¿Están los abogados metiéndose en camisa de once varas al asumir el rol de Oficiales de Cumplimiento? ⚖️💼

Desde que comencé a trabajar en el área de cumplimiento, he notado que muchas organizaciones tienden a asociar este rol casi exclusivamente con los abogados, confiando en su capacidad para interpretar la ley. Pero con el tiempo, me he dado cuenta de que la tarea de revisar actividades sospechosas requiere habilidades mucho más técnicas que solo el conocimiento jurídico. La pregunta es: ¿realmente el perfil tradicional de abogado es el más adecuado para ser un oficial de cumplimiento? 🤔

Una experiencia reveladora 🔍

Recuerdo una vez en la que trabajé con un equipo de cumplimiento donde un abogado fue designado como oficial. Aunque cumplía con las funciones normativas, su enfoque hacia la identificación de actividades sospechosas y movimientos contables inusuales era superficial. Le faltaban herramientas y conocimientos para detectar patrones irregulares o hacer un análisis detallado. Ese incidente me hizo reflexionar: ¿no sería más adecuado contar con un especialista en finanzas, con formación en LAFT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), para esta función?

El verdadero desafío: revisar actividades sospechosas 🕵️♂️📊

El monitoreo de actividades sospechosas exige un enfoque técnico, mucho más allá de lo jurídico. Un oficial de cumplimiento necesita ser capaz de identificar movimientos contables atípicos, señales de fraude o lavado de dinero. Estas tareas requieren conocimientos especializados en análisis financiero. Los expertos en auditoría o contabilidad forense son quienes tienen las herramientas adecuadas para detectar irregularidades en las transacciones, reconocer patrones en balances y auditar flujos de efectivo. Además, cumplir con regulaciones internacionales exige una comprensión profunda de aspectos técnicos que van más allá de lo básico.

Reflexión final: el perfil adecuado para un oficial de cumplimiento 🤝

En conclusión, el perfil ideal para un oficial de cumplimiento, sobre todo en la revisión de actividades sospechosas, no debe limitarse al de un abogado con conocimientos regulatorios. Es crucial que quien ocupe este rol tenga una combinación de habilidades técnicas y legales. Un abogado con formación en contabilidad, finanzas y riesgos LAFT puede ser una buena opción, pero también lo sería un contador, auditor o profesional financiero con una sólida formación en gestión de riesgos y normativa legal. Este perfil híbrido, que combine lo técnico y lo normativo, será mucho más efectivo ante los complejos desafíos actuales, permitiendo una evaluación más precisa y profunda de las actividades sospechosas.

Al final, optar por el profesional equivocado puede costarle a la empresa más que solo dinero; su imagen y reputación están en juego. Y para quien acepta un cargo sin las competencias necesarias, esos “ingresos extras” pueden convertirse en un precio muy alto para su ética y su reputación profesional.

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