RÉGIMEN POLÍTICO VENEZOLANO: ¿UNA DICTADURA?

El origen histórico del régimen venezolano fue una “dictadura institucionalizada”. Esa fue la forma en que se destruyó la democracia liberal. Ello engendró un régimen político muy peculiar: una “narco cleptocracia criminal totalitaria”. Dicho régimen es distinto a una dictadura convencional. Ambos son fenómenos inéditos en América Latina.

A.- Origen histórico del régimen venezolano: la dictadura institucionalizada.

   La dictadura institucionalizada es un instrumento para destruir endógenamente la democracia, haciendo uso de la Constitución política de un Estado democrático. El objetivo de este instrumento - cuyo autor intelectual fue Fidel Castro- es instaurar un sistema político totalitario amparado en una dictadura cívico-militar controlada por civiles, con el objeto de instaurar una sociedad socialista/comunista similar a la cubana.  Es una "forma institucional" de extinguir - gradualmente - el sistema democrático liberal a partir de una elección presidencial libre y democrática, es decir, desde adentro de la institucionalidad democrática. En este sentido, se trata de una destrucción endógena de la democracia. El “paraguas ideológico” utilizado es el denominado “socialismo del siglo XXI” (que no tiene nada de siglo XXI: es el mismo proyecto comunista de Cuba). La dictadura institucionalizada corresponde a la contrapartida institucional del denominado Socialismo del Siglo XXI, conforme a la concepción de Fidel Castro.

      A continuación, resumo los aspectos principales. 

 Ingrediente esencial de estas nuevas dictaduras del siglo XXI es el cambio de la Constitución. Una vez electo, el presidente aprovecha su adhesión popular inicial y auspicia un cambio de la Constitución, a través de una Asamblea Constituyente (famosa frase de Hugo Chávez al asumir la presidencia de la república: “juro, ante esta moribunda constitución”). La nueva Constitución aprobada por el pueblo debe permitir- en virtud de sus contenidos y, en particular, por omisiones deliberadas en ésta- iniciar un proceso gradual de destrucción de la democracia cooptando diversas instituciones a fin de utilizarlas para dicha finalidad. El presidente parte cooptando al poder judicial (Corte Suprema e instituciones complementarias: Fiscalía, Contraloría, Tribunal Constitucional) y el Banco Central.  El sistema de nombramientos establecido en la nueva Constitución aprobada lo facilita. El ocultamiento de la verdad y la mentira son instrumentos políticos esenciales en regímenes totalitarios. En consecuencia, se elimina progresivamente la libertad de prensa e información. Omisiones deliberadas en la Constitución aprobada permitirán al presidente censurar, clausurar y estatizar medios de comunicación privados, y sacar al sector privado del uso del espectro radioeléctrico. Si el poder legislativo inicialmente le es políticamente adverso, el presidente gobernará transitoriamente a través de decretos con fuerza de ley. Posteriormente, el presidente establecerá un poder legislativo unicameral paralelo al existente (bajo el paraguas de la "democracia directa" con participación popular "vinculante"), controlado por el partido político oficial. A la larga, dicho órgano legislativo paralelo sustituirá al parlamento institucional original, el cual quedará como una entidad meramente figurativa, sin facultades legislativas. Amparado en el sistema de nombramientos establecido en la Constitución, el presidente coopta el poder electoral a fin de simular elecciones democráticas. Paralelamente, éste va cooptando paulatinamente a las FFAA a través de la corrupción y de un sistema de prebendas cuidadosamente diseñado:  militares asumen cargos de Ministros y Subsecretarios,  Gerentes y Directorios de Empresas Públicas (en Venezuela hay más de mil empresas públicas),  gestión de licitaciones amañadas de proyectos de infraestructura pública que nunca se materializan, ascensos discrecionales a rango de General al margen de la carrera militar (Venezuela tiene alrededor de 2 mil Generales, más que todos los países de la OTAN juntos) a fin de mejorar automáticamente sus remuneraciones, etc.  De modo que durante todo este proceso gradual las FFAA van siendo favorecidas. Después de unos años, éstas estarán totalmente cooptadas por el poder ejecutivo. El aspecto gradual del proceso es fundamental pues es lo que lo hace viable. Posibilita avanzar en el proceso de destrucción de la institucionalidad democrática sin requerir la plena cooptación previa de las fuerzas armadas, lo cual es necesario pues la cooptación del ámbito militar requiere tiempo.

