Vivimos tiempos en los que por fin un medio de transporte a escala humana, la bicicleta, empieza a tener un papel relevante en las políticas de movilidad de nuestras ciudades. Tímidamente todavía, sin duda, pero la transformación ha comenzado. Una transformación que requirió con anterioridad de un cambio de mentalidad por parte de las autoridades públicas en lo referente a la necesidad de diseñar políticas de movilidad que permitieran construir (aquí sería mejor decir “reconstruir”) unas ciudades más habitables para sus habitantes.

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Nuestros espacios urbanos llevan décadas sometidos al poder tiránico del vehículo a motor. El sometimiento es tal que subyuga nuestra humana capacidad de relacionarnos con los demás en el espacio público, en múltiples aspectos y hasta límites insospechados, alterando sobremanera nuestras condiciones de vida. Necesitamos revertir esta situación, dejar de diseñar políticas de movilidad en función de las necesidades del automóvil y empezar a adaptarlas a las necesidades y escala de los seres humanos. La bicicleta funciona aquí como herramienta de cambio y democratización de nuestras ciudades en el ámbito de la movilidad urbana, al constituirse por sí misma en un medio de transporte ideal sobre el que articular esas políticas.

La relación entre bicicleta y ciudad se nos antoja, en cualquier caso, problemática. En primer lugar porque no cabe hablar aquí de “relación” en singular sino, más bien, de “relaciones” en plural. No creemos en la posibilidad de establecer una relación única y unívoca entre bicicleta y ciudad, al modo en que se ha establecido entre el vehículo motorizado y los espacios públicos. Y si tal se pudiese, creeríamos aún menos en ella: frente a la tiranía del automóvil, la democracia de la bicicleta.

El compromiso con la Red de Ciudades por la Bicicleta es un compromiso democrático de las autoridades urbanas con sus habitantes. Si nos felicitamos de que por fin los ayuntamientos empiecen a fomentar la utilización de un medio de transporte a escala humana, lo hacemos desde la aceptación necesaria de que “lo humano” es plural y diverso. Las políticas de movilidad de nuestras ciudades deben responder a las necesidades plurales y diversas de sus habitantes.

Podríamos tomar cualquier colectivo como ejemplo, distinto al estándar del “hombre (o mujer) adulto que tiene carné de conducir y utiliza su coche a diario para ir a trabajar”. La ciudad es de todos, y por eso resulta del todo inadmisible, por ejemplo, que en una gran ciudad costera un niño (o niña) que viva en un barrio más o menos alejado de la costa no pueda pedalear con su bicicleta hasta la playa por el peligro que suponen el tráfico motorizado de sus calles. O que necesite ir acompañado a diario para llegar al colegio. Inadmisible, inaceptable: la ciudad es de todos.

Las autoridades públicas deberían tomar nota de esto: no queremos seguir viviendo en ciudades sometidas a políticas de movilidad tiránicas que respondan exclusivamente al interés del automóvil soslayando el compromiso democrático con la libertad y las necesidades de sus habitantes: de todos sus habitantes. La cada vez mayor presencia de la bicicleta en las ciudades debería ser considerada y promocionada como herramienta para el cambio no sólo en el ámbito de las políticas de movilidad urbana, sino también en el marco de un proceso más amplio y ambicioso de profundización de las costumbres democráticas en el espacio urbano.