Sostenibilidad 2.0: una nueva época (1/2)

En octubre de 1806, días después de finalizar su obra capital, la "Fenomenología del Espíritu", libro fundamental para entender el devenir filosófico contemporáneo, Georg Wilhelm Friedrich Hegel presenció la entrada de las tropas francesas en la ciudad alemana de Jena. Tras observar a Napoleón Bonaparte montado a caballo -seguramente henchido de orgullo tras librar victorioso en aquella ciudad una batalla decisiva en su lucha contra Prusia-, escribió en una carta a un amigo las siguientes líneas: "He visto al emperador -esta alma del mundo- saliendo de la ciudad en tareas de reconocimiento. Qué maravillosa sensación ver a este hombre, que, concentrado en este punto concreto y a caballo, se extiende por el mundo y lo domina".

Como indicaba en aquella misiva, para el filósofo alemán el espíritu del Mundo estaba encarnado, en ese preciso momento de la Historia, en el propio Napoleón; el emperador francés sería el encargado, por la fuerza de las armas y, sobre todo, por los designios del espíritu, de convertir a Prusia en un Estado Moderno. Casualmente, los principios de la Revolución Francesa que traía Napoleón, y las ideas de la "revolución" del idealismo alemán -si bien no tumultuosa, sí igual de profunda en cuanto al cambio en la concepción de la sociedad y del hombre- confluyeron en una ciudad esencial para el desarrollo de esta escuela filosófica, precisamente, además, tras una batalla que dejó a Prusia -uno de los grandes representantes de aquel Antiguo Régimen que se derrumbaba- al borde de la derrota en la guerra contra Francia -en palabras de Hegel: "En cuanto a la suerte de los prusianos, no podría haber pronóstico mejor"-.

Trasladándonos a épocas más recientes, desde una posición idealista podríamos afirmar que, tras el colapso de la URSS -hecho histórico del que se acaban de cumplir 30 años-, el "espíritu" ha ido manifestándose en la Historia -además de en otras formas, diferentes al caso que nos ocupa- a través de una preocupación cada vez mayor por las externalidades negativas de los modelos económicos capitalistas. De este modo, a lo largo de estas tres últimas décadas, al capitalismo se le ha puesto en cuestión no tanto desmintiendo su idoneidad frente a su antagonista -posición muy difícil de justificar-, sino más bien enfatizando los perjuicios que lleva consigo. Muy particularmente, la crisis de 2008 fue un toque de atención sobre la necesidad de Estados fuertes que controlen prácticas que, aun dentro de una supuesta legalidad, trampean los resortes del sistema para obtener unos beneficios económicos anti-éticos, que en el largo plazo repercuten en el bienestar de todos.

Es precisamente esta crisis la que ha azuzado en esta última década movimientos políticos populistas que han puesto sobre la mesa del debate público ciertas concepciones supuestamente superadas y propias de tiempos previos a la caída del telón de acero, mezcladas con nuevas ideas apropiadamente fundamentadas. Respecto a estas ideas, surgidas de la Academia, baste recordar por ejemplo el trabajo de Thomas Piketty, en su libro "El capital en el siglo XXI". En este libro, el economista francés expone que, durante el siglo XX, la tasa de retorno de las inversiones ha sido en general superior a la tasa de crecimiento de las economías de los países, lo que ha supuesto una mayor separación de los niveles de renta de las grandes fortunas frente a las del ciudadano medio a lo largo de este periodo.

Asimismo, la mayor trascendencia de los debates de índole medioambiental, principalmente -aunque no solo- por las consecuencias ya demasiado evidentes del cambio climático, que irán creciendo de una forma cada vez más lesiva en las próximas décadas, han propiciado que grupos ecologistas hayan acusado al capitalismo de ser el causante de promover un modelo de consumo "desatado" e irresponsable, de "usar y tirar", que tensa y agota la capacidad de regeneración del planeta y acelera el calentamiento global. Si bien habría que recordar a estos grupos que también el comunismo ha provocado desastres medioambientales sin precedentes -véase el Mar de Aral-, no les falta razón en vincular las políticas liberales, demasiado permisivas con las empresas, con gravosas consecuencias medioambientales.

No cabe duda de que llegados a esta etapa de la historia, aquella concepción de Milton Friedman de que "la responsabilidad social de los empresarios es aumentar sus ganancias" es considerada por muchos como fuera de tono, incluso de mala educación: una posición extrema que no muestra respeto por las posibles consecuencias negativas que conlleva el desarrollo de cualquier actividad empresarial, especialmente en aquellos casos en los que el contexto económico, social y medioambiental del país y/o del entorno físico en el que se emplaza es especialmente delicado. En buena medida, supone además un "desprecio" ante la "tragedia de los comunes", problema ante el que el liberalismo de la escuela de Friedman -la Escuela de Chicago- no tiene respuestas satisfactorias. La reciente victoria en Chile del joven político de izquierdas Gabriel Boric tal vez haya sido el epitafio de una época económica marcada por las ideas de este grupo de economistas -la de los años 80 en Occidente, la de los "Chicago Boys" que asesoraron al régimen de Augusto Pinochet, y también la de Thatcher en Reino Unido y Reagan en EE.UU-, que tuvieron su sentido entonces -si bien en el inadmisible contexto de una dictadura en el caso de Chile-, pero que en estos momentos han perdido vigencia.