 La nueva Constitución permitirá al presidente complementar su poder armado a través de milicias civiles y grupos paramilitares ad hoc (ex FARC, ELN, Hezbollah, etc) y crear servicios de inteligencia y contrainteligencia militar gestionados por el poder ejecutivo (en Venezuela esto se complementó con los servicios del G2 cubano).  El poder ejecutivo y el poder legislativo (cooptado) modifican la Constitución para que el presidente pueda reelegirse indefinidamente (esto se logró al cabo de 10 años de gobierno del ex presidente Chávez). Finalmente, el poder ejecutivo modifica discrecionalmente la constitución sin contrapeso alguno (aprovechando las omisiones deliberadas en la Constitución inicial de Chávez, a poco andar éste modificó 69 artículos de dicha constitución). De facto ésta se viola sistemáticamente transformándola en un documento decorativo de fachada, que el régimen utiliza a su particular conveniencia.

         Paralelamente se van implementando mecanismos de represión para la disidencia política, partiendo por la “más peligrosa”, inhabilitándola judicialmente para ejercer cargos de representación popular y restringiendo sus desplazamientos internacionales. Siguen las amenazas a periodistas y dirigentes opositores (y sus familiares) y la infiltración de la dirigencia opositora. Continúa con detenciones arbitrarias, el exilio forzoso, la violencia física, el espionaje y contrainteligencia militar, el secuestro, la tortura y el asesinato a opositores. Todo ello representa insumos muy importantes para solidificar una dictadura institucionalizada. Si bien lo anterior se va materializando progresiva y gradualmente a través del tiempo, finalmente se llega a la etapa en que ello se implementa a gran escala y se institucionaliza la existencia indiscriminada de prisioneros políticos y centros de tortura, para civiles y militares.  Esta etapa requiere de una consolidación previa del proceso de cooptación de las fuerzas armadas, incluido los cuerpos policiales.

    Con todos los elementos anteriormente señalados se consolida la dictadura institucionalizada.   

Se concluye, así, en un sistema político totalitario muy similar a una dictadura militar controlada por civiles. Se institucionaliza la corrupción, el desfalco, la extorsión, el terrorismo de estado y la violación sistemática a los DDHH. El hecho de que la corrupción y el desfalco sean intrínsecos a una dictadura institucionalizada convierte a ésta en un campo abonado para que el narcotráfico y el crimen organizado capturen al poder político y conformen una relación simbiótica con éste.

     No existe precedente histórico en América de esta forma maquiavélica de destrucción gradual de la democracia liberal consistente con una elección democrática del presidente de la República. ¡Y no hay forma de evitarlo! Salvo que se introduzca previamente en la Constitución un capítulo ad hoc que bloquee los diferentes elementos involucrados en la implementación de una dictadura institucionalizada, y que tales normas ad hoc representen “candados constitucionales”, es decir, queden sujetas a un quorum supra mayoritario imposible de satisfacer (3/4 de diputados y senadores en ejercicio, por ejemplo) y que dicho quórum sea inmodificable (constituya una norma pétrea). Las democracias latinoamericanas debieran blindarse contra dictaduras institucionalizadas. Pero ello requiere previamente conocerlas en detalle y estar plenamente conscientes de su peligro para la estabilidad intertemporal de la democracia liberal.

 B.- Naturaleza del régimen político venezolano.

El régimen político venezolano comparte con una dictadura la ausencia de libertad y democracia; la inexistencia de estado de derecho, la violación sistemática de los DDHH y el terrorismo de Estado. Pero no es una dictadura. Es un régimen inédito. Y es precisamente su carácter idiosincrásico lo que hace particularmente difícil salir de él. 

