Qué esperar del Brexit en 2018

Tras casi un año de tensas negociaciones, el acuerdo de divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea quedó sellado el pasado 8 de diciembre.

Pocos se habían atrevido a augurar que la primera ministra Theresa May se plegaría de una forma tan contundente a las exigencias europeas: derecho a quedarse de los ciudadanos, una factura de 45.000 millones y una frontera con Irlanda.

Sin embargo, y para ser honestos, el órdago británico lanzado el 29 de marzo -tras la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa- tenía poca base.

Las últimas elecciones dejaron al gobierno en una clara posición de inferioridad, que sólo pudo subsanarse con un acuerdo de última hora con los nacionalistas escoceses y los unionistas irlandeses. Para colmo, su propio gabinete se debate entre los que abogan por una línea de ruptura radical y los que defienden un “Brexit blando”.

Pero quizá el aspecto más crítico ha sido la fuga de empresas que ha tenido lugar desde el inicio de todo el proceso, como consecuencia de la falta de seguridad jurídica y política en el país.

Como explicaré en seguida, Europa es el mayor socio comercial de Reino Unido y buena parte de su tejido empresarial no puede permitirse el lujo de quedar fuera del espacio comunitario.

Por supuesto, las empresas británicas no son las únicas que pueden verse perjudicadas. En un artículo que publiqué hace unos meses, analicé las consecuencias para la economía española:

Impacto del Brexit en las empresas españolas

Ahora que la denominada como fase 1 ya se ha cerrado, comienza un nuevo periodo de negociaciones que debería saldarse con la salida definitiva de la Unión Europea y el establecimiento de un nuevo estatus político entre las islas y el Viejo continente.

Inicio de las negociaciones para la transición

El 29 de enero es la fecha en las que los ministros de exteriores europeos aprobaron el comienzo de las negociaciones para el periodo de transición.

La salida oficial de Reino Unido está prevista para el 29 de marzo de 2019. Sin embargo, se ha aprobado una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2020, coincidiendo con el fin del sextenio presupuestario de la UE (2014-2020) actualmente en vigor, y con el objetivo de facilitar la adaptación por parte de las empresas y ciudadanos afectados.

El mayor escollo de este periodo de transición consiste en que, en teoría, Reino Unido va a tener que continuar cumpliendo con los mandatos comunitarios, pero ya no contará con voz ni voto en las instituciones europeas.

Concretamente, y de acuerdo con el negociador europeo Michel Barnier, durante este periodo de transición, Reino Unido deberá continuar:

• Respetando todos los sectores económicos y las libertades propias del mercado único.
• Aplicando la tarifa aduanera común y el control de las importaciones de países terceros.
• Respetando cualesquiera nuevas normas y acuerdos adoptados por la UE, sometidas asimismo a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Estos principios deberían evitar que empresas y ciudadanos tengan que asumir un doble proceso de adaptación, y excluye lo que se vino a denominar como “transición a la carta”; es decir, que Reino Unido continuara beneficiándose de su pertenencia a la Unión, sin cumplir con sus obligaciones.

Inicio de las negociaciones comerciales

El 23 de marzo –y casi sin tiempo para respirar- deberían comenzar las negociaciones para el futuro de las relaciones comerciales entre ambas partes.

Los líderes de los 27 aprobarán entonces su posición negociadora en la cumbre de Bruselas. Conviene señalar que a España ya se le ha otorgado un veto sobre las decisiones en lo que pueda afectar a Gibraltar.

Lo más probable es que, en algún momento dado, se alcance un acuerdo de libre comercio. Esto, sin embargo, plantea dos problemas:

• Las empresas financieras de la City de Londres van a perder el pasaporte europeo, lo que supone dejar de acceder a un mercado de 500 millones de consumidores y 22 millones de empresas.
• El plazo para alcanzar el acuerdo es, cuanto menos, irrisorio.

¿Acuerdo final?

En teoría, el acuerdo final debería cerrarse en octubre de 2018, para dejar tiempo suficiente para que el parlamento británico y la eurocámara lo ratifiquen antes de la salida definitiva.

Teniendo en cuenta que los tratados comerciales suelen implicar años de negociación, nadie cree posible llegar a un acuerdo en tan poco tiempo, por lo que el objetivo es una declaración política de principios para la relación futura.

En mi opinión, sólo un milagro diplomático evitará que las relaciones comerciales se vean abruptamente mermadas durante varios años, a la espera de un acuerdo definitivo.

No es que desconfíe de la capacidad negociadora de ambas partes. Es que nunca ha tenido lugar un proceso histórico como éste y, al acuerdo comercial, se le unen otros aspectos a negociar:

• La frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda va a suponer serios quebraderos de cabeza al ejecutivo británico apoyado por el DUP irlandés.
• Nuevo estatus en aviación civil respecto al cielo único europeo.
• Colaboración y cooperación en materia judicial, defensa y seguridad, por no mencionar el resto de aspectos propios de la política exterior.

Europa como mayor socio comercial del Reino Unido

De acuerdo con las cifras del Eurostat, el 47% de las exportaciones británicas tienen como destino la UE y el 51% de sus importaciones son comunitarias.

Esto convierte al club de los 27 en el mayor socio comercial de las islas, seguido de EE.UU. y China. Sin embargo, la diferencia tan sólo con el segundo es abismal. Las exportaciones a la UE alcanzaron en 2016 las 133.365 millones de libras, frente a las 45.276 millones destinadas a EE.UU.

La salida de Reino Unido del mercado común afectará a su PIB. De acuerdo con un informe de Bertelsmann Foundation, un incremento del 1% en el coste del comercio exterior supondría una pérdida de 85.000 millones de euros hasta el año 2025. Un incremento del 3% se traduciría en un desvío a la baja de 250.000 millones. A todo ello, se suma la pérdida de relevancia de la City de Londres como centro financiero.

Reino Unido y la Unión Europea necesitan llegar a un acuerdo que garantice las buenas relaciones políticas y comerciales de dos vecinos, condenados a entenderse. La celeridad con la que lo hagan afectará a la factura final que todos tendremos que pagar.