¿Es la Soberanía Alimentaria una alternativa como modelo de desarrollo agroalimentario para Chile?: ¡NO!
Hasta ahora la inclusión de la "soberanía alimentaria" (SA) en la propuesta de nueva constitución para Chile ha pasado desapercibida. El texto que la incluye ya fue aprobado en general en la comisión de medioambiental de la Convención Constitucional. Sin embargo, la SA NO es un buen camino para Chile y no hay claridad respecto de si los y las convencionales que deberán votar este texto, conocen, entienden o dimensionan su impacto.
Sin la intención de hacer un recorrido completo y exacto de los orígenes de la SA, si es posible situarlo en los inicios de los 90 como una respuesta de organizaciones campesinas al ordenamiento global del comercio y del modelo de desarrollo agrícola para enfrentar el hambre y la pobreza.
En esencia, y conceptualmente, la SA propone un modelo en que los alimentos deben ser producidos por pequeños agricultores, con orientación hacia mercados locales y mediante prácticas agroecológicas, excluyendo de esta forma a las grandes y medianas empresas además de la agricultura industrial y la agricultura orgánica.
Como respuesta ideológica a la liberalización del comercio agrícola y la marginalización de la pequeña agricultura, la SA es muy valiosa, especialmente si miramos como el hambre y la pobreza no han disminuido como se esperaba con el modelo de desarrollo actual. Así, el enfoque de la SA pone en la agenda pública la necesidad de diseñar e implementar políticas agrícolas que permitan el desarrollo de sistemas alimentarios en múltiples niveles (por sistema alimentario me refiero al entendimiento que propone FAO respecto de los agentes e interacciones involucrados en toda la cadena alimentaria, desde el productor agrícola hasta el consumidor final, pasando por los productos y servicios de apoyo intermedios).
Hasta aquí todo bien con la SA, sin embargo, su problemática surge del fundamentalismo que la rodea. La imposición de los principios de la SA en un país como Chile (pequeño en superficie y con limitaciones de clima para producir la diversidad de alimentos que consumimos actualmente), sería un error, además de guiarnos a un espiral de subdesarrollo y amenazas a la seguridad alimentaria (por seguridad alimentaria me refiero a la definición de la FAO, que indica que todas las personas, en todo momento, debe tener acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, que satisfagan sus necesidades y preferencias alimentarias para una vida activa y saludable).
En este marco, la SA no resuelve el asunto de “quién” y “qué nivel” de seguridad alimentaria se promoverá cuando se ponga un mayor énfasis en la producción de pequeños agricultores y los sistemas alimentarios locales. Los pequeños agricultores pueden resultar beneficiados, sin duda, pero no hay claridad respecto de qué ocurrirá con los otros actores del Sistema Alimentario. Una dependencia total de la producción de pequeños agricultores puede poner en peligro la seguridad alimentaria a nivel nacional e internacional (según datos de la OMC, 1 de cada 6 personas en el mundo depende exclusivamente de las importaciones para satisfacer sus necesidades básicas de alimentos).
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Por otra parte, la SA no se hace cargo de los conflictos de intereses entre personas, comunidades y gobiernos, en tanto soberanos alimentariamente hablando. Así, una pregunta fundamental, para la que no hay respuesta desde la SA, es ¿de quién son los derechos fundamentales para definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias: de las personas, las comunidades o los gobiernos nacionales?, es decir, quién tiene el poder para decidir respecto de quién puede producir un determinado alimento, dónde puede producirlo, dónde puede venderlo, quién puede comprarlo, etc. Además, ¿quién tiene el derecho (o el poder) para definir que es una dieta “culturalmente apropiada” desde la perspectiva de la SA?, ¿cómo esta dieta culturalmente apropiada atiende o acoge los flujos migratorios y la diversidad cultural de nuestro país?, entre muchas otras interrogantes claves que quedan sin respuesta.
Finalmente, la SA pone en riesgo los procesos de integración internacional de Chile al no considerar los beneficios potenciales de la liberalización del comercio agrícola a nivel global. Sobre esto, vale la pena reflexionar respecto de que el comercio internacional, por si solo, no es beneficioso ni dañino para el desarrollo de la agricultura familiar o la pequeña agricultura a nivel local; la evidencia sugiere que son las políticas publicas locales (o la falta de ellas) para el desarrollo y competitividad de la agricultura familiar y la pequeña agricultura, las que determinan si el impacto del comercio internacional será o no beneficioso para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria.
Así las cosas, avanzar hacia una definición a nivel constitucional de la Soberanía Alimentaria, como modelo de desarrollo para Chile, sería un error y una irresponsabilidad. Recientemente fue aprobada una política de desarrollo rural, ¿qué hay ahí que pueda ser rescatado para impulsar el bienestar de la pequeña agricultura y la agricultura familiar?, ¿por cuantos años INDAP ha trabajado para fortalecer la pequeña agricultura y la agricultura familiar en todas las regiones del país? No hay una incompatibilidad entre el desarrollo de la agricultura familiar y la pequeña agricultura y el modelo de desarrollo agrícola actual. Lo que hay es una necesidad de adecuar, cambiar y transformar el sistema alimentario nacional hacia uno que facilite el desarrollo rural, fortalezca la seguridad alimentaria y conserve el medioambiente natural y la biodiversidad.
Citando al próximo ministro de agricultura, nuestro futuro se debe pensar con “Y” de inclusión y no con “O” de exclusión. Así, es posible integrar la agenda de la SA en la discusión pública e incorporar aquello que realmente es valioso y aplicable en nuestro contexto físico, biológico y socio-cultural, en lugar de imponer “por la fuerza” una propuesta ideológica que pone en riesgo la seguridad alimentaria y deja muy poco espacio para avanzar en materias tan relevantes como el derecho a la alimentación.
Sin agricultura no hay alimentos y sin alimentos no hay futuro.