Garantía y no derecho

Mucho es lo que se critica al actual sistema de persecución penal, en especial, cada vez que aparecen causas que tienen alta connotación y que, muchas veces, son tergiversadas o infladas por los medios de información.

Pareciera razonable, desde el punto de vista de las víctimas, alzar la voz cada vez que el presunto autor del delito, queda en libertad debido a que no hay pruebas suficientes en su contra o porque se estimó, por los jueces, que la prueba que presenta el fiscal, fue obtenida infringiendo normas procesales.

También pareciera ser razonable, esta vez desde el punto de vista del imputado, escuchar su descontento ante una condena que lo privará de libertad durante varios años, fundada en prueba insuficiente o que fue obtenida de manera ilegal, incluso, inexistente. Mucho más vehemente y razonable resulta este reclamo, si el condenado es inocente.

La presunción de inocencia, no es un derecho, es una garantía, garantía de que el Estado, en tanto dure la investigación y no exista sentencia condenatoria, tratará al ciudadano que es investigado, como si fuese inocente.

Sin embargo, esta garantía pierde fuerza sin la existencia de otra garantía, que la investigación se realice conforme a las normas que aseguren un debido proceso.

En términos simples, el debido proceso, se encuentra formado por los pasos que deben cumplir jueces, fiscales y policías, durante la investigación de un delito, desde que se inicia hasta que termina. Todo ello, con miras a obtener una sentencia justa y acorde a la prueba legítimamente obtenida.

Algunos critican el exceso de formalidades y que, por no cumplir alguna, los casos quedan impunes.

No obstante, esos pasos, formalidades, normas, manuales, permiten que los ciudadanos estemos protegidos ante el poder ilimitado con el que cuenta el Estado, al momento de investigar una denuncia y sancionar hechos calificados como delitos, esto es, la facultad conocida como ius puniendi. El Derecho Penal y sus garantías, son, precisamente, el límite al ius puniendi.

En este orden de ideas, cada vez que un abogado defensor discute la legalidad de la actuación de la policía, no sólo se encuentra defendiendo los intereses de su cliente, sino que defiende la estabilidad y credibilidad de los principios y garantías que sostienen al proceso penal, de tal forma de asegurar que el sistema de administración de justicia, no se corrompa. Se busca proteger a los ciudadanos, de los abusos que pueda cometer el Estado, a través de sus agentes (fiscales, policías, etc.) en la persecución penal, evitando condenas injustas.

Imagine el siguiente ejemplo:

• Una noche, usted escucha una fuerte discusión afuera de su casa y luego un golpe seco en su jardín. Sale a ver y encuentra el cuerpo de una mujer, la que ha sido apuñalada y lanzada hacia su jardín.
• Hace la denuncia inmediatamente a la policía.
• Su vecino, al enterarse, aprovecha el momento de cobrar venganza de un problema que tuvieron hace un par de meses, e insinúa haberlo visto discutiendo con la desdichada mujer.
• No existe otra prueba de la agresión, más que la declaración de su vecino, ni Ud. tiene prueba a favor, pues vive solo.
• El fiscal, no muy convencido, requiere de más pruebas incriminatorias.
• El vecino, a toda costa, hace lo posible para que el fiscal tenga prueba en su contra. Así, después de un par de meses, acudiendo a un amigo en la policía, su vecino logra introducir un cuchillo en el jardín de su casa, con sangre de la víctima.
• El policía, cómplice de esta conspiración, llega con el cuchillo al fiscal, sin haber cumplido con el protocolo que le obliga a fotografiar el arma antes de levantarla, meterla en la bolsa y etiquetarla.
• Era la prueba definitiva que faltaba, para asegurar su condena.
• Se realiza el juicio, y a usted lo condenan por el delito de femicidio, todo gracias a que no se cumplieron con los protocolos pertinentes.

Las normas que se han establecido para regular la investigación penal y posterior acusación, también constituyen una garantía, contar con un proceso justo, exento de vicios que pudieran “ensuciar” la sentencia. Una sentencia justa, es aquella que se fundamenta en un procedimiento en el que se ha dado cumplimiento a todas las normas respectivas, a las que están obligados todos los intervinientes en el proceso penal.

Es importante defender estas garantías y mantenerlas inalterables, pues nadie está libre de ser acusado por un delito falso, cuestión que es habitual, pero que poca gente conoce.

Por ello, si usted se entera que dejaron en libertad a un sospechoso de un delito, ya sea porque se anuló la prueba debido a la ilicitud en su obtención, o porque no eran las correctas para el caso, etc., debe dirigir las críticas a los policías y fiscales, por haber vulnerado las garantías penales, cuya función es protegernos a todos de los abusos del Estado.