1.   La presente Directiva se aplicará a los establecimientos tal y como se definen en el artículo 3, apartado 1.

2.   La presente Directiva no se aplicará a:

No obstante lo dispuesto en las letras e) y h) del párrafo primero, estarán comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva el almacenamiento subterráneo terrestre de gas en estratos naturales, acuíferos, cavidades salinas y minas en desuso y las operaciones de tratamiento técnico y químico y el almacenamiento vinculado a estas operaciones en que intervengan sustancias peligrosas, así como las instalaciones operativas de evacuación de residuos mineros, incluidos los diques y balsas de estériles, que contengan sustancias peligrosas.

1.   Cuando proceda o, en cualquier caso, sobre la base de una notificación de un Estado miembro con arreglo al apartado 2, la Comisión evaluará si es imposible en la práctica que una determinada sustancia peligrosa incluida en la parte 1 o enumerada en la parte 2 del anexo I ocasione una liberación de materia o energía que pudiera causar un accidente grave en circunstancias normales o anormales que puedan preverse razonablemente. Esa evaluación tomará en cuenta la información a que se refiere el apartado 3 y se basará en una o varias de las siguientes características:

A efectos del párrafo primero, también se debería tener en cuenta, cuando proceda, el aislamiento y el envasado genérico de la sustancia o mezcla peligrosa, en particular cuando estén cubiertos por disposiciones legislativas específicas de la Unión.

2.   Cuando un Estado miembro considere que una sustancia peligrosa no presenta un peligro de accidente grave de conformidad con el apartado 1, lo notificará a la Comisión junto con la justificación correspondiente, incluida la información a que se refiere el apartado 3.

3.   A efectos de los apartados 1 y 2, la información necesaria para evaluar las propiedades de la sustancia peligrosa en cuestión que generen un peligro para la salud, un peligro físico o para el medioambiente, incluirá:

4.   A raíz de la evaluación a que se hace referencia en el apartado 1, la Comisión presentará, si procede, una propuesta legislativa al Parlamento Europeo y al Consejo para excluir la sustancia peligrosa en cuestión del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

1.   Los Estados miembros velarán por que el industrial esté obligado a tomar cuantas medidas sean necesarias para prevenir accidentes graves y limitar sus consecuencias para la salud humana y el medio ambiente.

2.   Los Estados miembros velarán por que el industrial esté obligado a demostrar ante la autoridad competente a que se refiere el artículo 6, en cualquier momento, especialmente con motivo de los controles e inspecciones a que se refiere el artículo 20, que ha tomado todas las medidas necesarias previstas en la presente Directiva.

1.   Sin perjuicio de las responsabilidades del industrial, los Estados miembros constituirán o designarán la autoridad o autoridades competentes para ejecutar las tareas contempladas de la presente Directiva («autoridad competente»), así como, de ser necesario, los organismos encargados de asistir a la autoridad competente en los aspectos técnicos. Los Estados miembros que constituyan o designen más de una autoridad competente se asegurarán de la plena coordinación de los procedimientos para el desempeño de sus funciones.

2.   Las autoridades competentes y la Comisión cooperarán en actividades en apoyo de la aplicación de la presente Directiva, con la participación, según proceda, de las partes interesadas.

3.   A los efectos de la presente Directiva, los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes acepten información equivalente presentada por los industriales de conformidad con otra legislación pertinente de la Unión, que cumpla los requisitos de la presente Directiva. En tales casos, las autoridades competentes se asegurarán de que se cumplan todos los requisitos de la presente Directiva.

1.   Los Estados miembros velarán por que el industrial esté obligado a enviar a la autoridad competente una notificación que contenga la siguiente información:

2.   La notificación o su actualización se enviará a la autoridad o autoridades competentes en los plazos siguientes:

3.   Los apartados 1 y 2 no se aplicarán si el industrial ha enviado ya una notificación a la autoridad competente en cumplimiento de los requisitos de la legislación nacional antes del 1 de junio de 2015, y la información contenida en ella cumple lo dispuesto en el apartado 1 y no ha cambiado.

