Vacunas COVID-19 y su seguridad. ¿Por qué primero el personal?.

La pandemia no remite y sus perniciosos efectos en nuestras costumbres y forma de vida nos hacen mirar con entusiasmo a las vacunas, que aparecen como única luz al final de este negro túnel.

Los debates sobre ellas se multiplican, últimamente sobre su posible obligatoriedad a toda la población o a parte de ella y, desde luego, sobre prioridades de vacunación. No hay quiniela que no incluya a residentes y a profesionales sanitarios y sociosanitarios entre los primeros a vacunar, y ya el propio Gobierno del Estado lo ha indicado formalmente en el documento oficial de líneas maestras de vacunación COVID-19 en España, actualizado a 23 de noviembre de 2020. Pero un río no se cruza hasta llegar a él y comprobar no solo cuántos puentes o vados hay en la zona sino, sobre todo, qué seguridad ofrece cada uno de ellos, y en el documento publicado llama la atención no tanto lo que dice sino, sobre todo, lo que por ahora omite: la seguridad.  

Siendo incuestionables los beneficios que individual y colectivamente han demostrado históricamente las vacunas, y más allá de la carrera por la efectividad y la rapidez que, comprensiblemente, tienen organizada las farmacéuticas, todavía no hay nada concreto acerca de características, riesgos y efectos secundarios, que es a mi juicio lo más importante en este momento inicial en el que nos encontramos. Sin esta información no tiene sentido hablar aun de prioridades u obligatoriedades.   

Hasta la fecha y salvo error, ni los más expertos han concretado riesgos posibles en general, tampoco específicos de cada una de las distintas vacunas y menos en función de circunstancias específicas del receptor, como por ejemplo edad o patología intercurrente. En el ya citado documento de líneas maestras de vacunación COVID-19 en España se repite, continua y genéricamente, que “la ciudadanía debe saber que las vacunas que finalmente se emplearán en la UE para inmunizar frente a la COVID-19 dispondrán de los mismos niveles de seguridad que cualquiera de las que se emplean habitualmente” (pg. 3, pg. 10, pg. 11 destacado). Suena bonito pero es solo un brindis genérico. No hay dato concreto alguno acerca de ninguna.

Ni siquiera informan de las características específicas y tipo de cada vacuna, si es recombinante o inactivada, pongo por caso, siendo información a la que tenemos derecho como pacientes para elegir o rechazar una u otra. De ello incluso pudiera resultar más o menos aconsejable ésta o aquella para éste o aquel receptor específico.  

Tampoco sabemos nada concreto, ni aproximado siquiera, sobre efectos secundarios de cada una. Es más, en el caso de éstos a lo sumo podrán informase los posibles a corto plazo, porque las vacunas se están desarrollando de forma meteórica en plazos que jamás antes se habían acortado tanto. Esto lo reconoce el mismo documento oficial antes citado, afirmando que “los tiempos de desarrollo de las vacunas se han acortado” y añadiendo, a modo de excusatio non petita y entre otros motivos, que “las compañías desarrollan la vacuna realizando en paralelo varias fases que normalmente se realizarían de manera secuencial”. Pues habrá querido tranquilizarnos, pero traducido a fanegas y arrobas, esto significa que lo que siempre se ha hecho muy despacio y pasito a pasito, en este caso se está haciendo muy deprisa y todo a la vez. A nadie se le escapa que este ahorro de tiempo no favorece la seguridad de las vacunas y, aun si no la perjudicara (cosa que la lógica nos hace temer), objetivamente es imposible que se hayan manifestado efectos a largo plazo, y difícilmente los de medio plazo, simplemente porque no ha habido tiempo suficiente como para que puedan aparecer.

A la hora de escribir estas líneas nos enteramos de que una de las vacunas en liza ha decidido ralentizar sus ensayos, al parecer para afinar en la seguridad. ¿Es la única que se ha dado cuenta de que iba demasiado rápido o es la más torpe a pesar de ser marca contrastada y puntera?.   

Nuestros también ilusionados gestores se han lazado ya a comprar (o a comprometerse a comprar) millones de dosis de varias de las vacunas. A fecha de hoy hay firmados acuerdos adelantados de adquisición con cinco compañías farmacéuticas (AstraZeneca/Oxford, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson/Janssen, Pfizer/BioNTech y Curevac) y continúa la negociación con la empresa Moderna/Lonza y Novavax. Se mencionan muchas otras, con la única excepción de la vacuna rusa, ya registrada y que ni se cita a pesar de llevar tiempo en fase III. De cualquier manera, y en lo que viene al caso, el propio Gobierno reconoce no saber aun cuál o cuáles de los candidatos pasarán con éxito los estudios preclínicos y clínicos hasta su aprobación, lo que es tanto como decir que hoy en día ninguna ha acreditado aun su seguridad.

En esta línea, sería deseable que la EMA y las agencias de medicamentos de los distintos Estados no tengan más prisa de la debida a la hora de autorizarlas y comprueben, tanto o incluso más que nunca, su seguridad.  

Desde luego tampoco tranquiliza en absoluto que el Gobierno nos diga (en el tan repetido documento) que “el Sistema español de Farmacovigilancia, coordinado por la AEMPS, ha desarrollado un Plan específico de la vigilancia de seguridad de las vacunas COVID-19 que analizará de forma continua las notificaciones de sospecha de reacciones adversas realizadas tanto por los profesionales sanitarios como por los propios ciudadanos vacunados”. Dicho así, sin haber dado aun el más mínimo detalle de seguridad de ninguna de las vacunas, esto viene a significar que la última fase del ensayo se hará con nosotros después de habernos vacunado.

El documento oficial de líneas maestras de vacunación COVID-19 en España concluye haciendo recaer sobre el personal sanitario la labor de “Asegurar la confianza en el proceso de evaluación” e incluso apelando a su “compromiso deontológico hacia las vacunas, de manera que transmitan a la población el ejemplo de protección de su salud para proteger a los demás”.

Así, el resumen de todo lo tocante a las vacunas es, por ahora, que se ha corrido más que nunca, que más allá de genéricas promesas de seguridad aún no hay información concreta ni garantías de ello, que el sistema de farmacovigilancia revisará, pero a toro pasado, los efectos adversos, y que en estas circunstancias se apunta como primeros en vacunarse a los más vulnerables y al personal sanitario y sociosanitario, éstos nada menos que para DAR EJEMPLO.

Pues como ciudadano casi me daría más tranquilidad ver dando ejemplo, en primer lugar, a los propios gestores y cargos públicos en general. Sería un detalle que se vacunaran primero ellos, que informaran cumplida y concretamente de la seguridad y efectos secundarios de las mismas a todos, empezando por el personal sanitario y sociosanitario, y luego iríamos viendo. Ya habrá tiempo después para debatir sobre prioridad u obligatoriedad.