segundo resultado aludido líneas arriba), otros hombres ofrecen el “paquete completo” de la agresión hasta la letalidad. Además, las tipologías orientan al Estado sobre la necesidad de brindar servicios de atención a agresores que tomen en cuenta sus distintos riesgos y necesidades. El MIMP tiene servicios para agresores, pero insuficientes en cantidad. Apenas tres a nivel nacional.

Tercero, haber actuado con premeditación elevó en 78% la probabilidad de feminicidio. Otros estudios han identificado que la premeditación está asociada con cuán detalladas son las amenazas dadas por el agresor. Hay una asociación fuerte entre el detalle de las mismas y su ejecución. Signos de este tipo deberían formar parte del sentido común preventivo de posibles víctimas (así como de protocolos de identificación de riesgo en víctimas), pero también de policías, fiscales, jueces, médicos legistas, personal de Centros de Emergencia Mujer, etc.

Por último, las comisarías tienen un rol pendiente. Haber interpuesto una denuncia policial redujo en 6% el riesgo de feminicidio, pero en forma estadísticamente no significativa. En simple, esto significa que es probable que esa reducción se deba al azar y no a haber denunciado.

Repensar las tentativas de feminicidio tanto el MIMP como el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público contabilizan tentativas de feminicidio. Pero estas dos fuentes tienen discrepancias en los datos que otorgan. En el fondo, las diferencias en cifras entre ambas obedecen a un tema de fondo: al margen de cómo contabilicen tentativas, ambas fuentes tienen un sub reporte tremendo.

La mala noticia es que este ejercicio no es materialmente posible por la carencia de fuentes confiables. Esto nos debe llevar, de una vez por todas, a reformular cómo el Estado contabiliza las tentativas o simplemente dejar de hacerlo puesto que las cifras que circulan en la actualidad son un mal termómetro. Aunque no es posible contar adecuadamente las tentativas de feminicidio.

Que quede claro que tentativas de feminicidio y violencia con riesgo de feminicidio no son indicadores comparables y que el segundo no reemplaza al primero. Aun así, veamos las diferencias: de cada millón de mujeres, 9 fueron víctimas de tentativa según el MIMP, 1 lo fue según el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público y casi 17 mil fueron víctimas de violencia con riesgo de feminicidio.

Estas diferencias nos deben llevar a reflexionar sobre tres aspectos. Primero, la necesidad de contar con indicadores que midan agresiones graves (que pueden ser cercanas a las tentativas de feminicidio o conducir a ellas). Segundo, remarcar el sub reporte de casos graves de violencia. Tercero y más importante aún, visibilizar el gran número de agresiones con riesgo de feminicidio que el Estado debe prevenir e identificar. Cuarto, la necesidad de elaborar indicadores de focalización distritales sobre violencia contra las mujeres para dirigir recursos a donde más se necesitan.

El feminicidio constituye la forma penal que condena los homicidios de mujeres. Investigaciones elaboradas por comisiones técnicas sobre estos hechos de maltrato confirman que los noviazgos de pareja son el primer espacio de alto peligro para las mujeres. Las voces, los manotazos o el puñetazo inicial se efectúan en el entorno familiar, o en la convivencia diaria de parejas. Los resultados de mujeres asesinadas en edad fértil, son heridas que dejan en las familias, en hijos huérfanos de madre y muchas veces huérfanos de padre, que quedan doloridos de por vida en sus sensiblerías, en sus comprensiones, en su forma de pensar y razonar. El asesinato de mujeres por circunstancias de género es un hecho que aqueja solamente la vida de las mujeres a nivel mundial sin discriminación de estrato social. Ahora en la actualidad se habla de solucionar esta clase de violencia y abuso que se ha tornado motivo de preocupación de Organismos Internacionales, por lo cual el asesinato de mujeres no debe considerarse como una cuestión de tipo privado, sino como un acontecimiento que de forma histórica acontece para perdurar el poder masculino en las sociedades donde el hombre tiene la última palabra. Los gobiernos deben funcionar como garante de los Derechos Humanos y de los derechos específicos de las personas, complementando herramientas para prever, sancionar y suprimir toda forma de violencia contra las mujeres; pero también nosotros las personas, como parte de una sociedad debemos constituir un tejido social que ofrezca apoyo a las víctimas para de esta manera poner un alto a tanta violencia contra las mujeres. Cabe recalcar, para que el asesinato de una mujer pueda categorizarse como feminicidio, tiene que haber una motivación derivada de la creencia en la subordinación del género femenino al masculino, y por eso solo puede ser un hombre quien perpetre el crimen. Es decir, tiene que haber una relación de poder vinculada al género.

El feminicidio es consecuencia de la impunidad frente a la violencia sistemática contra la mujer, pues de hecho es el paso último de una escalada de violencia que no es denunciada (por la víctima o por su entorno) o, si es denunciada, es ignorada por las autoridades, al considerar dicha violencia como un asunto "doméstico", "natural" o "castigo merecido". Por ello, el punto de concentración de toda una sociedad preocupada por estos tipos de acontecimientos que en lugar de descender su porcentaje, esta ascendiendo a vista y paciencia de las autoridades. Es hora del cambio, de incentivar en nuestros propios hogares, el cambio de de costumbres, actitudes empieza de uno mismo y de las ganas de cada persona por hacer que las cosas cambien.