Reforma Judicial y la Defensa de Principios Constitucionales: El Proyecto de Sentencia y su Impacto en la Independencia del Poder Judicial en México

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Introducción:

La reciente reforma judicial en México continúa confrontando de manera inédita al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, poniendo en juego el respeto a los principios fundamentales de nuestra Constitución. El proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara, respecto de la acción de inconstitucionalidad 164/2024 y sus acumuladas, próximo a votarse en la Suprema Corte, no solo cuestiona aspectos técnicos y procedimentales, sino que también plantea un análisis profundo sobre la constitucionalidad sustantiva de la reforma. A continuación, se presentan algunos de los puntos clave de este proyecto, los principios que protege y sus posibles repercusiones para la estabilidad jurídica y política en México. 

1. Continuidad de la confrontación entre Poderes y renuncias anunciadas en el Poder Judicial:

La reforma judicial recientemente aprobada ha intensificado el conflicto entre el Poder Judicial y el Legislativo, respaldado por la Presidencia, en lo que se percibe como un endurecimiento mutuo de posturas.

El Poder Judicial ha expresado su inconformidad con la reforma, y en protesta, ministros, algunos jueces y magistrados han anunciado su renuncia. Además, ocho ministros de la Suprema Corte se abstendrán de participar en el procedimiento para su nueva integración, lo cual podría agravar el vacío institucional.

Desde el sector oficialista, se ha interpretado que quienes optan por no participar lo hacen para “evadir culpabilidad”. Sin embargo, los críticos consideran que esta es una forma legítima de protesta ante lo que perciben como una amenaza a la independencia judicial.

2. Proyecto del ministro González Alcántara sobre la constitucionalidad de la reforma judicial:

El proyecto de sentencia elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, que será discutido próximamente en la Suprema Corte, aborda la constitucionalidad de la reforma judicial, en particular si esta reforma vulnera principios esenciales de la Constitución.

La propuesta ha generado gran expectación y tensión, pues requiere de una votación en la que al menos ocho ministros aprueben el proyecto. Se espera que la discusión del proyecto tenga lugar el próximo 5 de noviembre de 2024.

Este proyecto es decisivo, ya que plantea la posibilidad de que la Suprema Corte anule ciertos aspectos de la reforma en función de su incompatibilidad con principios esenciales de la Constitución, argumentando que existen elementos jurídicos inamovibles que no pueden modificarse mediante una reforma ordinaria, esto es por el constituyente permanente.

3. Alcance de la revisión constitucional en la Corte: procedimiento y contenido:

En su proyecto, González Alcántara propone que la revisión de la Corte no solo debe limitarse a los procedimientos (es decir, si la reforma siguió los pasos legales adecuados), sino también al contenido de la reforma.

Esto representa un aspecto importante en la revisión de las reformas constitucionales, pues introduce el concepto de “materialidad” o contenido, evaluando si el cambio afecta el núcleo de los derechos o estructuras fundamentales del sistema. Esta perspectiva extiende la responsabilidad de la Corte para analizar el impacto sustantivo de las reformas.

4. Principios esenciales establecidos en la Constitución:

Entre otros, el artículo 40 de la Constitución mexicana establece las bases inamovibles del sistema, definiendo a México como una república democrática, representativa, laica y federal, con división de poderes, como se señala en el artículo 49. Este marco fundamental es, entre otros, la base sobre la cual el proyecto justifica su análisis.

En el proyecto, González Alcántara sostiene que estos elementos, al ser principios básicos, no pueden ser modificados o eliminados mediante una reforma constitucional ordinaria, sino que requerirían un proceso equivalente al constituyente originario.

Además, argumenta que la independencia judicial y la división de poderes son inherentes a la organización republicana y a la estructura del Estado mexicano, de modo que la reforma propuesta, al pretender reducir la autonomía del Poder Judicial, va en contra de estos principios básicos de la Constitución.

