¿MÁS IMPUESTOS O MEJOR GESTIÓN?

El más manido recurso fiscal es proponer más impuestos, en lugar de hacer un uso racional de los cuantiosos impuestos que recauda la Sunat y que son administrados –en su mayoría– por los gobiernos subnacionales. Algunos dirán que los metales han subido sus cotizaciones, generando lo que se denomina “sobreganancias”. ¿Qué debería hacer el próximo gobernante?

Primero, informarse mejor sobre las estrategias de desarrollo seguidas por los países exitosos. Segundo, percatarse hacia dónde va el tren de la historia. Tercero, estimular el aumento del volumen de la producción nacional, que es diferente del valor económico de un producto, cuya cotización varía en función a condiciones externas; en cambio, el incremento de la producción implica haber instalado nueva y moderna infraestructura productiva, más eficiente y más amigable al ambiente. Además, indirectamente incrementa los niveles de productividad por trabajador, lo que le genera mayores ingresos, sean salariales o por la participación en las utilidades. Cuarto, al incrementarse el volumen de producción se generan más puestos de trabajo, y el personal que lo ejecuta se va especializando en este proceso.

Si los precios de los commodities producidos en el país van a ser más altos por la mayor demanda externa, la consecuencia lógica será que la caja fiscal tenga un flujo creciente en sus ingresos. Por lo tanto, pretender imponer un impuesto adicional cuando el Estado no es capaz de administrar adecuadamente los ingresos que dispone en la actualidad no tiene mayor razón; peor inclusive si existe el riesgo que caigan en manos de la corrupción. En ese escenario, la insatisfacción y los conflictos se agudizarían.

Todo lo contrario sucederá si se estimula la reinversión de las utilidades, una mayor inversión, más fuentes de empleo, la reducción de la pobreza, el crecimiento de la demanda interna –por consiguiente, del consumo– y el fortalecimiento de los pequeños, medianos y grandes sectores productivos.

Algunos dirán que los electores demandan una respuesta rápida de atención desde el Estado. Ciertamente, pero la receta del subsidio nunca ha sido la más oportuna. El pésimo manejo de la pandemia lo demuestra. Ni con la administración Vizcarra ni con la actual se han llevado a cabo masivas pruebas moleculares para aislar el Covid-19 mediante el establecimiento de cercos epidemiológicos. Tampoco cumplieron con la rapidez esperada para la entrega de los bonos en favor de las familias de menores ingresos, y los expusieron al contagio al fomentarse largas filas en los bancos.

¿Qué nos hace pensar que una nueva administración gubernamental, sin experiencia alguna, va a adquirir rápidamente plantas de oxígeno, respiradores, camas UCI y tablets para los estudiantes, entre otros? No existe ninguna garantía al respecto. En consecuencia, seguir satisfaciendo la voracidad de la burocracia a través de la caja fiscal no implica, en modo alguno, un retorno favorable para los ciudadanos.

¿Qué se podría hacer en los primeros días del próximo gobierno? Realizar un cruce de información para identificar a la franja de consumidores comprendidos entre el primer 10% de la tarifa más baja en servicios como telefonía, agua, energía eléctrica, Seguro Integral de Salud y Sinadef. En un tiempo muy corto se puede identificar a los más pobres del país, además de sacar del padrón resultante a los fallecidos. A estos ciudadanos se les debería entregar un DNI electrónico que, en convenio con la Asociación de Bancos, sirva como tarjeta de débito para adquirir exclusivamente productos de la canasta básica familiar en cualquier centro de abastecimientos que otorgue Boleta de Venta para conocer sus consumos. A cambio, se les exigiría la asistencia a los centros de vacunación, matrícula escolar, disminución de los niveles de desnutrición de los menores y ancianos, entre otros.

Como sabemos, durante la pandemia se ha incrementado el número de pobres y pobres extremos, que ya suman 10 millones de peruanos, los que representan dos millones de familias compuestas por cinco miembros. En la actualidad, el Ministerio de Inclusión Social (Midis) cuenta con un presupuesto de S/ 4,500 millones para los ocho programas sociales que administra. Si dicho monto se depositase directamente a cada familia beneficiada, estas recibirían S/ 2,250 anuales como subvención del Estado.

Las familias en pobreza extrema, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), representan el 5.1% de la población, y residen principalmente (70%) en zonas altoandinas. Si proyectamos a 10 años la subvención, estas familias recibirían S/ 22,500; suficiente dinero para financiar la adquisición al fabricante –sin intermediarios– de terma y panel solar, un biodigestor y un baño para las 255,000l familias más pobres. Así se propiciaría una mejora significativa en su calidad de vida y se incrementarían las horas que destinan al estudio, fortaleciendo sus capacidades. Y en simultáneo, elevarían sus niveles de productividad para que puedan salir de la pobreza en el menor plazo posible.