Gente normal ocupando viviendas

De inquilino a "okupa" por pura necesidad.

El acceso a la vivienda de alquiler, tras la maldita Ley de Vivienda y los decretos del Gobierno haciendo responsable al arrendador de sus inquilinos, se ha vuelto casi imposible en muchas ciudades. La consecuencia, que podría parecer extrema, es cada vez más común: inquilinos que, tras agotar sus opciones, se ven obligados a convertirse en okupas para no quedarse en la calle.

En un caso reciente, y tras una década pagando 750 euros de alquiler, el propietario comunica el fin del arriendo y la venta de la finca por 400.000 euros, un precio fuera del alcance de los inquilinos. Mientras que hace 10 años ese alquiler parecía razonable, hoy se ha convertido en un "chollo" en comparación con los 1.200 euros que se piden por pisos similares en la misma zona. Esta venta, aunque legal, supone un golpe devastador para la familia, que se enfrenta no solo a la pérdida de su hogar, sino también a la imposibilidad de encontrar una alternativa en un mercado inmobiliario completamente descontrolado.

Durante muchos meses y desde el aviso, esta familia ha buscado un nuevo hogar. Sin embargo, la realidad es que las opciones disponibles son escasas y desproporcionadamente caras. Muchos propietarios prefieren alquilar sus inmuebles a estudiantes o turistas a través de plataformas como Airbnb, donde pueden aumentar los precios de forma más frecuente y sin restricciones legales. Los contratos cortos se han convertido en la norma, desplazando a las familias que necesitan estabilidad a largo plazo. Este fenómeno se repite en otras ciudades españolas, donde el mercado del alquiler ha sido secuestrado por la especulación y la falta de regulación efectiva.

La única alternativa viable de esta familia es la okupación de la propia vacía, pero lleva al desahucio por precario aunque, como es el caso, sigan pagando renta. No es una opción deliberada, sino el último recurso ante la desesperación de no tener un lugar donde vivir.

El artículo 245 del Código Penal sanciona la okupación, pero este tipo de situaciones sin mala fe ni dolo requieren un enfoque más humano y menos punitivo...pero que se lo digan al arrendador que, posiblemente, también lo esté pasando mal si no vende.

El acceso a una vivienda digna debería ser un derecho garantizado, pero en la práctica, este derecho se ha vuelto inaccesible para muchas familias. La ley, que debería proteger a los inquilinos frente a la especulación, se queda corta, y las medidas adoptadas por las administraciones locales y autonómicas no han sido suficientes para frenar este problema. Mientras tanto, miles de familias en toda España se enfrentan a la posibilidad de quedarse en la calle o de recurrir a la okupación como única alternativa.

El mercado del alquiler está roto, y las políticas públicas no han sido capaces de resolver la crisis habitacional. La especulación sigue siendo la norma, y las familias que buscan estabilidad y un hogar se ven desplazadas por inversores y turistas.

Si no se toman medidas inmediatas, seguiremos viendo cómo más inquilinos se ven obligados a convertirse en okupas, no por elección, sino por necesidad. La okupación no es el problema de fondo; es una consecuencia directa de un mercado que ha fallado a las personas que más lo necesitan. Es hora de que el derecho a la vivienda deje de ser una promesa vacía y se convierta en una realidad tangible para todos.