Reflexión sobre el sismo y las organizaciones sociales.
Hoy hace 35 años, a las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985, un terremoto destruyó áreas enteras del centro del país. Si bien hasta la fecha no sabemos cuál fue el saldo real en términos de vidas humanas y recursos, la sociedad comprendió casi inmediatamente que la corrupción, la negligencia y la ineficiencia del gobierno incrementaron de manera considerable la magnitud de la catástrofe.
1985 fue el doloroso año en el que la sociedad se dio cuenta de que necesitaba organizarse para estar a la altura de las circunstancias, rebasando por mucho al gobierno ausente de aquel entonces. Se dice que ese año fue un parteaguas en el surgimiento de la sociedad civil organizada, el principio del fin del régimen autoritario del PRI y la conquista de la capital por parte de colectivos y organizaciones de base.
Desde entonces las organizaciones de sociedad civil han tenido un papel destacado en la vida pública de nuestra sociedad y han sido, junto con otras fuerzas políticas, pioneras en temas como vigilancia de elecciones, promoción de la transparencia de instituciones públicas, protección y garantía de los derechos humanos de víctimas. Hoy tenemos logros específicos en estos temas, tanto en legislación como en la creación instituciones, que no pueden ser entendidos sin la participación y el involucramiento constante de la sociedad organizada.
Sin embargo, el panorama no es nada alentador para las organizaciones. Contar con una asociación civil que pueda ser profesional, financieramente sostenible y que cuente con ciertas ventajas o incentivos fiscales, es una tarea sumamente costosa en tiempo y dinero que resulta inaccesible para muchas personas.
Por otro lado, a pesar de que en el 2000 se dio un avance con la creación de una Ley de Fomento, los recursos públicos concursables directamente a organizaciones han ido disminuyendo desde 2013, hasta el grado que el actual gobierno federal ha mantenido congelados los pocos recursos presupuestados para este año mediante el programa Coinversión Social de INDESOL, uno de los programas mejor evaluados por CONEVAL. El presupuesto para 2020 propuesto por el gobierno federal en este rubro es simplemente nulo.
Presupuesto histórico del gobierno federal destinado a OSC.
Fuente: Alternativas y Capacidades, A.C.
A todo este ambiente de obstáculos legales y administrativos, y de limitantes de recursos públicos, se le suma la violencia. De acuerdo con CIVICUS, México forma parte de una deshonrosa lista de seis países que juntos acumularon en 2017 el 85% de los asesinatos perpetrados contra periodistas, activistas y defensores de Derechos Humanos en todo el mundo. Y como colofón, el estigma generalizado desde el púlpito presidencial de “la mal llamada sociedad civil”, documentado en su Circular del 14 de febrero de este año donde se prohíbe entregar recursos a las organizaciones, contraviniendo la Ley de Fomento.
Por supuesto que en la diversidad de las organizaciones existen diversos intereses, ya que las OSC no son un cuerpo homogéneo que siempre vaya estar a favor o en contra del gobierno en turno, pero estas barreras de las que hablamos no hacen más que acentuar las desigualdades entre organizaciones y colectivos de base, y las que ya están consolidadas. En términos reales se trata de una reducción del espacio cívico que implica la limitación de libertades fundamentales de asociación, organización y libertad de prensa.
Valgan estos días en que veremos imágenes de los famosos Topos y rescatistas de los sismos para preguntarnos, ¿es importante para la sociedad la labor que hacen Los Topos? Y sí es así, ¿de qué viven esas personas? ¿cómo hacen para financiar sus actividades, estar en constante capacitación, llevar el sustento a sus hogares? ¿Es algo que podría hacer mejor el gobierno? La organización como la de Los Topos es un excelente ejemplo para demostrar cómo una OSC puede contribuir a la solución de un problema público, teniendo experiencia y conocimiento que el propio gobierno no tiene, y además haciéndolo de manera más eficaz y eficiente.
Contar con organizaciones de sociedad civil independientes y fuertes, y un espacio cívico abierto y fortalecido es una condición muy importante para evitar que tengamos regresiones autoritarias tal como ha ocurrido en Nicaragua o Venezuela. Ojalá que logremos visibilizar esto, y que el gobierno pueda ser sensible a colaborar con organizaciones sociales o cuando menos pueda contribuir a generar un ambiente propicio para su fortalecimiento.