¿Libre mercado o seguridad alimentaria en Panamá?
Artículo publicado en el Periódico El Financiero de Panamá
Obviamente Panamá es conocido en el planeta entero por ser un eje fundamental en el comercio global por su canal. Gran parte de las mercaderías más variadas pasan por este país. Los alimentos son parte de estos rubros a comercializar.
Muchas veces la lógica de mercado y la obvia competitividad lleva a ciertos comerciantes y fabricantes a olvidarse de algunos parámetros básicos para asegurar la mejor calidad como producto final al consumidor. Al hablar de calidad no hablo de empaque, sabor y demás atributos superiores, hablo incluso del atributo más básico (muchas veces pasa desapercibido por el consumidor) la garantía sanitaria que ofrece el producto que lleva a la mesa de su familia.
Hemos visto como recientes casos en Panamá salen a luz pública donde se incineran toneladas de alimentos contaminados. Síntoma de las áreas de oportunidad elementales que existen en las regulaciones panameñas.
Al tocar intereses de importadores (la gran mayoría de los comerciantes de Panamá) con las nuevas regulaciones que impone el gobierno para sus trámites de importación se evidencia que la competitividad y libre mercado no pueden pasar al límite del libertinaje. Una cosa es libertad económica y otra cosa es exponer a poblaciones enteras a posibles riesgos sanitarios por alimentos de dudosa procedencia.
Hasta las más grandes marcas/productos globales han pasado por problemas de riesgos de contaminación en lotes de alimentos, ahora imaginen pequeñas empresas manufactureras que en alianza con importadores de Panamá colocan alimentos acá con una simple lógica de mercado. Hasta acá no puede llegar la ambición. Es justamente en este tipo de límites donde el gobierno debe intervenir para coordinar esfuerzos. No se trata de limitar libertades, se trata de poner orden. Que además, es el fin último de cualquier gobierno en democracia.
Les expongo ejemplos concretos que van más allá de contaminación y malos procesamientos: En Panamá la ley exige que para comercializar un jugo con la denominación de néctar debe contener al menos un 35% de pulpa de fruta. Sin embargo, más de un tercio de las marcas comercializadas acá no cumplen ese criterio y tienen menos del 25% de pulpa. Es decir, un importador las trajo de un fabricante de otro país y las vende acá como néctar y no pasa nada.
Lo anterior perjudica directamente la competitividad de los productores locales, quienes son los que realmente generan empleo y mantienen inversiones de infraestructura en Panamá, además de pagar más impuestos por operación local. De esta manera se expone una vez más la coordinación que deben desplegar las entidades pertinentes para que se cumplan las normas y se privilegie el desarrollo nacional.
El debate es elemental, porque cada rubro o industria tienen sus particularidades a discutir, sin embargo, hace falta el debate y la intervención de los distintos sectores para establecer el marco regulatorio que le de prioridad a las normas internacionales de seguridad sanitaria. La importación indiscriminada solo beneficia a un grupo de comerciantes y no al grueso de la economía panameña.
El codex alimentario y otras legislaciones centroamericanas establecen diversos criterios según el rubro de alimento que corresponda. Son las autoridades panameñas competentes las que deben indicar las normas a regir y asegurar que todos por igual cumplan con ella.
La polémica suscitada en pasados días por los nuevos controles que implementa la AUPSA (Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos) no son más que los criterios adecuados para garantizar la seguridad sanitaria correspondiente.
Expliquemos con un ejemplo: Si un importador no tiene registrado ante el AUPSA ni siquiera representante legal, imaginen que tipo de credibilidad pueden tener los productos que traen. Y en la base de datos de AUPA habían más del 50% de los registrados con esa anomalía. Es decir más de 3.200 usuarios importadores.
La logística de transporte, controles y aseguramiento de calidad de alimentos es muy complejo. Por ejemplo, existen alimentos que con solo tener variaciones de cinco grados centígrados en temperatura pierdan sus propiedades y se dañan en el trayecto, ahora piensen en los empaques primarios (los que están en contacto directo con el producto final), empaques secundarios, posibilidades de contaminación química, contaminación biológica, incorrecta manipulación y muchas otras variables que incidirán directamente en el producto.
Cada subindustria dentro del ramo gigante del negocio alimenticio tiene su problemática y variables. No es lo mismo la leche que la cebolla, no es lo mismo la carne de cerdo que los pollos. Igualmente cuando hablamos de productores, no es lo mismo queso que helados, no es lo mismo pasta que harina. Cada subproducto o categoría implica distintas dinámicas, sin embargo, lo que si las une a todas es que llegan a la mesa de una familia panameña y allí deben llegar todos esos productos en excelente calidad y habiendo pasado los controles pertinentes de un gobierno que coordina lo mejor para su población.
La trazabilidad que propone el nuevo artículo de la polémica Ley 180, es uno de los elementales controles que debe coordinar un gobierno para garantizar que lo que llega a la población es de excelente calidad. El que no lo vea de esa forma solo está en la lógica mercantilista excusado en las supuestas libertades económicas que esa ley teóricamente merma.