Newsletter Civil Mercantil #016
Civil Mercantil
Página especializada en Derecho Civil, Mercantil, Penal y Administrativo. Pertenece al Grupo Educativo CEF.- UDIMA.
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📌 La transparencia de las cláusulas suelo incluidas en los contratos de préstamo hipotecario puede ser examinada en el marco de una acción colectiva
La Abogada General señala que nada en la Directiva del Consejo 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. apunta a que no se pueda llevar a cabo el control de esa transparencia en el contexto de una acción colectiva. Además, el control judicial de transparencia en los procedimientos colectivos es adecuado y posible. Solo debe adaptarse a las características específicas de las acciones colectivas, como su nivel de abstracción, y centrarse en la práctica contractual y pre-contractual estándar del profesional frente al consumidor medio.
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📌 El Pleno tramitó el jueves 18 de enero en lectura única la reforma del artículo 49 de la Constitución sobre los derechos de las personas con discapacidad
La modificación del artículo propone sustituir en la Constitución los términos de "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos" por el de "personas con discapacidad".
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📌 El TS confirma que la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal al no seguir el procedimiento previsto
Establece que esos retornos deben ajustarse a la legislación española y sus garantías y no puede basarse solo en el Acuerdo hispano-marroquí de vuelta concertada de menores. Resalta que fue además una expulsión colectiva de extranjeros prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
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📌 Anulada la condena por resistencia a un ciudadano que trató de impedir la entrada de la Policía en su casa
Revocada la condena por delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves impuesta a un ciudadano que trató de impedir la entrada en su domicilio de policías municipales de Madrid, que habían sido avisados por una queja vecinal de ruidos.
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📌 No hay compensación para el pasajero que llega a destino con menos de tres horas de retraso en un vuelo alternativo que él mismo reservó
El elemento crucial que llevó al Tribunal de Justicia a asimilar el gran retraso de un vuelo en la llegada a la cancelación de un vuelo se debe al hecho de que los pasajeros de un vuelo afectado por un gran retraso sufren, al igual que los pasajeros de un vuelo cancelado, un perjuicio que se materializa en una pérdida de tiempo irreversible, igual o superior a tres horas, que solo puede repararse mediante una compensación.
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📌 Indemnización por pérdida de oportunidad en el retraso de diagnóstico de un cáncer
Indemnización que el Servicio de Saludo Gallego debe pagar a un paciente por daño moral procedente de una pérdida de oportunidad por retraso en el diagnóstico de un cáncer.
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📌 Nulidad de Ordenanza que prohíbe estufas de gas en terrazas de hostelería
Anulada la prohibición del Ayuntamiento de instalar estufas de gas en las terrazas de bares y cafeterías de la ciudad, al entender que la ordenanza que las proscribía carece de estudios sobre el nivel y los efectos contaminantes de las emisiones de dióxido de carbono de estas calefacciones frente a otras energías, como las eléctricas, ni sobre el porcentaje o proporción en que estos aparatos contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero en relación con las distintas fuentes contaminantes.
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📌 Revocación por ingratitud de donaciones
Ejercicio de acciones penales del donatario contra el donante por delito perseguible de oficio cometido contra aquel no es causa de revocación. La audiencia estimó la demanda por la concurrencia de la causa prevista en el art. 648. 2.º del CC, que permite al donante revocar una donación por causa de ingratitud, en el caso de que "[...]el donatario imputare al donante alguno de los delitos que dan lugar a procedimientos de oficio o acusación pública, aunque lo pruebe; a menos que el delito se hubiese cometido contra el mismo donatario, su cónyuge o los hijos constituidos bajo su autoridad.
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📌 Cesión de derechos de explotación sobre dibujos. Kukuxumusu
En el presente caso no se discute la infracción de los derechos de propiedad intelectual cedidos en su día a la demandante por parte de los demandados. Lo que se discute son los efectos derivados de la declaración de infracción y, en concreto, la extensión de la condena a la cesación.
