Enfoque disuasivo de enforcement

Actualmente, el enfoque más utilizado en los marcos regulatorios es el disuasivo (deterrent approach). La mayor parte de reguladores en el Perú encarnan el enfoque disuasivo de Enforcement, formalizado hace muchos años por Becker (1968) y Stigler (1970). De acuerdo con este enfoque, los sujetos regulados deciden su obediencia de la ley de acuerdo con un análisis costo-beneficio. Estos comparan su utilidad de cumplimiento esperada, es decir, las ganancias esperadas cuando obedecen la ley, con la utilidad de la violación esperada, es decir, las ganancias esperadas cuando violan la ley. Entonces, según este enfoque, los sujetos regulados obedecerán la ley sólo cuando su utilidad de cumplimiento esperada sea mayor que su utilidad de violación esperada.

El citado enfoque sostiene que los sistemas de enforcement deben inducir el cumplimiento mediante el castigo de una mala conducta. Al iniciar un procedimiento administrativo sancionador e imponer una sanción por incumplimientos de la regulación, el modelo de disuasión busca manipular los beneficios esperados asociados con las decisiones conductuales de los sujetos, e inducirlos a optar por el cumplimiento.

En el enfoque disuasivo se parte de la premisa de que las personas actúan racionalmente ante los incentivos generados por una sanción. De esa forma, se considera que la mayoría de sujetos regulados son seres «calculadores sin moral» que solo cumplirán la ley en la medida en que existan altas probabilidades de detección y cuando la sanción sea severa.

Ahora bien, este enfoque es criticado por las siguientes razones:

1.    Típicamente asume que las sanciones por el incumplimiento detectado se determinan de manera cierta y oportuna.

2.    Asume que las regulaciones son rigurosamente aplicadas (expost), es decir de manera perfecta, sin error del regulador.

3.    Asume que si se ha detectado el incumplimiento, este no es posible de ser perdonado

Los expertos en reglamentación han argumentado que este enfoque ha demostrado ser ineficaz para asegurar el cumplimiento y fomenta innecesariamente una relación de antagonismo entre los reguladores y los regulados.