4.   El industrial informará por anticipado a la autoridad competente en caso de que:

1.   Los Estados miembros velarán por que los industriales estén obligados a redactar un documento por escrito en el que se defina su política de prevención de accidentes graves y deberán asegurarse de su correcta aplicación. La política de prevención de accidentes graves tendrá por objeto garantizar un alto grado de protección de la salud humana y del medio ambiente. Será proporcionada a los peligros de accidente grave. Incluirá los objetivos generales y los principios de actuación del industrial, el reparto de tareas y responsabilidades de gestión así como el compromiso de mejorar de forma permanente el control de los riesgos de accidente grave y de garantizar un elevado nivel de protección.

2.   La política de prevención de accidentes graves se elaborará y, cuando así lo exija la legislación nacional, se enviará a la autoridad competente en los siguientes plazos:

3.   Los apartados 1 y 2 no se aplicarán si el industrial ya ha establecido la política de prevención de accidentes graves y, de exigirlo la legislación nacional, la ha transmitido a la autoridad competente antes del 1 de junio de 2015, y la información contenida en ella cumple lo dispuesto en el apartado 1 y no ha cambiado.

4.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, el industrial revisará periódicamente la política de prevención de accidentes graves, al menos cada cinco años, y la actualizará cuando sea necesario. Cuando así lo exija la legislación nacional, la dicha política de prevención actualizada se enviará sin demora a la autoridad competente.

5.   La política de prevención de accidentes graves se aplicará mediante medios y estructuras adecuados y mediante un sistema de gestión de la seguridad, de conformidad con el anexo III y de forma proporcionada a los peligros de accidente grave y a la complejidad de la organización o las actividades del establecimiento En el caso de establecimientos de nivel inferior, la obligación de aplicar dicha política de prevención podrá cumplirse por otros medios, estructuras y sistemas de gestión adecuados, que sean proporcionados a los peligros de accidente grave, habida cuenta de los principios establecidos en el anexo III.

1.   Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente, utilizando la información recibida del industrial de conformidad con los artículos 7 y 10, o atendiendo a una solicitud de información adicional de la autoridad competente, o mediante inspecciones con arreglo al artículo 20, determinen todos los establecimientos o grupos de establecimientos de nivel inferior y de nivel superior en que la probabilidad y el riesgo o las consecuencias de un accidente grave puedan verse incrementadas debido a la posición geográfica y a la proximidad de dichos establecimientos y a la presencia en ellos de sustancias peligrosas.

2.   Cuando la autoridad competente disponga de información adicional a la facilitada por el industrial de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra g), pondrá dicha información a disposición de dicho industrial cuando resulte necesario para la aplicación del presente artículo.

3.   Los Estados miembros deberán asegurarse de que los industriales de los establecimientos determinados de conformidad con el apartado 1:

1.   Los Estados miembros velarán por que los industriales de los establecimientos de nivel superior estén obligados a presentar un informe de seguridad que tenga por objeto:

2.   El informe de seguridad contendrá, como mínimo, los datos y la información a que se refiere el anexo II. Se nombrará en él a las organizaciones que hayan participado en su redacción.

3.   El informe de seguridad se enviará a la autoridad competente en los siguientes plazos:

4.   Los apartados 1, 2 y 3 no se aplicarán si el industrial ya ha enviado el informe de seguridad a la autoridad competente en cumplimiento de los requisitos de la legislación nacional antes del 1 de junio de 2015, y la información contenida en él cumple lo dispuesto en los apartados 1 y 2 y no ha cambiado. Para conformarse con los apartados 1 y 2, el industrial presentará todas las partes modificadas del informe de seguridad en la forma prescrita por la autoridad competente y en los plazos mencionados en el apartado 3.

