Quién asume el incumplimiento

Uno de los principios generales en la prestación de los servicios públicos lo constituye la mutabilidad/adaptación, que supone que el servicio público debe responder en todo momento a un óptimo nivel de satisfacción del interés general, lo que también se conoce como “cláusula de progreso”, exigible a la Administración Pública titular del servicio y al contratista en su caso, de acuerdo con la evolución de la vida social, técnica y económica. 

Se trata de modificaciones derivadas de la necesaria evolución del servicio y que el prestador debe incorporar y soportar si la gestión del servicio es contractual. Tendía a imputar el cumplimiento de dicha clausula sólo al contratista, concertador o concesionario de un servicio público, hasta que ayer caí en la cuenta que también hay que exigir su aplicación al titular del servicio, es decir, a la propia Administración. 

Por lo anterior ¿Qué sucede con la retrocesión que, motivada por la inadecuada gestión de nuestros gobernantes de turno, han sufrido de un tiempo a esta parte servicios públicos como la sanidad o la educación en España? ¿Quién asume el incumplimiento de la clausula de progreso implícita en lo contractual prestador-usuario?

Texto redactado tomando como base una publicación editada originalmente por el autor en el año 2014, bajo el título: "Cláusula de progreso" [1]. Fuente de la imagen: Parentingupstream en pixabay.

_________________

[1] Velasco Carretero, Manuel. Cláusula de progreso 2014. Sitio visitado el 17/04/2022.