Una revolución verde con dos caras en Asturias

Hace unos días vi “El año del descubrimiento”, un documental que ganó un par de premios “Goya” hace dos años gracias a su hábil retrato de la convulsa reconversión industrial que se vivió en Cartagena a finales de los 80 y principios de los 90. En esa época, el Gobierno de Felipe González adaptó no sin problemas la anquilosada industria patria a las exigencias de la Unión Europea. Una reconversión que se tradujo en la liberalización de los sectores hasta entonces en manos del Estado, la modernización de instalaciones, y numerosos despidos.

En Asturias seguimos buscando nuestra particular reconversión. El éxito, está claro, no llegó con el cierre de las minas. Hoy, con la transición ecológica, la sensación generalizada es que este es el último tren que tenemos para mantener una industria fuerte y estratégica. Evocando el documental, es inevitable trazar paralelismos con la situación que vivimos ahora, con sus evidentes diferencias, pero una similitud de base: las reconversiones industriales son convulsas y requieren de un liderazgo político fuerte que luche por el empleo y la innovación con estrategias concretas.

El proyecto anunciado por el conglomerado HyDeal para surtir de hidrógeno verde a la industria asturiana ha sido una gran noticia. Poner sobre el tablero 7,4 GW de electricidad verde para ArcelorMittal y Fertiberia se convierte, de repente, en la solución a un problema endémico: el del suministro de energía a un precio competitivo. Igualarnos en el tú a tú con países de nuestro entorno como Alemania o Italia.

Primera reflexión: no podremos descarbonizar la economía sin el impulso del sector privado. Los proyectos tractores son buenos no solo para las grandes multinacionales, sino que dan la vida a numerosas pymes en la región. Poner los cimientos de un ecosistema industrial no genera de forma espontánea nuevos proyectos de negocio, pero sí asegura empleo a medio y largo plazo, si vamos de la mano con universidades y parques científico-tecnológicos.

La segunda consideración es menos halagüeña. La transición ecológica que encaramos va a tener costes sociales. Esto lo llevamos señalando en el Grupo Liberal del Parlamento Europeo desde que la Comisión puso sobre la mesa sus prioridades. De acuerdo, decimos: recorramos un camino tan necesario como inevitable; descarbonicemos nuestra economía y luchemos por un mundo más sostenible. Pero no tratemos a los ciudadanos como niños. Una verdad sigue siéndolo, por muy dolorosa que sea.

No podemos esconder bajo la alfombra los costes sociales. Los fondos que vendrán de Europa ayudarán a paliar el golpe, pero tenemos que ser conscientes de que la transición ecológica tendrá impacto sobre los ciudadanos, algo que muchos se empeñaban en obviar. El último ejemplo es el de Arcelor, que un día después de anunciar su participación en el proyecto de HyDeal comunicó a los sindicatos que prescindirá de 900 trabajadores en los próximos dos años.

Para hacer balance entre las dos caras de la moneda se necesita un plan y rendir cuentas a la sociedad. Y un gobierno que vea la industria como lo que es: un sector estratégico del que no podemos prescindir. Los vaivenes geopolíticos son cada vez más habituales (ahí están Rusia y Ucrania), y ya se vio durante la pandemia que depender de otros países para conseguir fármacos, mascarillas o test de antígenos nos hace vulnerables. Y no hablemos de los microchips o el acero.

Ya estamos inmersos en una transición sin marcha atrás, que debe ser económica y social. Indudablemente esto tiene un coste, y nos preocupa que al final acaben pagando los más vulnerables, las clases medias y las pymes. De ahí nace la necesidad planteada por la UE de crear un Fondo Social del Clima que, junto al Fondo de Transición Justa y el Next Generation, deben servir para ayudar a la industria y amortiguar el impacto social.

Me preocupa, como eurodiputada y ciudadana, la ausencia de este debate público sobre nuestro papel como sociedad ante los despidos, que supondrá en la industria la modernización de las instalaciones. O la inclusión del transporte marítimo en el mercado de emisiones, que deja indefenso al puerto de Algeciras frente a la competencia de Marruecos. O cómo afectará a la gente el pago por las emisiones en el transporte o la calefacción de sus hogares.

No por dejar de mirar a todos estos asuntos, que llegarán antes o después a la vida de los ciudadanos, estos dejarán de existir.