             Para definir el régimen político se requiere determinar cómo se estructuran el poder político y el poder armado en este régimen. Si bien la forma de instaurar este régimen fue a través de una dictadura institucionalizada - mecanismo institucional ideado por Fidel Castro para destruir gradualmente la democracia en forma endógena- las características del régimen político engendrado son bastante distintas a las de una dictadura convencional.  ¡Es mucho más complejo que eso! 

        Como correctamente lo señaló hace tiempo Lech Walesa (en una conferencia en Argentina) el régimen venezolano no es una dictadura - según él, es un régimen inédito que se parece “algo” al régimen Nazi - pues el poder no es unipersonal, no está concentrado en un solo individuo ni en un grupo acotado que dependa jerárquicamente de un “dictador”. En efecto, Nicolás Maduro no controla el poder; él es parte de un engranaje intrincado de distribución descentralizada del poder cuyas características explicito más adelante. El poder político ni siquiera es de carácter piramidal. Es un poder que está indisolublemente ligado a un poder económico que emerge, por una parte, como subproducto de la corrupción y desfalco institucionalizados (inherentes a la implementación de una dictadura institucionalizada) y, por otra, como subproducto de una industria de negocios ilícitos (fundamentalmente exportadora) enquistada en el Estado, en la cual participan activamente extranjeros que controlan parte del territorio venezolano y poseen su propio poder armado.

            El poder no está circunscrito a algún patrón institucional inmutable.  Es un poder de naturaleza factual, fragmentado, dinámico, compuesto por una red de mafias - civiles, militares; nacionales y extranjeras- con soporte armado, cuyos únicos objetivos son la acumulación de riqueza personal y la necesaria preservación del poder político que ello demanda. El aspecto ideológico muy pronto se tornó en algo formal, accesorio (de hecho, el PC venezolano se apartó del régimen hace muchos años y no apoyó a Maduro en las elecciones presidenciales).  El poder político está indisolublemente ligado a un poder económico factual de naturaleza criminal (crimen organizado, nacional y transnacional). De modo que se trata de un conglomerado criminal que secuestra un Estado por medio de las armas, reprime los derechos humanos – civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales - y las libertades individuales del pueblo.

             La mejor forma de definir este régimen inédito es a través de los siguientes cuatro vocablos:  narco cleptocracia criminal totalitaria. No sobra ni falta ningún adjetivo. Es una expresión autocontenida para definir este régimen.

¿Cómo se estructura el poder al interior de esta narco cleptocracia criminal totalitaria?

El poder está estructurado en forma horizontal, a través de dos “superpoderes”. Denominemos superpoder A (SUP A) y superpoder B (SUP B) a cada uno. Y utilicemos las siglas NCCT para denotar una narco cleptocracia criminal totalitaria. De modo que, desde el punto de vista de la conformación del poder político (indisolublemente ligado al poder económico), la siguiente expresión resume en forma general la estructura horizontal del poder en este régimen:

(1)   NCCT   = (SUP A) + (SUP B)

A continuación, le asignamos un nombre a cada uno de tales superpoderes:

(SUP A)  ≡  poder político-militar subsidiario        (SUP B) ≡  poder económico fundante autónomo

¿Quiénes conforman cada uno de estos dos superpoderes?

(2) (SUP A) = élite de gobierno + PSUV + FANB + GP + G2 cubano

A continuación, se especifica cada componente.

• ·       La élite de gobierno incluye el poder ejecutivo (Presidente, Ministros y Subsecretarios) en simbiosis con el poder legislativo, el poder judicial (con sus instituciones anexas: Corte Suprema, Fiscalía, Contraloría, Tribunal Constitucional). A lo cual se suman el Banco Central, altos ejecutivos de empresas públicas (mayoritariamente militares), algunos gobernadores y alcaldes, el poder electoral (CNE), la policía (PNB) , el FAES (una especie de escuadrón de la muerte creado por Nicolás Maduro) y organismos especializados en funciones de investigación e inteligencia ( CICPC, SEBIN, DGCIM).
• ·       El PSUV (partido socialista unido de Venezuela) es el partido de gobierno (equivale al PC en Cuba). Fue fundado el 24 de marzo del 2007 por Hugo Chávez.  Se puede subdividir en dos:

PSUV = PSUV (1) + PSUV (2). El primero es incondicional a Maduro; el segundo no lo es.

