No hay fondo sin forma

Tenemos el qué, el para qué, el cuándo y el cuánto. Nos falta el cómo. La definición de la gobernanza de los fondos procedentes del Plan Europeo de Recuperación y el diseño de su gestión deben ser una prioridad para la Administración Pública española

La respuesta europea al impacto económico generado por la pandemia de la Covid-19 ha supuesto un hito en la historia reciente, constituyendo un desembolso de inversión pública desconocida hasta la fecha. Así, los 750.000 millones de euros del Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU), de los que 140.000 millones de euros, aproximadamente, corresponderán a España, ofrecen una oportunidad única para los Estados miembro, a fin de acometer un rápido proceso de recuperación y transformación de su economía, especialmente en los países donde sus principales sectores económicos se han mostrado especialmente expuestos, como el nuestro (el turismo supone el 12% de nuestro PIB y la temporada de verano ha sido desastrosa).

En un plazo de apenas cuatro meses desde que la OMS decretara la pandemia mundial, la Unión Europea ya había aprobado su Plan de Recuperación. Es destacable la brevedad de este periodo si tenemos en cuenta el complejo funcionamiento de la Unión y los plazos que tradicionalmente maneja. En este tiempo, además de la cuantía y el reparto aproximado para cada país (el “cuánto”), se ha definido el resto de elementos necesarios para hacer de este Plan un punto de inflexión en la recuperación y la transformación de la economía europea hacia un modelo sostenible, digital y con mayor peso industrial.

Existe un diseño claro de los instrumentos (el “qué”) en que se divide el Plan, donde el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia juega un papel esencial. Tenemos perfectamente definidas las prioridades y las líneas de trabajo hacia las que cada país debe orientar sus reformas e inversiones, que se articulan en torno al Semestre Europeo (aquí se puede consultar un resumen del Banco de España sobre las recomendaciones para España), a la doble transición ecológica y digital y a la reindustrialización (el “para qué”). Y los plazos (el “cuándo”) están estipulados, con el objetivo de concentrar la mayor parte del compromiso de gasto y de ejecución de los fondos en el corto plazo (principalmente, en 2021 y 2022).

Sin embargo, la articulación del “cómo” no cuenta con el mismo grado de madurez. Debemos partir de la arquitectura del Plan, que delega en los Estados miembro la definición de la gobernanza y la gestión de los fondos (de nuevo, la prioridad debe estar en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que concentra el 90% del importe total). Con el foco en España, la Administración Pública (Estado y Comunidades Autónomas) tiene todavía pendientes algunos elementos cuya rápida definición es esencial para agilizar al máximo el que debe ser el principal objetivo compartido: que los fondos lleguen lo antes posible a la economía productiva.

Así, es necesario que el Gobierno defina la gobernanza del Plan Nacional (estructura, responsabilidades, coordinación con las Comunidades Autónomas, etc.), así como las grandes líneas de actuación para su canalización y tramitación. Todo ello, en atención a la mayor eficacia y el éxito de los objetivos definidos por la UE, con una importante presencia de la colaboración público-privada. Sin duda, ésta puede ser una vía interesante para cristalizar y hacer efectivo el llamamiento a la unidad hecho por el Presidente del Gobierno en la conferencia “España puede” del pasado 31 de agosto.

Adicionalmente, para evitar errores del pasado y ofrecer una respuesta alineada con la relevancia y la imperiosa necesidad del momento, es necesario que el Sector Público vertebre los procedimientos de gestión de estos fondos en torno a tres premisas: la priorización de la inversión directa en empresas, para recuperar y activar al tejido productivo y aprovechar su experiencia en trabajar con enfoque en proyectos; la simplificación y la agilidad administrativa, dentro del marco fijado por la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley General de Subvenciones; y la máxima transparencia y rigor en la asignación y supervisión de los fondos, que incluya una evaluación y monitorización permanente de su ejecución y resultados, respetando en todo caso la participación de distintas Administraciones en este proceso.

La suma de todo ello derivará en un concepto clave: la confianza. España se juega mucho y la UE ya ha dado pasos relevantes. Nos toca actuar en consecuencia y acelerar todas las cosas que estén en nuestra mano. Y el “cómo” es una de ellas.