27.3.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 79/13

1.

acoge favorablemente el Libro Blanco sobre adaptación al cambio climático y los documentos anexos, porque se trata de una iniciativa positiva y elaborada a conciencia; señala que existe un consenso en la comunidad académica, incluido el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, sobre el hecho de que el cambio climático se está produciendo y se está acelerando, y que en buena medida se debe a las emisiones de gases de efecto invernadero, que no dejan de aumentar, procedentes de actividades humanas. Por tanto, el desafío consiste en coordinar a todos los actores pertinentes en un esfuerzo amplio y sostenible de lucha contra el cambio climático que combine medidas de prevención, de contención y de adaptación;

2.

respalda la estrategia global de la Comisión, que incorpora diferentes requisitos del sector, y reconoce la necesidad de que la adaptación se integre horizontalmente en las políticas clave de la UE;

3.

subraya el hecho de que las distintas regiones geográficas de la UE se ven afectadas de diversas maneras. Un marco europeo de actuación debe tener en cuenta este hecho. Ello implica que las eventuales medidas deben tener un alto grado de flexibilidad y que debe aplicarse estrictamente el principio de subsidiariedad. Sólo así podrán tenerse suficientemente en cuenta las diferencias regionales a fin de paliar las repercusiones económicas, medioambientales y sociales;

4.

llama la atención sobre el hecho de que el cambio climático no distingue entre límites geográficos, organizativos o administrativos; por tanto, insta a adoptar un enfoque horizontal conjunto en los órganos locales, regionales y nacionales que comparten características comunes tales como masas de agua, estuarios, llanuras aluviales y costeras, islas y regiones ultraperiféricas, dado que desde una perspectiva vertical el esfuerzo de adaptación requiere una actuación ascendente, y recomienda que se emprendan actuaciones conjuntas en materia de medidas de adaptación a todos los niveles de gobierno, en las que se esbocen las actuaciones, las responsabilidades financieras y los plazos respectivos para lograr los objetivos propuestos, y que permitan una respuesta integrada y una responsabilidad compartida del resultado;

5.

subraya la importancia de garantizar que las distintas iniciativas no sean contraproducentes ni se dupliquen en otros niveles de autoridad. La oportuna participación de los entes locales y regionales podría garantizar que las propuestas se complementen entre sí, ya que los municipios, las ciudades y las regiones pueden ofrecer información sobre las experiencias y soluciones que ya se han desarrollado a nivel subnacional;

6.

señala que una política sobre cambio climático ambiciosa y eficaz puede evitar el aumento de las desigualdades sociales como consecuencia del cambio climático. El objetivo es poner en marcha un «New Deal» ecológico mediante disposiciones que, por ejemplo, fomenten la investigación de soluciones energéticas respetuosas con el clima, refuercen el empleo en sectores ecológicos y ayuden a los trabajadores de los sectores afectados a desarrollar aptitudes flexibles. La falta de formación adecuada y aptitudes flexibles es un gran obstáculo para la adaptación tanto en los entes locales y regionales como en el sector privado. Los sectores del diseño y la construcción y los servicios de control de los inmuebles y de ordenación local requerirán formación e inversiones considerables a largo plazo para desarrollar estas aptitudes e incorporarlas a su trabajo. Un «New Deal» ecológico también podría contribuir a evitar la indeseable migración relacionada con el clima. El desafío del cambio climático puede transformarse, de este modo, en una oportunidad para hacer del crecimiento económico ecológico y sostenible una solución para luchar contra la crisis financiera por lo que es importante establecer vínculos con las futuras prioridades de la Estrategia de Crecimiento y Empleo después de 2010;

7.

recuerda la necesidad de emplear una combinación de instrumentos políticos, incluida una planificación estratégica local. Resulta sumamente importante que los aspectos del cambio climático se incorporen directamente en las herramientas de planificación local a fin de tener en cuenta el impacto del cambio climático;

8.

comparte el punto de vista de que muchos ámbitos de la vida, en particular las infraestructuras (edificios, transporte, redes de carreteras principales y secundarias, energía, alcantarillado protección contra las inundaciones y suministro de agua), así como los ecosistemas, la agricultura y el sector forestal, se ven especialmente afectados por el cambio climático y que, por tanto, se necesitan herramientas específicas para cada sector, así como herramientas intersectoriales, a fin de abordar estos ámbitos. En cuanto a las medidas de adaptación al cambio climático, también es importante adoptar un enfoque político intersectorial que, no obstante, no debe anular los objetivos originales de las diferentes políticas;

9.

respalda el punto de vista de que el desarrollo de orientaciones y mecanismos para controlar el impacto que el cambio climático ejerce sobre la salud humana podría contribuir a mejorar los instrumentos de gestión de, por ejemplo, las enfermedades transfronterizas relacionadas con el cambio climático, que afectarán a los ciudadanos de diversas maneras;

10.

subraya que el planteamiento global e integrado requerido para garantizar respuestas contundentes al cambio climático exige un control público de las soluciones adoptadas en los distintos sectores. A esto se añade el hecho de que, tanto a nivel medioambiental como económico, se producen sinergias y efectos multiplicadores entre los sectores;

11.