5.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, el industrial revisará el informe de seguridad periódicamente, al menos cada cinco años, y lo actualizará cuando sea necesario.

El industrial revisará asimismo el informe de seguridad, y lo actualizará a raíz de un accidente grave en su establecimiento cuando sea necesario, y en cualquier otro momento por iniciativa propia o a petición de la autoridad competente, cuando esté justificado por nuevos datos o nuevos conocimientos tecnológicos sobre seguridad, incluidos conocimientos derivados del análisis de los accidentes o, en la medida de lo posible, de los conatos de accidente, así como por los últimos avances en los conocimientos relativos a la evaluación de los peligros.

El informe de seguridad actualizado o sus partes actualizadas se enviarán a la autoridad competente sin demora.

6.   Antes de que el industrial inicie la construcción o la explotación del establecimiento, así como en los casos mencionados en el apartado 3, letras b) y c), y e el apartado 5 del presente artículo, la autoridad competente, en un plazo razonable tras la recepción del informe, comunicará al industrial sus conclusiones sobre el examen del informe de seguridad y, si procede, prohibirá, de conformidad con el artículo 19, la puesta en servicio o la continuación de la actividad del establecimiento de que se trate.

1.   Los Estados miembros velarán por que, en todos los establecimientos de nivel superior:

2.   Los industriales cumplirán las obligaciones expuestas en el apartado 1, letras a) y b), en los siguientes plazos:

3.   Los planes de emergencia deberán establecerse con los siguientes objetivos:

Los planes de emergencia contendrán la información que se especifica en el anexo IV.

4.   Los Estados miembros velarán por que los planes de emergencia interiores previstos en la presente Directiva se elaboren consultando al personal que trabaje en el establecimiento, incluido el personal subcontratado a largo plazo.

5.   Los Estados miembros velarán por que el público interesado tenga la posibilidad de dar su opinión desde una fase temprana sobre los planes de emergencia exteriores con ocasión de su elaboración o modificación sustancial.

6.   Los Estados miembros instaurarán un sistema que garantice que los industriales y las autoridades designadas revisen, prueben y, en su caso, actualicen, respectivamente, los planes de emergencia interiores y exteriores, a intervalos apropiados que no deberán rebasar los tres años. La revisión tendrá en cuenta los cambios que se hayan producido en los establecimientos correspondientes o en los servicios de emergencia, así como los nuevos conocimientos técnicos y los conocimientos sobre las medidas que deban tomarse en caso de accidente grave.

Por lo que respecta a los planes de emergencia exteriores, los Estados miembros deberán tener en cuenta la necesidad de facilitar una cooperación reforzada en materia de ayuda en el ámbito de la protección civil en caso de emergencias graves.

7.   Los Estados miembros instaurarán un sistema que garantice la inmediata aplicación de los planes de emergencia por parte del industrial y, en su caso, por la autoridad competente designada a tal efecto, siempre que se produzca un accidente grave o se produzca un hecho incontrolado que, por su naturaleza, permita razonablemente pensar que va a dar lugar a un accidente grave.

8.   La autoridad competente podrá decidir, motivando su decisión y a la vista de la información contenida en el informe de seguridad, que no se apliquen las disposiciones del apartado 1 relativas a la obligación de establecer un plan de emergencia externa.

1.   Los Estados miembros velarán por que se tengan en cuenta los objetivos de prevención de accidentes graves y de limitación de sus consecuencias para la salud humana y el medio ambiente en sus políticas de ocupación del suelo y en otras políticas pertinentes. Procurarán alcanzar tales objetivos mediante el control de:

2.   Los Estados miembros velarán por que su política de asignación o utilización del suelo y otras políticas pertinentes, así como los procedimientos de aplicación de dichas políticas, tengan en cuenta la necesidad, a largo plazo:

3.   Los Estados miembros velarán por que todas las autoridades competentes y todos los servicios facultados para tomar decisiones en este ámbito establezcan procedimientos de consulta adecuados para facilitar la aplicación de las políticas adoptadas con arreglo al apartado 1. Los procedimientos serán tales que en el momento de tomar las decisiones se disponga de suficiente información proporcionada por los industriales sobre los riesgos vinculados al establecimiento y de un dictamen técnico al respecto, basado en el estudio de casos concretos o en criterios generales.