En suma, tomando como patrón la dialéctica hegeliana, podríamos afirmar que frente a la persistencia del comunismo a finales de siglo y a la reacción en los años 80 de parte del bloque occidental -EE.UU y Reino Unido- reafirmando la efectividad del modelo capitalista y llevándolo casi hasta sus últimas consecuencias, en estas décadas se ha venido desarrollando un movimiento dialéctico que supera ambas posiciones y que revaloriza la potestad del Estado de velar por el bien común sin comprometer por ello la buena marcha de la economía. Si bien este tercer modelo ya había sido desarrollado en gran medida en Europa mucho tiempo atrás -el modelo de Estado de Bienestar en Europa data de la época de Bismarck-, a mi modo de ver, este "nuevo" Estado de Bienestar toma buena nota y pone en práctica las lecciones positivas de los neoliberales -por ejemplo, la eficiencia inherente de las empresas privadas frente a las empresas públicas- y evita caer, de nuevo, en trampas como la de la ausencia de una apropiada regulación empresarial.

Respecto al modelo de bienestar "clásico", hay además otro cambio fundamental que consiste en la integración de la variable de la sostenibilidad en la toma de decisiones regulatorias. En estos últimos años, la sociedad ha tomado conciencia del papel crucial que juegan las empresas en asegurar el bienestar social, así como la preservación del medioambiente, y los Gobiernos -a nivel nacional y supranacional, particularmente en el contexto de la Unión Europea- han desarrollado diversos actos normativos para identificar y controlar las externalidades ambientales y sociales de las empresas. Esto posibilita, a su vez, beneficiar a aquellas empresas que generan unas externalidades positivas y hacer lo contrario con aquellas que generan externalidades negativas -bajo el principio de "quien contamina, paga"-, internalizando en cierto modo estas externalidades en sus resultados financieros. En definitiva, se trata de alcanzar el máximo desarrollo del capital financiero del país sin que esto suponga una merma del capital financiero de sectores de la economía más vulnerables, o de otros capitales fundamentales para el presente y el futuro del país como pueden ser su capital natural, intelectual, cultural, relacional, etc.

Es importante remarcar que, de cara a generar un efecto multiplicador en materia de generación de valor compartido en las compañías, el bonus o malus que establezcan los Gobiernos en base al grado de sostenibilidad de una compañía debe complementarse con el que el que determinen los agentes económicos directamente vinculados a dicha compañía. En todo caso, los Gobiernos deben garantizar que las compañías proporcionan información no financiera -es decir, en materia de sostenibilidad- veraz y comparable que asegure, por tanto, la adecuada toma de decisiones por parte de estos agentes económicos -fundamentalmente, clientes/consumidores por un lado, y financiadores/accionistas por el otro-. Por diversas razones que darían lugar quizá a una discusión aparte, es precisamente este segundo grupo de agentes económicos, el integrado por los proveedores de deuda/capital, el que tiene mayor capacidad y expertise para "forzar" a las compañías a adquirir un mayor compromiso en el ámbito de la sostenibilidad.

Este proceso de cambio de modelo gubernamental ha ido tomando cada vez más velocidad en los últimos años. El Acuerdo de París y el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aceleraron la adopción de medidas en materia de sostenibilidad en todo el Mundo, y prácticamente coincidiendo en el tiempo con el "shock" de la pandemia de Covid-19, la Comisión Europea tomó un paso decisivo con el lanzamiento del Pacto Verde Europeo, o Green Deal. Con esta iniciativa, la Comisión adoptó un conjunto de propuestas orientadas a redirigir las políticas de la UE con el objeto de que la Unión llegue a ser neutra en emisiones netas de GEI en 2050. Además del beneficio a nivel de calentamiento global, la iniciativa cuenta también con otros numerosos beneficios a nivel ambiental, como la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, la prevención de la contaminación atmosférica y en cuerpos de agua, el fomento de modelos de economía circular; y también a nivel social, como la generación de nuevos puestos de trabajo, el fomento de una industria globalmente resiliente y competitiva y el impulso de los sistemas de transporte público, entre otros aspectos.

Adicionalmente, las obligaciones de reporte derivadas de la Ley De Información No Financiera (LINF) aprobada en 2018 -en las que se incluyen datos clave para los grupos de interés de las empresas como las remuneraciones por categoría profesional y por género, o la cuantía de los impuestos sobre beneficios pagados por país- o la cercana adopción de normativa a nivel europeo que regulará de forma obligatoria los procesos de due diligence en materia de derechos humanos, tanto en las propias operaciones de las compañías como en sus cadenas de suministro, suponen, entre otros muchos aspectos, nuevos pasos que refuerzan la apuesta de la Unión Europea por un modelo económico sostenible.

Estos desarrollos normativos, junto con el auge a nivel inversor de los esquemas de "Inversión Socialmente Responsable", han provocado a nivel empresarial un cambio en la concepción de la sostenibilidad. Hace unos años, para las compañías era simplemente recomendable proporcionar información en materia de sostenibilidad, sin que esta información fuera un factor decisivo en la toma de decisiones en los máximos órganos de gobierno de las compañías. Ahora, las empresas se ven obligadas, a nivel legislativo y también por las demandas de sus inversores, a asumir decisiones estratégicas en materia de sostenibilidad a nivel de la alta dirección o del consejo de administración. Denominemos a este cambio de enfoque Sostenibilidad 2.0.

En un segundo artículo desarrollaré de forma más concreta los principales ámbitos de actuación a nivel de la Unión Europea que están impulsando e impulsarán en los próximos años la sostenibilidad empresarial.