JUSTICIA EN ÉPOCAS DE COVID-19

Desde hace unas semanas, un grupo de abogadas y abogados comprometidos con la justicia social decidimos promover un juicio de amparo en el que alegamos la violación al derecho fundamental al mínimo vital, debido a la omisión del Gobierno Federal de otorgar una prestación que garantice la subsistencia en condiciones de dignidad y autonomía de las personas en situación de extrema vulnerabilidad.

El caso en el que trabajamos es particularmente dramático. Una familia en situación de pobreza lacerante. Una madre, jefa de familia, encargada del cuidado y manutención de su hija e hijo, ambos con una seria discapacidad motriz y cognitiva que, además, los hace particularmente vulnerables a las enfermedades respiratorias. Para poder soportar los gastos de su familia, la madre se dedica a la venta de postres frente al centro educativo al que asisten su hija y su hijo, lo cual apenas les permite obtener los recursos necesarios para subsistir.

Sin embargo, debido a la suspensión de las actividades escolares con motivo de la emergencia sanitaria por la epidemia de COVID-19, desde mediados de marzo de este año, la madre se ha visto impedida de continuar con su actividad económica y de obtener los ingresos que requieren para hacer frente a sus necesidades más elementales. Esto debido a que no puede separarse de su hija e hijo, ya que, por su discapacidad múltiple, requieren de cuidados y atención permanentes, además de que son particularmente susceptibles a las enfermedades como el COVID-19.

Entonces, por las circunstancias antes descritas y ante el incumplimiento del Gobierno Federal de su obligación de otorgar una prestación que garantice su subsistencia, la madre se encuentra en situación en la que nadie debería estar, ya que tiene que decidir entre quedarse en casa para no poner en riesgo la delicada salud de su hija e hijo, con el consiguiente peligro de morir de inanición y con la certeza de permanecer en condiciones de miseria e indignidad, o salir para intentar conseguir los ingresos que requieren para subsistir y asumir el riesgo desproporcionado que esto implica a su salud y a sus vidas.

Después de sortear todo tipo de obstáculos, entre ellos, la negativa del personal del Poder Judicial de la Federación de siquiera recibir la demanda de amparo, la negativa de la Jueza de Distrito de dar trámite a la demanda y de conceder la suspensión solicitada, la interposición del recurso de queja en contra de dicha resolución, en el que finalmente el Tribunal Colegiado ordenó que se diera trámite al asunto y se admitiera la demanda, el día de ayer nos notificaron la resolución en la que se otorga la suspensión de plano solicitada.

Más allá de que dicha resolución aún no se encuentra firme, ya que ésta todavía puede ser recurrida, y que los términos en que se encuentran redactados los efectos de la suspensión de plano concedida podrían, en su caso, dar lugar un cumplimiento deficiente por parte de las autoridades responsables, considero que el resultado logrado representa un importante avance en materia de judicialización del derecho fundamental al mínimo vital y, en general, de los derechos sociales.

Ante el abandono institucional por parte del Estado Mexicano en el que se encuentran una buena parte de las personas en situación de extrema vulnerabilidad, la cual se ha visto exacerbada durante la emergencia sanitaria, resulta indispensable que las autoridades jurisdiccionales intervengan para garantizar la subsistencia en condiciones dignas y autónomas de quienes se encuentran materialmente impedidos para procurarse por sus propios medios los recursos que necesitan para satisfacer sus necesidades más elementales.

Mi más sincero agradecimiento y reconocimiento para María del Carmen González, Gema Ayecac, Jennifer Hamed Kassian, Paloma Baltazar Pedraza, así como al resto de las y los integrantes del equipo que decidieron permanecer en el anonimato. Gracias también a Eduardo Omar Angel y Alberto Beristain por su invaluable apoyo y solidaridad.

Para la madre, la hija y el hijo, cuyos nombres he omitido por respeto a su privacidad, mi respeto y admiración por su valor, resiliencia y determinación para hacer frente a un sistema opresivo y excluyente que siempre les ha mostrado su cara más desagradable.