Los Estados miembros velarán por que los industriales de los establecimientos de nivel inferior proporcionen, a instancias de la autoridad competente, la información sobre los riesgos vinculados al establecimiento que sea necesaria a efectos de planificación de la ocupación del suelo.

4.   Los requisitos de los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (15), en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (16) y en la demás legislación pertinente de la Unión. Siempre que sea posible y apropiado, los Estados miembros podrán organizar procedimientos coordinados o conjuntos para cumplir los requisitos del presente artículo y los de dicha legislación, entre otras cosas, con el fin de evitar la duplicación de evaluaciones y consultas.

1.   Los Estados miembros se asegurarán de que la información mencionada en el anexo V esté a disposición del público de forma permanente, también electrónicamente. La información se actualizará cuando resulte necesario, también en el caso de las modificaciones contempladas en el artículo 11.

2.   En el caso de los establecimientos de nivel superior, los Estados miembros se asegurarán también de que:

La información que debe proporcionarse con arreglo a la letra a) del párrafo primero del presente apartado incluirá como mínimo los datos a los que se hace referencia en el anexo V. Esa información se proporcionará asimismo en todos los edificios y zonas de uso público, como escuelas y hospitales, y a todos los situados en las inmediaciones cuando sea de aplicación el artículo 9. Los Estados miembros se asegurarán de que se proporcione la información al menos cada cinco años y de que periódicamente se revise y, cuando resulte necesario, se actualice, también en el caso de las modificaciones contempladas en el artículo 11.

3.   Los Estados miembros pondrán a disposición de los Estados miembros que puedan sufrir los efectos transfronterizos de un accidente grave producido en un establecimiento de nivel superior la información suficiente a fin de que los Estados miembros potencialmente afectados puedan aplicar, en su caso, todas las disposiciones pertinentes de los artículos 12 y 13 así como el presente artículo.

4.   Cuando un Estado miembro afectado decida que un establecimiento cercano al territorio de otro Estado miembro no puede presentar peligro alguno de accidente grave fuera de su perímetro en el sentido del apartado 8 del artículo 12 y que, por lo tanto, no requiere la elaboración de un plan de emergencia exterior de conformidad con el apartado 1 del artículo 12, informará al otro Estado miembro de su decisión motivada.

1.   Los Estados miembros velarán por que el público interesado tenga la posibilidad desde una fase temprana de dar su parecer sobre proyectos concretos relativos a:

2.   En una fase temprana del procedimiento previo a la toma de una decisión o, como muy tarde, en cuanto sea razonablemente posible facilitar la información, se informará al público (mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los electrónicos cuando se disponga de ellos) de los siguientes asuntos en relación con los proyectos concretos a que se refiere el apartado 1:

3.   En relación con los proyectos concretos a que se refiere el apartado 1, los Estados miembros velarán por que, dentro de plazos adecuados, se pongan a disposición del público interesado los siguientes elementos:

4.   Los Estados miembros se asegurarán de que el público interesado tenga derecho a formular observaciones y manifestar opiniones a la autoridad competente antes de que se tome una decisión sobre un proyecto concreto contemplado en el apartado 1 y de que los resultados de las consultas mantenidas con arreglo a dicho apartado se tengan debidamente en cuenta cuando se tome una decisión.

5.   Los Estados miembros velarán por que, cuando se tomen las decisiones pertinentes, la autoridad competente ponga a disposición del público:

6.   Cuando se elaboren planes o programas relativos a los asuntos mencionados en el apartado 1, letras a) o c), los Estados miembros velarán por que el público interesado tenga la posibilidad desde una fase temprana de participar en su preparación y en su modificación o revisión con arreglo a los procedimientos establecidos en el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente (18).