5. Partes de la reforma judicial declaradas inconstitucionales:

Aspectos declarados inconstitucionales: El proyecto de González Alcántara examina varios puntos de la reforma que considera incompatibles con la Constitución, entre ellos:

• La posibilidad de cesar a jueces y magistrados en funciones, lo cual considera una medida que afecta la independencia judicial.
• El nuevo método de nombramiento de jueces y magistrados, que centraliza el proceso de selección en el Poder Ejecutivo, alterando el balance entre poderes.
• La reorganización de los poderes judiciales de los estados, incluyendo la creación de tribunales disciplinarios con amplias facultades, que podría interpretarse como un mecanismo para debilitar la autonomía judicial.
• La introducción de figuras como los “jueces sin rostro”, lo cual sería contrario a los principios de transparencia y debido proceso.
• La eliminación de la posibilidad de suspensión en los juicios de amparo y controversias constitucionales, que podría impedir la defensa efectiva de los derechos humanos.

Aspectos considerados constitucionales: El proyecto establece que algunos aspectos, como el régimen propuesto para la selección de ministros, podrían ser constitucionales si se aplican bajo criterios de transparencia y sin vulnerar la autonomía del Poder Judicial.

6. Intención del Legislativo de limitar la revisión judicial:

Ante el proyecto de González Alcántara, el Congreso ha buscado acelerar la aprobación de una nueva iniciativa de reforma constitucional que prohíba la revisión de reformas constitucionales en juicios de amparo o controversias constitucionales. Esta medida busca limitar la capacidad de la Corte para invalidar las reformas recientemente aprobadas, bloqueando la posibilidad de impugnaciones futuras.

No obstante, el proyecto argumenta que la Corte tiene la facultad de revisar cualquier cambio que afecte los principios fundamentales de la Constitución.

7. Impacto de la reforma en la inversión extranjera y estabilidad jurídica:

Se advierte que la erosión de la independencia judicial podría afectar la confianza de los inversionistas extranjeros. A pesar del discurso oficial que presenta a México como un destino confiable para la inversión, la debilidad en la protección judicial y los riesgos a la estabilidad jurídica proyectan una imagen de inseguridad.

Para los socios comerciales de México, la percepción de un Poder Judicial sometido al Ejecutivo es una señal preocupante de debilitamiento del estado de derecho, lo cual impacta tanto en la atracción de inversión como en la reputación del país en la comunidad internacional.

8. Un contexto inédito y los riesgos de un régimen autoritario:

En muchos aspectos, la situación actual es inédita para el sistema jurídico y político mexicano. Se observa una intensa confrontación entre poderes, que no corresponde con las bases mínimas de respeto y estabilidad previstos en la Constitución antes de la reforma.

Esta situación materializa ya múltiples amenazas para la democracia y el equilibrio de poderes en México, proyectando una imagen de autoritarismo creciente y enviando una señal negativa tanto a ciudadanos como a la comunidad internacional.

9. Llamado a la prudencia y mediación de los actores políticos para evitar un choque de poderes:

En este escenario de polarización, es indispensable que el Ejecutivo, a través de la Presidencia, actúe como mediador, promoviendo un diálogo institucional y evitando una confrontación directa entre poderes.

La falta de una intervención moderadora de la Presidenta y el discurso de confrontación aumentan el riesgo de un choque entre poderes con consecuencias todavía inimaginables y que podría afectar profundamente la estabilidad del país en distintos aspectos.

Sin una mediación efectiva por parte de la Presidenta de México y otros actores políticos, situación que parece cada vez más remota, esta reforma podría abrir aún más la puerta a un régimen con tendencias autoritarias y mayor centralización del poder, afectando la credibilidad de México en el exterior y debilitando el sistema democrático interno.

Conclusión:

La reforma judicial no solamente altera estructuras básicas del Poder Judicial, sino que amenaza con trastocar principios esenciales establecidos en la Constitución, que definen a México como una república democrática con división de poderes.

Lejos de consolidar esta independencia y supuestamente acabar con la corrupción, la reforma se sostiene en una farsa política, fundamentada en un supuesto "mandato popular" de los 36 millones de votos en la última elección. El oficialismo, habiendo ya asegurado el control del Poder Legislativo y pudiendo por ende discutir y emitir leyes a sus anchas, busca centralizar aún más el poder, erradicando cualquier forma de contrapeso y protección institucional.

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