La Gestión de Riesgos en el Sector Energético: Un Enfoque Riguroso hacia el Cumplimiento Normativo y la Responsabilidad Penal.

En el entorno de la industria energética, caracterizado por su complejidad y dinamismo, donde la seguridad, la protección ambiental y Compliance son fundamentos imperativos, la gestión de riesgos emerge como un componente esencial para salvaguardar la integridad operativa y legal de las organizaciones.

Este artículo se propone explorar detalladamente cómo las compañías del sector petrolero y de gas gestionan y mitigan los riesgos asociados con sus operaciones, desde la seguridad en las instalaciones hasta la prevención de derrames y accidentes, en un contexto de Compliance y responsabilidad penal de la persona jurídica conforme a la legislación española.

En el marco de un sector tan crucial como el energético, la gestión de riesgos adquiere una importancia ineludible. Las empresas que operan en el ámbito del petróleo y el gas deben enfrentarse a una serie de desafíos complejos, donde la seguridad, la protección ambiental y Compliance se erigen como pilares necesarios para el desarrollo sostenible y la viabilidad de sus actividades.

Para lograr este objetivo, estas empresas implementan una serie de medidas que se conectan integralmente con las disposiciones legales pertinentes. En primer lugar, realizan evaluaciones sistemáticas de sus instalaciones para identificar posibles amenazas a la integridad laboral y ambiental, conforme a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Además, llevan a cabo programas de formación periódica para todo el personal, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa laboral española. Este enfoque se centra en los procedimientos de seguridad y las técnicas de prevención de accidentes, garantizando así que las personas trabajadoras estén debidamente instruidas y preparadas para actuar ante situaciones de riesgo.

Asimismo, se emplean sistemas de vanguardia y controles de última generación para prevenir incidentes como derrames de hidrocarburos, en consonancia con la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Ambiental. Esto incluye la instalación de sistemas de detección de fugas y la implementación de barreras de contención, con el fin de minimizar el impacto en caso de eventualidades y cumplir con las regulaciones ambientales vigentes.

Las empresas establecen un riguroso Sistema de Gestión de Compliance que abarca políticas y procedimientos destinados a asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes, incluyendo la Ley Orgánica 5/2010, que reformó el Código Penal español para introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este programa incluye medidas para la detección y prevención de posibles delitos, así como para el manejo adecuado de situaciones de crisis, de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes.

La Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, según el Artículo 31 bis del Código Penal español, implica que las empresas pueden enfrentar cargos penales por delitos cometidos en sus actividades comerciales, como los relacionados con seguridad laboral, protección ambiental y cumplimiento normativo. Esto exige a las empresas del sector energético implementar una gestión de riesgos sólida, no solo como buena práctica empresarial, sino también como un requisito legal para evitar consecuencias como sanciones pecuniarias, pérdida de licencias y daños reputacionales.

"La gestión de riesgos en el sector energético es un componente esencial de la operativa empresarial, que abarca desde la exploración y producción de recursos energéticos hasta su transporte, distribución y comercialización."

La gestión de riesgos en este contexto va más allá de procedimientos operativos; es un componente clave de la estrategia empresarial. Esto incluye medidas para salvaguardar la seguridad laboral, la integridad ambiental y el cumplimiento normativo, desde la identificación y evaluación exhaustiva de riesgos hasta la implementación de controles eficaces y el monitoreo continuo de su efectividad. Esto se logra mediante técnicas avanzadas como análisis de riesgos y evaluaciones de impacto ambiental, junto con la adopción de tecnologías de seguridad y la capacitación del personal. Además, se promueve una cultura organizacional de reporting y comunicación abierta para detectar y abordar riesgos emergentes.

El proceso de gestión de riesgos en el sector energético es un componente esencial de la operativa empresarial, que abarca desde la exploración y producción de recursos energéticos hasta su transporte, distribución y comercialización. Este proceso se inicia con la identificación y evaluación exhaustiva de los riesgos inherentes a las operaciones de la organización, abordando una amplia gama de aspectos que van desde la seguridad laboral y la protección ambiental hasta el cumplimiento normativo y los riesgos financieros.

La identificación de riesgos implica un análisis meticuloso de todos los elementos de la cadena de valor energética, desde las instalaciones de producción y las plataformas offshore hasta las redes de transporte y distribución. Se utilizan herramientas y metodologías especializadas, como análisis de riesgos cuantitativos y cualitativos, matrices de riesgos y evaluaciones de impacto ambiental, para detectar posibles amenazas y vulnerabilidades que puedan afectar la seguridad de los trabajadores, el medio ambiente y la integridad operativa de la empresa.

Este análisis exhaustivo se lleva a cabo con la participación de profesionales expertos en gestión de riesgos, Compliance y otras disciplinas relevantes, quienes aportan su conocimiento especializado para identificar y evaluar los riesgos potenciales de manera rigurosa y sistemática. Se revisan detalladamente cada etapa de las operaciones energéticas, desde la identificación de riesgos en las instalaciones de producción hasta los posibles peligros asociados con el transporte y almacenamiento de los recursos energéticos, considerando factores como la tecnología utilizada, las condiciones geográficas y climáticas, y las normativas y regulaciones aplicables.

La evaluación de riesgos se basa en criterios objetivos y análisis de datos históricos, normativas aplicables y buenas prácticas del sector, con el fin de proporcionar una visión integral y precisa de los riesgos a los que se enfrenta la organización en su actividad diaria. Se determina la magnitud de las posibles consecuencias de los riesgos identificados, así como su probabilidad de ocurrencia, para priorizar las áreas de mayor riesgo y orientar las acciones preventivas y de mitigación de manera eficiente.