Los Estados miembros determinarán qué público tiene derecho de participación a los efectos del presente apartado, incluidas las organizaciones no gubernamentales correspondientes que reúnan los requisitos pertinentes impuestos por la legislación nacional, tales como las que trabajan por la protección del medio ambiente.

El presente apartado no se aplicará a los planes y programas para los que se lleve a cabo un procedimiento de participación con arreglo a la Directiva 2001/42/CE.

7.   Las modalidades específicas de información al público y de consulta del público interesado serán determinadas por los Estados miembros.

Se establecerán plazos razonables para las distintas fases que concedan tiempo suficiente para informar al público y para que el público interesado se prepare y participe efectivamente en el proceso de toma de decisiones sobre medio ambiente con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo.

1.   Con el fin de prevenir y limitar las consecuencias de los accidentes graves, los Estados miembros informarán a la Comisión de los accidentes graves que hayan ocurrido en su territorio y que respondan a los criterios del anexo VI. Facilitarán a la Comisión los datos siguientes:

2.   La información a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se facilitará lo antes posible y, a más tardar, un año después de la fecha del accidente, utilizando la base de datos a la que se hace referencia en el artículo 21, apartado 4. Cuando en ese plazo de alimentación de la base de datos solo sea posible facilitar información preliminar con arreglo al apartado 1, letra e), la información se actualizará una vez que se disponga de los resultados de nuevos análisis y recomendaciones.

La comunicación de la información mencionada en el apartado 1, letra e), por parte de los Estados miembros podrá retrasarse a fin de posibilitar la conclusión de procedimientos judiciales, en caso de que dicha comunicación pueda afectar a tales procedimientos.

3.   Con objeto de que los Estados miembros proporcionen la información a la que se hace referencia en el apartado 1 del presente artículo, se establecerá un modelo de informe mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 27, apartado 2.

4.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el nombre y dirección de cualquier organismo que pueda disponer de información sobre accidentes graves y que pueda asesorar a las autoridades competentes de otros Estados miembros que deban intervenir en caso de producirse un accidente de ese tipo.

1.   Los Estados miembros prohibirán la explotación o la entrada en servicio de cualquier establecimiento, instalación o zona de almacenamiento, o cualquier parte de los mismos, si las medidas adoptadas por el titular para la prevención y la reducción de los accidentes graves son manifiestamente insuficientes. A tal efecto, los Estados miembros tendrán en cuenta en particular los casos graves en que no se hayan adoptado las medidas necesarias mencionadas en el informe de inspección.

Los Estados miembros podrán prohibir la explotación o la entrada en servicio de todo establecimiento, instalación o zona de almacenamiento, o de cualquier parte de los mismos, si el industrial no ha presentado la notificación, los informes u otra información exigida por la presente Directiva dentro del plazo establecido.

2.   Los Estados miembros velarán por que los industriales puedan recurrir contra la prohibición dictada por una autoridad competente de conformidad con el apartado 1 ante un órgano apropiado, determinado en virtud de la legislación y procedimientos nacionales.

1.   Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes organicen un sistema de inspecciones.

2.   Estas inspecciones serán adecuadas para el tipo de establecimiento de que se trate, no dependerán de la recepción del informe de seguridad ni de ningún otro informe presentado y deberán posibilitar un examen planificado y sistemático de los sistemas técnicos, de organización y de gestión aplicados en el establecimiento, a fin de que, en particular:

3.   Los Estados miembros se asegurarán de que todos los establecimientos estén cubiertos por un plan de inspección a escala nacional, regional o local y garantizarán que este plan se revise y, cuando proceda, se actualice periódicamente.