• ·       La FANB es la “fuerza armada bolivariana” (incluyo la PNB). También se puede dividir en dos:

FANB = FANB (1) + FANB (2) . La primera es incondicional a Maduro; la segunda no lo es.

Hoy en día, tanto [PSUV (1) / PSUV] como [(FANB (1) / FANB] son fracciones minoritarias, particularmente esta última.

• ·       GP simboliza “grupos paramilitares de gobierno”. Corresponden a milicias civiles armadas.
• ·       El G2 cubano es el principal organismo estatal de inteligencia del Gobierno de Cuba. Presta servicios de protección personal a Nicolás Maduro, colabora con las metodologías de tortura a prisioneros políticos, y presta servicios de contra espionaje hacia la FANB.

La actual represión post electoral hacia la población no proviene de la FANB sino de GP, SEBIN, DGCIM, FAES y PNB. Sólo que esta vez hay más extranjeros (fundamentalmente cubanos) incorporados en estos grupos represores.

Al interior del SUP (A) existen varios grupos de poder. La conformación de estos es variable a través del tiempo. El grado de dependencia jerárquica de estos respecto al presidente de la república es una cuestión más fáctica y dinámica que institucionalizada y rígida; y no necesariamente implica obediencia hacia el presidente de la república. Los potenciales conflictos al interior del SUP (A) – fundamentalmente ligados a intereses económicos - se ocultan a la opinión pública y se resuelven mediante procesos de negociación interna en los cuales el presidente de la república normalmente carece de poder dirimente.

Conformación del segundo super poder:

(SUP B) ≡ poder económico fundante autónomo. Está conformado por decenas de “gerentes” - venezolanos y extranjeros, civiles y militares - de una industria multiproducto (fundamentalmente exportadora) de negocios ilícitos. Los extranjeros tienen presencia mayoritaria. Entre estos se incluyen las ex FARC, ELN, Hezbollah, carteles de droga mexicanos y otros grupos de origen chino, ruso, e iraní. A lo cual se suman venezolanos provenientes de mafias en cárceles (tren de Aragua, etc). Los negocios criminales de cada uno se diferencian por el tipo de producto y/o los clientes específicos. Entre los “productos” comercializados destacan el narcotráfico (cocaína), el oro, coltán, torio (sustancia radiactiva), tráfico de armas, trata de personas, tráfico de inmigrantes, servicios de sicariato, servicios de testaferros y de blanqueo de capitales en el exterior.  Cuentan con un significativo poder militar propio (paramilitares) bien entrenado, y una pequeña parte de la FANB (1).

Las particularidades de este otro superpoder son su alto grado de autonomía frente al primero, y su grado de descentralización fáctica en su interior. En efecto, cada “gerencia” de esta industria de negocios ilícitos es independiente del resto. No existe un mando centralizado (un “gerente general”) ni alguna instancia colectiva que pueda dirimir potenciales conflictos de interés (un “directorio”).

        La simbiosis entre el poder político y el poder económico en este régimen proviene de dos elementos. Por una parte, el enriquecimiento ilícito del SUP (A) se origina fundamentalmente a través de tres fuentes: i) la corrupción y el saqueo al Estado, ii) el narcotráfico (Cartel de los Soles), y iii) el “derecho a piso” que éste le cobra al SUP (B) por establecerse en territorio venezolano y contar con la necesaria impunidad terrestre, marítima y aérea.  

El SUP (A) es socio minoritario de la industria de negocios ilícitos del SUP (B).  El SUP (A) no controla al SUP (B). Obviamente, dada la multiplicidad y rentabilidad de los negocios de la industria de negocios ilícitos que conforma el SUP (B), la riqueza personal de tales accionistas minoritarios es bastante considerable.

