El modelo sindical argentino incluye gremios de actividad y profesión, grandes y chicos, jóvenes e históricos

Restringir la inscripción de nuevos gremios es ilegal, contrario al modelo sindical argentino y a los dictados de la Organización Internacional del Trabajo – OIT de la cual Argentina forma parte. Es la manera de alimentar las “mafias” que se desean combatir, puesto que son justamente los “gordos” (gremios con muchos afiliados) que beneficiados con esta medida seguirán acumulando poder y abusando de su condición dominante.

“La libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales” prescribe al artículo 1° de la ley 23551/88, de ahí que 37% de los trabajadores argentinos esté sindicalizado e integre un modelo admirado en el mundo.

En Argentina hay 3263 gremios (1640 con personería y 1623 con simple inscripción), algunos consideran que son muchos, desconociendo que existen 4102 asociaciones empresarias registradas.

Los gremios se constituyen por la necesidad social que viven los trabajadores; por ejemplo, los profesionales universitarios nunca pensamos en sindicalizarnos, pero debido a que el ejercicio liberal y autónomo de la profesión desapareció, comenzamos a organizarnos. Si el ministerio no autoriza nuevos gremios perderemos derechos.

Se dice livianamente que inscribir un gremio es simple, pero implica emprender un camino largo y lleno de obstáculos, con numerosos trámites que incluyen aprobar asambleas, elegir autoridades, redactar estatutos, afiliar al 20% de los trabajadores a representar, cotejar con los sindicatos preexistentes (que se encargan de “dinamitar” el trámite) y lidiar con la arbitrariedad del funcionario, quien, a pesar de cumplir los requisitos de ley, suele decidir con el dedo de Nerón la suerte de la asociación.

Este trámite demora en promedio 4 años, y los trabajadores que decidieron constituir su asociación temen “ahogarse en medio del río” y perder su empleo porque el empleador siempre intenta aniquilar cualquier intención de agremiarse. Contrariamente, nadie se “ruboriza” cuando la Inspección de Justicia otorga personería a una cámara empresaria en 6 meses.

Además ¿cuál es el problema que coexistan varias asociaciones si el afiliado convertirá en más representativa a la que ofrezca mejores servicios y salarios?, ¿acaso el empresario puede afiliarse libremente a la cámara que desee pero el trabajador no?

Que existan irregularidades no es escusa para impedir la constitución de un sindicato. Si se detecta que es un “sello de goma” sin afiliados, el Estado puede quitar el permiso otorgado.

La litigiosidad o “mafia judicial”, con 340 mil juicios laborales en trámite que colapsan tribunales, suele ser promovida por el propio empleador que ignora los derechos del trabajador. Por ejemplo, los sindicatos le notificamos sus obligaciones pero hace silencio, le pedimos registrar al trabajador en el convenio específico y nos dice que no cumplirá y que si no nos gusta hagamos juicio; cuando aceptamos el convite y 2 años después el juez lo condena por ignorar la ley, el empleador se victimiza y queja de la “industria del juicio” ignorando el principio de sus propios actos.

Si una empresa se funde por un reclamo laboral, no estuvo bien administrada.

Que la justicia se incline por el más débil no la convierte en mafiosa; por lo que resulta un grave error rechazar la habilitación de nuevos sindicatos para impedir el negocio de ciertos abogados, puesto que jamás se viola una ley para combatir una ilegalidad.

Cabe preguntarse, ¿solo existen abogados laborales “caranchos” que inventan causas, o también hay abogados corporativos indispuestos a conciliar que llevan todo a litigio para justificar su abono mensual?, ¿cuántas cartas documento, notificaciones, intimaciones, conciliaciones, demandas, sentencias y apelaciones evitaríamos si cada parte cediera algo?

Hay que castigar tanto el fraude de simular accidentes y problemas de salud, como la informalidad laboral. Registrar al trabajador, y respetarle su convenio y derechos desalentará la judicialización, promoverá el crecimiento de la empresa y fomentará el progreso del país.

Marcelo Peretta

Secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos – SAFYB

Secretario de Salud y Previsión de las 62 Organizaciones Peronistas