Los planes de inspección incluirán lo siguiente:

4.   Basándose en los planes de inspección mencionados en el apartado 3, la autoridad competente elaborará periódicamente programas de inspección de rutina para todos los establecimientos, que incluyan la frecuencia de las visitas in situ para los distintos tipos de establecimientos.

El período entre dos visitas in situ consecutivas no excederá de un año para los establecimientos de nivel superior y de tres para los de nivel inferior, a no ser que la autoridad competente haya elaborado un programa de inspecciones basado en una valoración sistemática de los peligros de accidente grave de los establecimientos de que se trate.

5.   La evaluación sistemática de los peligros de los establecimientos de que se trate se basará al menos en los siguientes criterios:

Cuando proceda, se tendrán en cuenta también las conclusiones pertinentes de inspecciones realizadas conforme a otras disposiciones legales de la Unión.

6.   Las inspecciones no rutinarias se llevarán a cabo para investigar, lo antes posible, denuncias graves, accidentes graves y conatos de accidente, incidentes y casos de incumplimiento.

7.   En el plazo de los cuatro meses siguientes a cada inspección, la autoridad competente comunicará al industrial las conclusiones de la inspección y todas las actuaciones que se consideren necesarias. La autoridad competente se asegurará de que el industrial realice todas esas actuaciones necesarias en un período razonable tras recibir la comunicación.

8.   Si en una inspección se ha detectado un caso importante de incumplimiento de la presente Directiva, se llevará a cabo otra inspección en el plazo de seis meses.

9.   Cuando sea posible, las inspecciones se coordinarán con las llevadas a cabo con arreglo a otras disposiciones legislativas de la Unión, cuando proceda.

10.   Los Estados miembros procurarán que las autoridades competentes organicen mecanismos e instrumentos para intercambiar experiencias y consolidar los conocimientos, y que participen en esos mecanismos a nivel de la Unión cuando sea procedente.

11.   Los Estados miembros velarán por que los industriales presten a las autoridades competentes toda la asistencia que sea necesaria para que estas puedan llevar a cabo las inspecciones y reunir la información precisa para el desempeño de sus obligaciones a efectos de la presente Directiva, en particular para que las autoridades puedan evaluar exhaustivamente la posibilidad de un accidente grave y determinar las posibilidades de que aumenten la probabilidad o la gravedad de los accidentes graves, preparar un plan de emergencia exterior y tener en cuenta sustancias que, por su forma física, sus condiciones particulares o su ubicación, puedan exigir una consideración adicional.

1.   Los Estados miembros y la Comisión intercambiarán información sobre la experiencia adquirida en materia de prevención de accidentes graves y de limitación de sus consecuencias. Dicha información versará fundamentalmente sobre el funcionamiento de las medidas previstas por la presente Directiva.

2.   A más tardar el 30 de septiembre de 2019, y posteriormente cada cuatro años, los Estados miembros proporcionarán a la Comisión un informe sobre la aplicación de la presente Directiva.

3.   Respecto de los establecimientos contemplados en la presente Directiva, los Estados miembros proporcionarán a la Comisión como mínimo la información siguiente:

La Comisión establecerá y mantendrá actualizada una base de datos con la información facilitada por los Estados miembros. Solo tendrán acceso a la base de datos las personas autorizadas por la Comisión o las autoridades competentes de los Estados miembros.

4.   La Comisión establecerá y mantendrá a disposición de los Estados miembros una base de datos con información detallada sobre, entre otros extremos, los accidentes graves que se hayan producido en el territorio de los Estados miembros, con objeto de:

5.   La Comisión adoptará, a más tardar el 1 de junio de 2015, actos de ejecución por los que se establezcan los formatos para comunicar la información mencionada en los apartados 2 y 3 del presente artículo, procedente de los Estados miembros y las bases de datos pertinentes a las que se hace referencia en los apartados 3 y 4. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 27, apartado 2.