El poder político del SUP (B) se manifiesta de dos formas. Por una parte, en el compromiso (previamente formalizado) de su eventual protección armada reactiva al SUP (A) en caso que éste vea amenazado su control del poder político del Estado por motivos ajenos a su voluntad. Por otra, en una amenaza implícita hacia el SUP (A) en caso que éste, a juicio del SUP(B), no cumpla eficazmente con su función subsidiaria.

 Los costos de dejar el poder son inconmensurables para este régimen. Por una parte, para los miembros del SUP (A) están los costos individuales de restricciones a su movilidad internacional y de pérdida de su libertad personal (juicios - internos y externos - por crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, blanqueo de capitales, etc.).  A lo cual se suman los costos económicos por renunciar a sus ingresos por corrupción y desfalco, narcotráfico, más aquellos provenientes de sus “participaciones accionarias” en las utilidades generadas por los negocios del SUP (B).  Por otra parte, para los miembros del SUP (B) está el costo de renunciar al valor presente de sus utilidades en la industria de negocios ilícitos. Este último es un costo gigantesco. Ninguno de tales costos económicos es compensable.

        En otras palabras, el régimen venezolano dio origen a un escenario similar al de un (especie de) país en que cohabitan dos Estados: uno nacional y otro mixto con predominancia de extranjeros. Ambos dotados de poder armado. Ambos conviven armónicamente. Se benefician mutuamente. El segundo es una industria criminal autónoma que está compartimentada y carece de mando centralizado. Ambos tienen como objetivo central el enriquecimiento personal de los miembros que los controlan, usando cualquier medio y a cualquier costo. 

• ·       ¿Salida pacífica?

La falta de comprensión de la forma en que se estructura el poder en este régimen ha contribuido significativamente al fracaso de todos los intentos de negociación entre algunos representantes del régimen, sectores de la oposición y de la comunidad internacional. Tales negociaciones se han concebido como una negociación política tradicional, en circunstancias que los miembros de este régimen no son “políticos”:  se trata de un conglomerado criminal que secuestra un Estado por medio de las armas. Y jamás se ha negociado con “el régimen”, sólo con algunos representantes de la élite de gobierno (y nunca han estado representadas las FFAA), Pero – como vimos- el poder no está concentrado en el SUP (A) sino que – de facto – está dividido entre el SUP(A) y el SUP(B). Este último nunca ha estado sentado en una mesa de negociación.  El último intento de negociación – entre el gobierno de Maduro y EEUU – fue el Acuerdo de Barbados. Éste fue firmado por los representantes de Maduro. Pero el régimen no lo cumplió. ¿Por qué? Porque tal negociación adoleció de una falencia estructural: no contempló el SUP(B).

No hay salida pacífica de un régimen de esta naturaleza pues cualquier negociación requiere contemplar ambos super poderes. Si el primer superpoder negocia su salida del poder sin incorporar el segundo, el segundo liquida al primero. ¡Los matan! Es decir, funciona igual que una mafia. ¿Es viable incorporar al segundo super poder en una eventual negociación? No, porque – a diferencia del caso de Colombia, en que sólo había que negociar con el ELN y FARC - el segundo super poder es una industria multiproducto de negocios ilícitos conformado por decenas de “gerencias” autónomas entre sí que incluye venezolanos, pero mayoritariamente a extranjeros. Se trata de un poder desestructurado que carece de representantes formales. ¿Con quienes se negocia? ¿Qué se les puede ofrecer a cambio de renunciar al valor presente de las utilidades presentes y futuras de su industria de negocios ilícitos?

          Las consideraciones anteriores implican que cualquier tipo de “negociación” con este régimen está condenada al fracaso. No hay salida pacífica posible.

          En este contexto se enmarcan los actuales intentos de la comunidad internacional por lograr que, en un acto de autoinmolación, el régimen publique y permita auditar sus actas de escrutinio del 28 de julio (ya publicadas urbi et orbi por la oposición en una página web), dejando así en evidencia su burdo robo de la elección presidencial. Ello obviamente no se logrará.