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📌 Reclamación de la entidad de gestión de derechos por actos de comunicación pública y tarifas equitativas
Nulidad de los contratos de licencia, como consecuencia de una práctica, la aplicación de una tarifa del 10% de los ingresos de taquilla (deducido el IVA), que había motivado la Resolución de la CNMyC, que apreciaba la comisión por SGAE de una infracción muy grave y continuada de abuso de posición de dominio, le imponía una sanción y le ordenaba cesar en la conducta infractora, siendo esta resolución confirmada por la sentencia de la Audiencia Nacional.
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📌 Libertad de expresión no contiene un derecho al insulto
Sentencia en la que considera un ataque al honor y a la dignidad de un árbitro los comentarios ofensivos que dos personas publicaron contra él en la página de Facebook del club deportivo tras suspender un partido de balonmano infantil, al entender que no era seguro que alguno de los jugadores compitiera con gafas que consideró que no eran aptas para la práctica deportiva. No se limitaron a criticar la suspensión del partido de balonmano, sino que se dedicaron “a descalificarlo en su esfera personal y también profesional.
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📌 Motivación del jurado para el control de la discrecionalidad técnica en los procesos selectivos
Se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, en determinar si, a los efectos del contenido de la motivación para el control de la discrecionalidad técnica en los procesos selectivos, cuando en las bases se contemple que en la calificación de un ejercicio se desglose la puntuación de cada miembro del tribunal de selección, es necesario conservar los documentos que reflejan esa puntuación individual, o, al menos, es necesario incorporar esa información al acta final del proceso selectivo.
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📌 Delito de sexting, donde la difusión de una sola imagen satisface las exigencias del tipo
Conforme al artículo 197.7 del Código Penal, comete delito el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.
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📌 Selección de Jurisprudencia
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Doctrina Administrativa
Selección de Doctrina Registral
👉 Proyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Proyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, que desarrolla un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución Española. Con esta decisión, el Gobierno da un nuevo impulso a este texto, ya que se encontraba en tramitación parlamentaria en la anterior legislatura y decayó con la convocatoria de elecciones generales.
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🥇 Mercados financieros sostenibles (I). Aproximación desde el abuso de mercado, la administración desleal y la estafa de inversión de capital y de crédito
Este artículo estudia de forma crítica el concepto de mercados financieros sostenibles desde la directiva y el Reglamento de abuso de mercado, relacionados con el Reglamento de índices de referencia y el Reglamento sobre índices de referencia climáticos, el MiFID verde, la Directiva de taxonomía, el Reglamento de divulgación de información sobre sostenibilidad y la Directiva de información de sostenibilidad corporativa.
Mariano Castillo García
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🥇 El impacto de la covid-19 sobre el orden constitucional español
La fuerte conmoción sufrida en los regímenes constitucionales de nuestro entorno por la pandemia del coronavirus se ha visto reflejada, principalmente, en la generación de estados de emergencia o excepción (formales o de facto), la atenuación de los controles parlamentarios sobre las medidas adoptadas por los gobiernos (que han supuesto la privación o limitación de los derechos fundamentales y las libertades públicas) e, incluso, la revisión de algunos de los supuestos ideológicos del constitucionalismo (por ejemplo, el modo de concebir la intervención del Estado sobre la sociedad o los controles y equilibrios entre poderes). Por lo que se refiere a España, los problemas más relevantes y controvertidos que, desde la perspectiva del derecho constitucional, ha traído consigo la pandemia del coronavirus han sido la preterición del Parlamento, del que la suspensión de su actividad al inicio de la crisis y el uso excesivo y arbitrario del decreto-ley son sus muestras más significativas, y el relativo a la conformidad con la Constitución de las medidas restrictivas de derechos adoptadas para afrontar la emergencia de salud pública provocada por la covid-19, que no solo ha sido cuestionada por diferentes resoluciones judiciales y parte de la academia, sino por el mismo Tribunal Constitucional, que ha llegado a desautorizar las decisiones más significativas de los titulares del poder de excepción.
