Militares a las Calles

Ecuador enfrenta una crisis de seguridad que se ha intensificada desde principios de 2024. El 8 de enero, el presidente Daniel Noboa tomó medidas decisivas emitiendo un decreto ejecutivo, implementando un estado de emergencia por un período de 60 días, el máximo legal. Esta respuesta fue desencadenada por disturbios en seis prisiones, el secuestro de guardias de la cárcel y la fuga de Adolfo Macías, conocido como "Fito", el líder de la infame pandilla Los Choneros. El decreto autorizó el despliegue de fuerzas militares para participar en la pacificación de las prisiones, con el objetivo principal de restaurar el orden en una situación cada vez más tumultuosa.

A pesar de la implementación de un toque de queda nocturno y el patrullaje de las fuerzas armadas en puntos críticos de todo el país, la noche del 8 de enero no fue pacífica. Artefactos explosivos improvisados se detonaron en diversas partes del país, y decenas de prisioneros lograron escapar, demostrando que las autoridades continúan careciendo de control sobre las cárceles. Entre ellos se encontraba Fabricio Colón Pico, líder de la pandilla criminal Los Lobos, quien fue capturado y encarcelado el 5 de enero tras supuestamente planear el asesinato de la fiscal general Diana Salazar. En un esfuerzo conjunto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Macías y Colón, junto con otros 17 líderes de pandillas, han sido incluidos en la lista de "los más buscados" del Programa de Recompensas por Crímenes Transnacionales Organizados.

El 9 de enero, las condiciones empeoraron. Un grupo de criminales se infiltró en las instalaciones de TC, un canal de televisión en Guayaquil, y tomó como rehenes a varios empleados. La intrusión fue transmitida en vivo, dejando a la población incrédula ante el rápido deterioro del control. Simultáneamente, amenazas de bomba paralizaron instituciones públicas y privadas en las principales ciudades. En respuesta, Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno, designando a 22 pandillas como organizaciones terroristas e instruyendo a las fuerzas armadas a llevar a cabo operaciones para "neutralizarlas". Este movimiento cambió las reglas del juego, ya que convirtió a las pandillas en objetivos militares. Además, la legislatura está trabajando en una ley para otorgar inmunidad a los funcionarios de policía y del ejército que, mientras realizan operaciones, maten a miembros de pandillas.

La efectividad de estas medidas para combatir la creciente violencia en Ecuador sigue siendo incierta, y se cuestiona la capacidad del estado para recuperar el control a corto plazo. A pesar de los esfuerzos sinceros del gobierno, las pandillas exhiben un poder, organización e infiltración formidables en todos los niveles de las fuerzas públicas, lo que dificulta predecir el resultado de esta crisis en evolución. La militarización del país y el identificar a las pandillas como objetivos militares claramente inclina la balanza en favor de la recuperación de la paz. En el proceso a los ecuatorianos solo nos queda seguir trabajando y con mayor tenacidad.