6.   La base de datos contemplada en el apartado 4 contendrá, por lo menos:

7.   La Comisión pondrá a disposición del público la parte no confidencial de los datos.

1.   Los Estados miembros dispondrán lo necesario para que, en aras de una mayor transparencia, la autoridad competente esté obligada a poner toda la información que obre en su poder en aplicación de la presente Directiva a disposición de cualquier persona física o jurídica que lo solicite de conformidad con la Directiva 2003/4/CE.

2.   La divulgación de información exigida en virtud de la presente Directiva, incluido en virtud del artículo 14, podrá ser rechazada o restringida por la autoridad competente cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 4 de la Directiva 2003/4/CE.

3.   La divulgación de la información completa a la que se hace referencia en el artículo 14, apartado 2, letras b) y c), que obre en poder de la autoridad competente podrá ser denegada por esta, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, si el industrial ha pedido que no se revelen determinadas partes del informe de seguridad o el inventario de sustancias peligrosas por las razones previstas en el artículo 4 de la Directiva 2003/4/CE.

La autoridad competente podrá decidir también, por las mismas razones, que determinadas partes del informe o del inventario no se revelen. En estos casos, y previo acuerdo de dicha autoridad competente, el industrial le proporcionará un informe o un inventario modificados de los que se excluyan esas partes.

1.   Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 25 se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 13 de agosto de 2012. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 25 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 25 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

1.   La Comisión estará asistida por el Comité establecido en la Directiva 96/82/CE. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011.

2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) no 182/2011.

1.   A más tardar el 30 de septiembre de 2020, y cada cuatro años a partir de esa fecha, la Comisión, sobre la base de la información transmitida por los Estados miembros de conformidad con el artículo 18 y el artículo 21, apartado 2, y de la información contenida en las bases de datos a las que alude el artículo 21, apartados 3 y 4, y habida cuenta de la aplicación del artículo 4, presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación y el eficaz funcionamiento de la presente Directiva, incluida información sobre los accidentes graves que se hubieren producido en el territorio de la Unión y su eventual repercusión en la aplicación de la presente Directiva. La Comisión incluirá en el primero de esos informes una evaluación de la necesidad de modificar el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Los informes podrán ir acompañados, si procede, de una propuesta legislativa.

2.   En el contexto de la legislación pertinente de la Unión, la Comisión podrá examinar la necesidad de abordar la cuestión de la responsabilidad económica del industrial en relación con los accidentes graves, incluidas las cuestiones relativas a los seguros.

1.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de mayo de 2015. Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de junio de 2015.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la presente Directiva a más tardar el 14 de febrero de 2014. Aplicarán dichas disposiciones a partir del 15 de febrero de 2014.

Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

1.   Queda derogada la Directiva 96/82/CE con efecto a partir del 1 de junio de 2015.

2.   Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo VII.

ANEXO I

SUSTANCIAS PELIGROSAS

A las sustancias peligrosas incluidas en las categorías de peligro enumeradas en la columna 1 de la parte 1 del presente anexo se les aplicarán las cantidades umbral indicadas en las columnas 2 y 3 de la parte 1.

En caso de que una sustancia peligrosa esté incluida tanto en la parte 1 como en la parte 2 del presente anexo, se aplicarán las cantidades umbral indicadas en las columnas 2 y 3 de la parte 2.

PARTE 1

Categorías de sustancias peligrosas

La presente parte comprende todas las sustancias peligrosas incluidas en las categorías de peligro enumeradas en la columna 1:

PARTE 2

Sustancias peligrosas nominadas

NOTAS DEL ANEXO I

17.   Nitrato de potasio (5 000 / 10 000)

Se aplica a los abonos compuestos a base de nitrato de potasio, en forma perlada/granulada, que tienen las mismas propiedades peligrosas que el nitrato de potasio puro.

18.   Nitrato de potasio (1 250 / 5 000)

Se aplica a los abonos compuestos a base de nitrato de potasio en forma cristalina que tienen las mismas propiedades peligrosas que el nitrato de potasio puro.