Una vez identificados los riesgos, se procede a la implementación de medidas de control eficaces para mitigarlos. Esta fase implica la adopción de un enfoque proactivo y meticuloso, donde se busca no solo reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, sino también minimizar su impacto en caso de materialización. Se despliegan una serie de acciones estratégicas que abarcan diversos aspectos de la operativa empresarial en el sector energético.

En primer lugar, se considera fundamental la adopción de tecnologías avanzadas de seguridad que permitan monitorear y gestionar los riesgos de manera eficiente. Esto puede incluir la implementación de sistemas de detección temprana de fallos, la instalación de dispositivos de protección y control, así como el desarrollo de plataformas de gestión de riesgos integradas que faciliten la toma de decisiones informadas en tiempo real.

Además, se enfatiza la mejora continua de los procesos operativos y la infraestructura de las instalaciones como parte integral de las medidas de control. Esto implica la revisión y actualización periódica de los procedimientos de trabajo, la optimización de los sistemas de mantenimiento preventivo y la inversión en la modernización de las infraestructuras, con el fin de reducir la vulnerabilidad ante posibles incidentes y garantizar la operatividad segura y eficiente de las instalaciones.

La formación continua del personal en materia de seguridad ocupa un lugar central en el proceso de implementación de medidas de control. Se desarrollan programas de formación especializados, diseñados para proporcionar a las personas trabajadoras las habilidades y conocimientos necesarios para identificar, prevenir y responder adecuadamente a situaciones de riesgo. Esto se complementa con la elaboración de planes de respuesta ante emergencias, que establecen protocolos claros y procedimientos de actuación en caso de contingencias, asegurando una respuesta rápida y coordinada ante cualquier eventualidad.

En este contexto, se establecen estándares y procedimientos rigurosos, alineados con las mejores prácticas de la industria y las normativas legales y regulatorias aplicables. Se promueve una cultura organizacional orientada a la seguridad y el cumplimiento normativo, donde se fomenta la responsabilidad individual y colectiva en la gestión de riesgos y se incentiva la mejora continua en todas las áreas de la empresa.

El monitoreo y la evaluación continua son esenciales para garantizar la efectividad de las medidas de control y su adaptación a los cambios en el entorno operativo y normativo. Se establecen sistemas de monitoreo y seguimiento, se realizan auditorías periódicas y se fomenta una comunicación abierta para identificar riesgos emergentes y tomar medidas oportunas.

En conclusión, la gestión de riesgos en el sector energético es un proceso dinámico y multidisciplinario que requiere una atención constante para garantizar la seguridad, protección ambiental y cumplimiento normativo de las operaciones de la empresa. A través de un enfoque integral y sistemático, respaldado por herramientas y metodologías especializadas, las organizaciones pueden identificar y priorizar los riesgos potenciales, adoptando medidas preventivas y correctivas adecuadas para mitigar su impacto y proteger sus intereses y los de la sociedad en general.

A modo de ejemplo, en el marco del sector petrolero y gasífero en España, consideremos el caso de una empresa que opera una refinería en territorio español. Esta empresa, como cualquier otra en el sector, se encuentra sujeta a un riguroso conjunto de normativas y regulaciones, tanto en materia de seguridad laboral como de protección ambiental. Para ilustrar cómo esta empresa gestiona y mitiga los riesgos asociados con sus operaciones, consideremos un caso hipotético ilustrativo:

La empresa lleva a cabo inspecciones regulares de seguridad en sus instalaciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en España. Durante una de estas inspecciones, se detecta un potencial riesgo de fugas en una de las tuberías principales que transporta petróleo crudo. La empresa toma medidas correctivas inmediatas para reparar la tubería y prevenir cualquier posible accidente o derrame.

Además, la empresa proporciona formación y capacitación periódica a su personal, tal como lo exige la legislación laboral española. Esta formación incluye procedimientos de seguridad específicos para manejar situaciones de riesgo, como fugas o derrames. Como parte de esta formación, se instruye al personal sobre la importancia de seguir los protocolos establecidos y reportar cualquier anomalía o riesgo potencial.

Para prevenir derrames de petróleo y gas, la empresa implementa tecnologías y controles avanzados, conforme a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental en España. Esto incluye la instalación de sistemas de detección de fugas altamente sensibles y la implementación de barreras de contención alrededor de las áreas críticas. Estas medidas se diseñan no solo para cumplir con las regulaciones ambientales, sino también para proteger la salud y seguridad de los trabajadores y las comunidades circundantes.

La empresa también establece un programa integral de cumplimiento normativo, en conformidad con la Ley Orgánica 5/2010, que reformó el Código Penal español para introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este programa incluye políticas y procedimientos destinados a garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, así como la detección y prevención de posibles delitos. Se designa un equipo de Compliance encargado de supervisar el cumplimiento de estas políticas y procedimientos, así como de investigar cualquier posible violación de las mismas.

En caso de que se produzca un incidente, como un derrame de petróleo que cause daños al medio ambiente, la empresa será evaluada en función de su cumplimiento normativo y su responsabilidad penal como persona jurídica, en virtud de la legislación española aplicable. Si se determina que la empresa no cumplió adecuadamente con sus obligaciones legales y que el incidente fue resultado de su negligencia o falta de diligencia, podría enfrentar sanciones legales, multas e incluso la imposición de medidas correctivas adicionales.

En resumen, la responsabilidad penal de las empresas del sector energético implica un enfoque integral y proactivo hacia la gestión de riesgos. Esto no solo cumple con obligaciones legales, sino que también protege a los empleados, el medio ambiente y la reputación corporativa, demostrando un compromiso con la seguridad, la responsabilidad y la sostenibilidad.

Antonio Palazón Vergara | Compliance Officer en Viroque Group.