Transición Energética Social además de ambiental

Desde el 2008, las renovables han recibido alrededor de cien mil millones de euros en ayudas, según las estadísticas de energías renovables, cogeneración y residuos de la CNMC. Son seis mil millones de euros de media cada año, aunque el año pasado bajó a poco más de cuatro mil millones al año.

Mientras tanto, el presupuesto anual en ayudas de bono social de electricidad para familias en riesgo de sufrir pobreza energética asciende actualmente sólo a quinientos millones de euros, esto es, ocho veces menos.

Hasta la fecha, la transición energética ha sido más ecológica que social, con más recursos para la energía verde que para las familias vulnerables.

Pero esta tendencia está cambiando con las subvenciones a las renovables en caída y con las ayudas contra la pobreza energética en aumento progresivo.

Son ya más de 1,6 millones los beneficiarios del bono social que, aunque temporalmente por las medidas anticrisis, reciben descuentos incrementados en hasta el 65% o el 80% del recibo.

Adicionalmente, los beneficiarios del bono eléctrico tienen derecho al bono térmico de 40 a 375 euros anuales, en función de su grado de vulnerabilidad y la zona climática en la que residan.

Si sumamos las ayudas de bono térmico a las del bono eléctrico nos acercamos ya a los mil millones, cada vez más cerca de las ayudas a las energías limpias.

Es relevante destacar que la entrada de nuevas renovables no está subvencionada y que su entrada está provocando una drástica reducción de los precios del mercado mayorista de electricidad OMIE, tal y como demuestran los precios a cero en casi todas las horas solares de los últimos cuarenta días.

Más renovables hacen que los precios mayoristas bajen, por lo que la actual transición ecológica es implícitamente también social, facilitando el acceso a energía asequible y no contaminante a mayor número de familias.

Pero de otro lado, la pobreza energética es un problema muy complejo que afecta a un segmento de la población muy grande y heterogéneo, con múltiples circunstancias y particularidades que dificultan la llegada de las ayudas a toda la población vulnerable.

En la práctica es imposible implantar procedimientos perfectos e infalibles de difusión, tramitación y concesión de estas ayudas, pues se trata de llegar a millones de familias diferentes.

Según las cifras del Panel de Hogares de la CNMC, aunque el grado de conocimiento del bono social mejora cada año, actualmente el 22% de los hogares aún desconoce su existencia y, si añadimos los hogares que saben que existe pero no saben como solicitarlo, nos encontramos con que la mitad de los hogares de España tienen dificultades para solicitar el bono social.

El Gobierno está trabajando en simplificar su tramitación, como es el caso del derecho automático al bono social a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, pero nos encontramos que a veces estas personas no son titulares de los contratos de electricidad por estar subarrendadas o por estar los contratos a nombre de entidades sociales, dándose la paradoja que los que los que más lo necesitan en muchas ocasiones no pueden recibir estas ayudas.  

La brecha digital en personas de avanzada edad que no se manejan bien con internet, la burocracia, la dispersión geográfica o el desconocimiento del idioma, son algunas de las muchas causas por las que hay muchos fondos disponibles para el bono social que no llegan a las familias vulnerables.

Hay 354 millones de fondos de bono social disponibles de ejercicios anteriores que no se han concedido a familias que lo necesitaban

Por estas circunstancias es esencial la labor de “ultima milla” de entidades como Fundación Energía Responsable, para que podamos detectar estos casos de necesidad.

Las entidades privadas del tercer sector debemos ser un complemento al sistema de ayudas, al igual que los trabajadores sociales, con quien nos coordinamos habitualmente para que nos deriven los casos más graves y les ayudemos con nuestro conocimiento específico del sector energético.

En Fundación Energía Responsable nos encontramos con que más del 32% de los casos son familias con menores y un 14 % son personas mayores o unidades familiares con personas con discapacidad, enfermedades graves o en situación de alta dependencia.

A todos ellos les ayudamos a tramitar el bono social eléctrico y el bono térmico, además de defender sus derechos como consumidores vulnerables para que no les corten la luz, llegando incluso a abonar sus deudas pendientes para que vuelvan a conectarles la electricidad o el gas de forma inmediata.

Favorecería a la eficacia de las ayudas el permitir que entidades del tercer sector como Fundación Energía Responsable puedan realizar la acreditación de la vulnerabilidad de una familia para acceder al bono social eléctrico y térmico, habilitando un registro de mediadores para el bono social similar al del Ingreso Mínimo Vital, de tal forma que las entidades privadas del tercer sector especializadas en la lucha contra la pobreza energética podamos tramitar directamente estas ayudas para facilitar el acceso a las mismas a toda la población vulnerable, incluida la que vive en entornos rurales.

Otro avance importante sería que el bono social pudiera contratarse con cualquier comercializadora de energía eléctrica y no sólo con las comercializadoras de último recurso.

El bono social se podría aplicar como un descuento a incorporar a cualquier contrato de suministro de luz, de forma análoga al bono térmico, donde no es un requisito necesario tener contratada la tarifa de último recurso de gas, obligando a las comercializadoras que quieran ofrecerlo a combinarlo con los precios más económicos que tengan en cada momento y a poner puntos de atención presencial para su contratación.

Estas mejoras permitirían una mayor eficacia tanto en la difusión como en la tramitación, además de aumentar las opciones de los consumidores vulnerables, que no perderían sus derechos a las ayudas por contratar con una comercializadora de su libre elección, con quien podrían además optar a precios fijos o a energía 100% renovable en combinación con su bono social.

Fundación Energía Responsable es un punto abierto de encuentro para empresas del sector energético como Visalia, Luz Solidaria, Luz Inclusiva o JQ Advisors, unidos por una energía socialmente responsable, para trabajar juntos en colaboración con organismos públicos nacionales y locales, servicios sociales y otras entidades del sector, con el fin de ayudar a familias en riesgo de pobreza energética.

Ninguna familia debería tener que escoger entre poder comer o encender la calefacción.

Jaime Jaquotot, miembro del patronato de la Fundación Energía Responsable.