Estadísticas del INE dejan entrever la urgencia de contar con una Ley Migratoria que esté a la altura de los desafíos migratorios actuales.

A principios de febrero del presente año, el Instituto Nacional de Estadísticas (“INE”) junto con el Departamento de Extranjería y Migración (“DEM”), presentaron el resultado de sus estudios sobre la estimación de personas extranjeras residentes en Chile al 31 de diciembre de 2018.

Los resultados de dicha encuesta arrojaron que se estima existen 1.251.225 personas extranjeras residentes en Chile, lo que viene a corresponder a un 6,6% del total de la población en nuestro país. En el citado estudio se observa también que desde el año 2017 a la fecha la población extranjera residente ha aumentado en aproximadamente un 67,6%, lo que constituye sin duda un aumento significativo en comparación con los años anteriores.

Según las cifras de este estudio, Chile se transformó en el país de América Latina con mayor población migrante en relación a la totalidad de sus habitantes. Sin perjuicio de lo señalado, cabe hacer presente que la cifra correspondiente al 6,6% no es particularmente alta en comparación con otros flujos migratorios a nivel mundial.

Consecuencia de este fenómeno, la necesidad de adoptar medidas de carácter  legislativas como administrativas que apunten a instaurar políticas públicas modernas y eficaces en relación a esta temática se ha transformado en un imperativo y es por eso que la premura que debe tener la promulgación de la Ley migratoria no debe estar exenta de que ésta tenga   un contenido real y actual

La urgencia para adoptar estas medidas se materializa, a modo de ejemplo, en el tiempo de espera que media entre la postulación a una visa y el otorgamiento de la misma – que en la actualidad obedece a un periodo de entre 9 a 11 meses en promedio-, en el cual la persona migrante no puede ejercer un trabajo formalmente.

Dicha situación se agrava aún más si consideramos que según las estadísticas del INE el 60% los migrantes residentes son personas entre 20 y 39 años, es decir, personas quienes debido a su rango etario constituyen población activa que viene a Chile con ánimo de trabajar y desarrollarse. Si consideramos a su vez, que los aumentos en el flujo migratorio provienen principalmente de países que están enfrentando agudas crisis políticas, económicas y sociales como lo son Venezuela y Haití, podemos comprender que los migrantes que arriban a Chile evidentemente no vienen con un presupuesto que les permita subsistir un periodo de tiempo tan extenso sin poder trabajar.

En consecuencia, estos déficits en nuestra legislación nos exponen a un escenario sumamente delicado, pues promueven que las personas que se encuentran en esta situación vulneren la ley, ejerciendo trabajos informales, promoviendo también que proliferen empresas o empleadores que se aprovechen de esta situación, jugando con la desesperación personas que buscan asentarse en nuestro país en busca de una mejor calidad de vida.

Constanza Canepa Cubillos

Abogada Asociada Legal Global