Reimpulso de la Industria del gas en Brasil.
Después de varios meses de espera, principalmente por la ocurrencia de la pandemia de Covid-19, el Congreso de Brasil aprobó la reforma a la legislación del sector del gas natural. La reforma, considerada prioritaria por el Gobierno, ahora espera la promulgación por parte del presidente, Jair Bolsonaro.
Para la redacción de la reforma se convocaron distintos actores del sector gas natural del país al igual que se contó con el asesoramiento de la Agencia Internacional de Energía (AIE). Con este nuevo instrumento legal el gobierno brasileño busca:
- Estimular la entrada de nuevos proveedores de gas natural y evitar la concentración del mercado en manos de unas pocas empresas: La ley describe los mecanismos para desconcentrar el mercado, actualmente controlado por la estatal Petrobras.
- Hacer que el sector del transporte de gas sea más transparente: La ley elimina el sistema de concesiones (actualmente los gasoductos son propiedad del estado) e introduce un proceso de autorización de construcción de nueva infraestructura de transporte pública, privada o de capital mixto. Actualmente, la red de gas natural de Brasil se limita a los principales centros de población cerca de su costa, lo que deja a otras grandes ciudades fuera de la red, incluida la capital, Brasilia.
- Promover la competitividad en la venta de gas natural, especialmente a consumidores industriales y reducir los precios del gas natural para el sector doméstico y de generación eléctrica del país: El sector industrial representó más del 45% del consumo de gas del país en 2019 y a su vez mantiene los precios del gas natural más altos del mercado y la región. Brasil cuenta con varias fuentes de suministros de gas natural con distintas estructuras de precio: Gas natural licuado, importaciones desde Bolivia y Argentina, y la producción propia. Se estima que algunos sectores alcancen reducciones de precios de hasta 40%.
- Generar Empleos. Se prevé que los cambios propuestos capten inversiones por 43.000 millones de reales (más de 8.000 millones dólares) y genere más de 33.000 puestos de trabajo en los próximos diez años.
Otra actividad que se busca incentivar bajo el régimen de autorización es el almacenamiento subterráneo de gas natural. Con esta práctica se promueve la confiabilidad y flexibilidad del suministro, la reducción de la volatilidad de los precios y reducir riesgos para los agentes participantes.
La legislación igualmente promueve la construcción de plantas de procesamiento de gas por parte de privados en los municipios productores y permite el acceso del biometano a la red de gasoductos.