19.   Biogás enriquecido

A efectos de la aplicación de la presente Directiva, el biogás enriquecido podrá clasificarse bajo el punto 18 del anexo I, parte 2, si ha sido tratado de conformidad con las normas aplicables al biogás purificado y enriquecido, garantizándose una calidad equivalente a la del gas natural, incluido el contenido de metano, y contiene un máximo de un 1 % de oxígeno.

20.   Policlorodibenzofuranos y policlorodibenzodioxinas

Las cantidades de los policlorodibenzofuranos y de las policlorodibenzodioxinas se calculan con los factores de ponderación siguientes:

(1)  El número CAS se muestra solo a título indicativo.

(*1)  Siempre que la mezcla, en ausencia de hipoclorito de sodio, no esté clasificada como peligrosa para el medio ambiente acuático en la categoría 1 de peligro agudo [H400].

(2)  Más orientación sobre los casos en que no es necesario realizar los ensayos puede encontrarse en la descripción del método A.14, véase el Reglamento (CE) no 440/2008 de la Comisión, de 30 de mayo de 2008, por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) (DO L 142 de 31.5.2008, p. 1).

(3)  DO L 147 de 9.6.1975, p. 40.

(4)  El 15,75 % en peso de contenido de nitrógeno debido al nitrato de amonio corresponde al 45 % de nitrato de amonio.

(5)  El 24,5 % en peso de contenido de nitrógeno debido al nitrato de amonio corresponde al 70 % de nitrato de amonio.

(6)  DO L 304 de 21.11.2003, p. 1.

(7)  El 28 % en peso de contenido de nitrógeno debido al nitrato de amonio corresponde al 80 % de nitrato de amonio.

ANEXO II

Datos e información mínimos que deben tenerse en cuenta en el informe de seguridad mencionado en el artículo 10

ANEXO III

Información contemplada en el artículo 8, apartado 5, y en el artículo 10 relativa al sistema de gestión de la seguridad y a la organización del establecimiento con miras a la prevención de accidentes graves

Para la aplicación del sistema de gestión de la seguridad elaborado por el industrial se tendrán en cuenta los elementos que figuran a continuación:

ANEXO IV

Datos e información que deberán incluirse en los planes de emergencia mencionados en el artículo 12

ANEXO V

Información que deberá facilitarse al público en aplicación del artículo 14, apartado 1 y apartado 2, letra a)

PARTE 1

Para todos los establecimientos a los que se aplique la presente Directiva:

PARTE 2

Para los establecimientos de nivel superior, además de la información mencionada en la parte 1 del presente anexo:

ANEXO VI

Criterios para la notificación de un accidente grave a la Comisión de acuerdo con lo establecido en el artículo 18, apartado 1

I.   Deberá notificarse a la Comisión todo accidente grave que se ajuste a la descripción del punto 1 o que tenga al menos una de las consecuencias descritas en los puntos 2, 3, 4 y 5.

1.   Sustancias peligrosas que intervienen

Cualquier incendio o explosión o liberación accidental de una sustancia peligrosa en que intervenga una cantidad no inferior al 5 % de la cantidad contemplada como umbral en la columna 3 de la parte 1 o en la columna 3 de la parte 2 del anexo I.

2.   Perjuicios a las personas o a los bienes:

3.   Daños directos al medio ambiente:

4.   Daños materiales:

5.   Daños transfronterizos

Cualquier accidente grave en el que intervenga directamente una sustancia peligrosa y que dé origen a efectos fuera del territorio del Estado miembro de que se trate.

II.   Se deberían notificar a la Comisión los accidentes y los conatos de accidente que a juicio de los Estados miembros presenten un interés especial desde el punto de vista técnico para la prevención de accidentes graves y para limitar sus consecuencias, aunque no cumplan los criterios cuantitativos citados anteriormente.

ANEXO VII

TABLA DE CORRESPONDENCIAS