La democracia y el promedio de bateo de Javier Laynez

“Está muy activo el ministro Laynez”, dijo el jueves el presidente Andrés Manuel #LópezObrador, y recordó que “fue el que intervino en lo de #NuevoLeón (la historia que dejó fuera a Samuel García de la contienda presidencial), estuvo de guardia, intervino en esto de los fideicomisos para que no devuelvan el dinero los integrantes del #PoderJudicial y también intervino ayer en los vapeadores, o sea que está bateando arriba de 300”, ironizó el presidente respecto a la efectividad del ministro, que ha bateado cada una de las últimas pichadas del mandatario. La más reciente fue el plan que tenía de utilizar los recursos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial para reconstruir Acapulco. Laynez otorgó una suspensión para impedir su eliminación, por lo que el dinero no podrá emplearse según la voluntad del presidente.

El ministro #JavierLaynez Potisek ha sido un personaje incómodo para López Obrador. En marzo, por ejemplo, suspendió la aplicación del Plan B de la reforma electoral; en junio propuso declarar la invalidez total de la reforma por violaciones al proceso legislativo; y durante las protestas de trabajadores del Poder Judicial por la eliminación de los fideicomisos, desmintió que la Corte los incitara a manifestarse, como acusó el presidente, y defendió la autonomía del Poder Judicial para mantener el control constitucional, así como el sistema de pesos y contrapesos. ¡Batazo de hit!

En un escenario de país en el que parece que se hace solamente lo que el presidente quiere, con una oposición “moralmente derrotada” —que por lo que ha dejado ver durante los primeros días de precampaña, da la impresión de que “no entiende, que no entiende”— la Suprema Corte se ha mantenido firme, debatiendo con la ley en la mano las iniciativas que el presidente ha querido imponer a los otros poderes que gobiernan nuestro país. El Legislativo y el Judicial, al igual que el Ejecutivo, tienen la encomienda de cuidarse unos a otros, para que ninguno se pase de la raya, solo así es posible fortalecer nuestra joven democracia y garantizar que el poder siga residiendo en el pueblo, y siga ejerciéndose por medio de sus representantes, elegidos mediante el voto.

Y es que la democracia no se trata solamente de votar, implica también el respeto a los derechos humanos, el Estado de derecho, la separación de poderes y la participación ciudadana. Ahí es donde el poder judicial desempeña un papel esencial para garantizar el funcionamiento democrático en México; es el responsable de interpretar y aplicar las leyes, de resolver los conflictos entre los ciudadanos y los poderes públicos, y de verificar la constitucionalidad de las normas y los actos de gobierno. Se encarga de que todos cumplan las reglas. No obstante, sabemos que el poder judicial no es perfecto, al igual que los otros poderes, es sujeto de influencias políticas, económicas y sociales. Al igual que todas las instituciones, son producto de lo que somos como sociedad. Tenemos el presidente; los diputados y senadores; y el poder judicial para el que nos ha alcanzado. Así, el poder judicial puede ser tan independiente como lo hayamos demandado, tan eficaz como lo hayamos exigido, tan transparente como lo hayamos vigilado, tan accesible como lo hayamos requerido, tan responsable como lo hayamos obligado, todo según la cultura jurídica y política que nos hemos construido.

En México, el poder judicial ha sido objeto de críticas y cuestionamientos, tanto por parte de la ciudadanía como por parte de los otros poderes del Estado. En especial, el presidente López Obrador ha sostenido una confrontación permanente, acusándolo de ser un poder conservador, corporativo, privilegiado y corrupto, que se resiste a su proyecto de transformación nacional. Esta confrontación se ha intensificado en los últimos meses, luego de que se ha destapado que algunos ministros son abiertamente defensores de lo que diga el presidente, aun por encima de la Constitución, y otros se han mostrado independientes y no les ha temblado el pulso a la hora de confrontarlo y ponerle un alto. Una de ellas ha sido la ministra presidenta Norma Lucía Piña y, en fechas recientes, quien ha asumido como “bateador designado”, ha sido Javier Laynez Potisek, originario de Torreón, Coahuila; licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana y con maestría y doctorado en Derecho Público por la Universidad de París. El abogado norteño fue propuesto por el presidente Peña Nieto y ratificado por el Senado como Ministro de la Suprema Corte en diciembre de 2015. Durante las últimas semanas ha sido la cara más visible del poder judicial, un poder del que sabemos poco en la esfera pública, pero que ha sido fundamental para la consolidación del Estado mexicano, al resolver las controversias derivadas de las revoluciones, las reformas, las crisis y las transiciones que han marcado nuestra historia. Y también hay que decir que ha sido un poder históricamente subordinado, sujeto a las presiones e injerencias del presidente priísta en turno, incidiendo en su integración, organización, presupuesto y decisiones. Con el avance de la democracia, principalmente a partir del sexenio del presidente Ernesto Zedillo, el poder judicial alcanzó una mayor independencia, que vino acompañada de una marcada opacidad, ya que carece de mecanismos efectivos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana que le permitan fortalecer su legitimidad y credibilidad ante la sociedad.

El actual enfrentamiento de poderes puede ser muy positivo para fortalecer nuestra democracia. El poder judicial ya vivió una época bajo el control de los presidentes, esta crisis muestra que ya no es así y eso es muy positivo, pero no debe tratarse de una confrontación por capricho, sino por un orden constitucional en beneficio de México. El juego democrático que buscamos es que si el presidente lanza una iniciativa que arrasa por una mayoría oficialista en el #Congreso, el poder Judicial tenga el suficiente “punch” para batearla fuera del estadio, con la Constitución en la mano, en defensa de México. Para que esto suceda se requiere de una ciudadanía informada, crítica y participativa, que pueda ejercer un control efectivo sobre los poderes públicos y privados que afectan su vida. Hoy no se trata de aplaudirle a Laynez porque sí o porque le está llevando la contra al presidente, sino porque está haciendo su trabajo. Si pudo “batear los lanzamientos” de #AMLO fue porque eran “bateables”, es decir, porque se hicieron mal desde el Ejecutivo y el Legislativo. Si el presidente quiere bajar el porcentaje de Laynez o de cualquier ministro de la #SCJN, deberá seguir las reglas del juego democrático, respetando los contrapesos, la independencia y el equilibrio de poderes.