¿SON PERIODISTAS?

Tenía todos los ingredientes para un linchamiento: persona vulnerable, con enfermedades mentales, con antecedentes y con orden de alejamiento respecto a la madre del pequeño Gabriel. No era el momento de bulos, policías "espontáneos", debates facilones y los consabidos: "ya lo sabía yo". La Guardia Civil era la competente para investigar con la pericia y serenidad que un asunto tan delicado exige y lo hizo con una profesionalidad impecable y con un resultado objetivo: una detenida que reconoce su crimen y unos padres que pueden enterrar a su hijo y no pasar el calvario de los de Marta del Castillo (con unos canallas asesinos que además prolongan el dolor causado). Lo que no se ha podido evitar por desgracia es lo principal, que un chiquillo se haya cruzado con una mente perversa que ha cortado en seco su vida para siempre.

En este drama los padres han actuado con una altura humana extraordinaria, llamando a la justicia y no a la venganza. Bastante sufrimiento tenían como para desear el de otro inocente, pero hay algunas personas en los medios de comunicación que en cuanto huelen la posibilidad de notoriedad y “éxito de audiencia” no los para nada ni nadie. Un hombre que desde el 2 de marzo queda descartado como sospechoso por los investigadores (y se informa en tal sentido por el ministro del Interior) es machacado de forma inmisericorde por algunos “periodistas”, sacando a la luz su nombre, historial médico y reafirmando de forma temeraria sospechas que la Guardia Civil había desechado de forma fundada y contundente. Se trataba de mantener la tensión, un enfermo mental con orden de alejamiento de la madre daba morbo a esa jauría que echaba sobreactuación al asunto, con afirmaciones histriónicas acompañadas de actuaciones propias de una película de Hitckcock (banda sonora incluida). Una persona enferma con unos padres mayores daba pie a una escasa capacidad de respuesta, lo que pone en valor el informe del Consejo Audiovisual de Andalucía denunciando estos hechos.

El art.20.1.d) CE reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. El requisito de la veracidad es esencial para evitar que en vez de información recibamos basura. No se trata de convertir a los periodistas en notarios de hechos plenamente documentados (sería el BOE y no una noticia) pero el Tribunal Constitucional (STC 6/1988, de 21 de enero) deja claro que existe “un específico deber de diligencia sobre el informador a quien se le puede y debe exigir que lo que transmita como «hechos» haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos, privándose así de la garantía constitucional a quien defraudando el derecho de todos a la información actúe con menosprecio de la verdad o falsedad de lo comunicado.” Cualquier parecido entre el buen nombre del periodismo y la jauría vociferante es pura casualidad.