David Parra Gómez
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🥇 Las personas vulnerables. Análisis global de su definición y protección jurídica
En el presente artículo se pretende desgranar la concepción actual del concepto de vulnerabilidad y de los distintos grupos de personas vulnerables, tras la evolución experimentada en los últimos años, en concreto desde la crisis económica del año 2008, que conllevó un notable incremento de las situaciones de precariedad social, laboral y económica de determinadas personas. La vulnerabilidad, así entendida, integra como elementos esenciales la virtualidad de sufrir un daño y la capacidad de evitar, reducir o combatir el resultado lesivo. En este artículo, dado los distintos grupos de personas directamente afectados por la precariedad laboral, la crisis económica, la inestabilidad laboral o la gravedad de sus situaciones familiares o sociales, se catalogan los distintos grupos de personas que se definen como vulnerables por las causas anteriormente indicadas.
Ramón Tinao Llerandi
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📝 Expropiación forzosa y procedimiento sancionador. Derecho de funcionario público a indemnización y derecho de información de un delegado sindical. Contratos administrativos
El presente supuesto versa sobre diversas solicitudes de informes jurídicos realizados a un funcionario, asesor del Ministerio. Así, en primer lugar, se plantea la consecuencia de la falta de inclusión en la resolución y notificación del contenido obligatorio al pie del recurso a un Ayuntamiento en una expropiación forzosa y la viabilidad de reversión por cambio de titular del bien. A continuación, el día de inicio de la prescripción de una sanción. Posteriormente, si procede el abono de la minuta de letrado a un funcionario al que se siguió delito penal y que fue absuelto. A continuación, si procede el derecho de información solicitado por un delegado sindical sobre perceptores de complemento de productividad y cantidades de personal al servicio de la Administración. Finalmente, dos cuestiones en relación a contratos administrativos. La primera, referente a la posibilidad de aplicación del procedimiento abierto simplificado a los contratos mixtos y; la segunda, relativa a la defectuosa realización del expediente de contratación respecto a la fórmula de revisión de precios.
Julio Galán Cáceres
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📝 Ejercicio de acciones procesales en procedimientos diferentes por el mismo actor contra la misma demandada. Identidad de causa de pedir. Preclusión y cosa juzgada
El demandante administrador único de unas sociedades interpone demanda contra una entidad bancaria interesando la resolución del artículo 1124 del CC de dos contratos de crédito por 200.000 euros cada uno, con las consecuencias indemnizatorias de los daños y perjuicios causados por los incumplimientos del demandado; dicha demanda fue desestimada, siendo firme la sentencia dictada. Posteriormente, el demandante interpone una segunda demanda interesando que se declare la inexistencia o nulidad absoluta por ilicitud de la causa de los contratos, y la condena a devolver unas determinadas cantidades, los intereses devengados y, subsidiariamente, ejercita una acción de indemnización de daños y perjuicios basada en los incumplimientos por parte del banco. La demanda es estimada en primera instancia y el recurso de apelación que interpuso la entidad bancaria fue desestimado; el banco se plantea recurrir en casación la sentencia de la audiencia provincial.
Casto Páramo de Santiago
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📝 Exoneración del crédito público en el BEPI: directivas comunitarias
El presente caso aborda el problema jurídico originado a partir de aquellos casos de solicitud de los concursados del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), y si este beneficio debe alcanzar también o no a los créditos públicos por deudas de la AEAT, cuando la norma interna española puede estar contradiciendo la Directiva 2019/1023; esta norma comunitaria, recoge una relación detallada de créditos en su articulado, pero exige una justificación para la exoneración, mientras que la normativa concursal española no precisa una justificación alguna en materia de exoneración del crédito público. Es en esta tesitura en la que cabe preguntarse (a la vista de la disparidad de resoluciones nacionales) ¿pueden los Tribunales nacionales exonerar en el BEPI esos créditos públicos sin vulnerar la normativa comunitaria? Y ¿cómo afecta a esta cuestión los casos que hayan de ser valorados por esos Tribunales cuando la Directiva no ha sido traspuesta en la norma nacional?
Adelaida Medrano Aranguren
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