está de acuerdo en que el cambio climático ejercerá un impacto directo en el sector agrícola y forestal, así como en todo el ámbito rural, y subraya que las medidas de adaptación al cambio climático de las comunidades rurales y las explotaciones agrícolas y forestales habrán de desempeñar un papel importante y creciente. Para generar una adaptación temprana minimizando el impacto en este sector, es necesario que se impulse una investigación sobre clima y agricultura aplicada a las características de la agricultura de cada región. Las medidas de contención y adaptación al cambio climático a menudo están asociadas a una pérdida de beneficios o a un aumento de los costes. Por consiguiente, es conveniente hacer un análisis de costes-beneficios de cada una de las medidas. Asimismo, los costes vinculados a las medidas de contención y adaptación al cambio climático deben ser razonables. El sector agrícola tendrá una participación directa a la hora de garantizar que las zonas rurales aborden los desafíos del cambio climático sobre cuestiones como el almacenamiento y la conservación del agua, la gestión de cultivos, la reforestación y gestión de masas arboladas, salvo en las regiones con una masa forestal superior al 50 %, la conversión de tierras de cultivo en pastos, la agricultura orgánica y la gestión de humedales, etc. Las zonas rurales y los terrenos agrícolas cercanos a las ciudades o a zonas densamente pobladas también pueden llegar a tener una importancia estratégica para la creación de espacios seguros de retención de aguas a fin de responder a condiciones meteorológicas extremas e inundaciones;

12.

reconoce que el cambio climático afectará a los bosques y sus ecosistemas circundantes. Los efectos climáticos pueden influir en la producción de madera y afectar a las actividades de recreo al aire libre, la calidad del agua, la biodiversidad y los índices de almacenamiento de carbono. En el contexto del Plan de acción de la Unión Europea en defensa de los bosques, habría que abrir un debate para examinar las consecuencias y efectos de la adaptación al cambio climático sobre los bosques, así como la eventual necesidad de adoptar medidas;

13.

comparte el punto de vista de que el cambio climático será un factor de presión añadida para el sector pesquero (interior), que afectará a los ecosistemas (marinos) ya de por sí vulnerables a la sobrepesca y al agotamiento de las reservas;

14.

reconoce que el cambio climático tendrá un efecto directo tanto en la oferta como en la demanda de energía, es decir, que la producción de energía se verá afectada por olas de calor y sequías, mientras que se producirán fuertes tormentas e inundaciones que causarán interrupciones del suministro energético; por tanto, se considera positivo que, en los análisis estratégicos de política energética, se tengan en cuenta las repercusiones del cambio climático; en particular, debe mejorarse el balance de CO2 y el uso y la eficiencia de las fuentes de energía alternativas;

15.

llama la atención sobre el hecho de que el turismo se verá afectado de manera tanto positiva como negativa, lo que cambiará las antiguas pautas de viaje;

16.

manifiesta su sorpresa por la falta de referencia alguna en el Libro Blanco de la Comisión a la necesidad de formular objetivos sectoriales de reducción de las emisiones en los sectores aéreo y marítimo. La mejor manera de evitar los gastos de adaptación a los efectos negativos del cambio climático es impedir las emisiones;

17.

señala que la gestión de las costas se verá afectada por las cambiantes pautas meteorológicas. Debe hacerse todo lo posible para respetar plenamente las recomendaciones para la gestión integrada de zonas costeras (GIZC) y para que la propuesta de seguimiento de dichas recomendaciones y la evaluación de impacto adjunta (cuyo inicio se prevé en 2009) incorporen de manera suficiente el papel de la gestión de las costas en las medidas de adaptación y, al mismo tiempo, tengan en cuenta el principio de subsidiariedad; por ejemplo, mediante las asociaciones costeras locales constituidas por los entes locales y las partes interesadas competentes, de forma que las medidas de adaptación se integren plenamente en la gestión costera con un enfoque de abajo arriba;

18.

señala que el cambio climático avanza con mayor rapidez en las regiones alpinas, que en muchos aspectos son más vulnerables a los efectos del cambio climático;

19.

comparte el punto de vista de que la salud animal y vegetal también se verá afectada en gran medida y se producirá un aumento y desarrollo crecientes de enfermedades y parásitos no autóctonos en el patrimonio animal y vegetal. Los ecosistemas terrestres cambiarán significativamente como consecuencia de la creciente pérdida de biodiversidad autóctona y de las migraciones. Las medidas llevadas a cabo con vistas a la adaptación al cambio climático también podrían influir cada vez más, en proporciones imprevisibles, en la biodiversidad. La Directiva sobre hábitats constituye una herramienta esencial que debería usarse de manera proactiva dentro de sus límites para garantizar un estatuto de conservación y desarrollo favorables de los lugares Natura 2000;

20.

subraya que el cambio climático afecta de modo considerable no solo a la salud animal y vegetal, sino también a la salud humana y a las condiciones de vida de las personas;

21.

destaca la necesidad de elaborar planes globales para las regiones costeras, habida cuenta de la previsible elevación del nivel del mar, así como del aumento de las tormentas e inundaciones. Conviene, pues, garantizar los recursos necesarios para la aplicación de una protección global de las costas y la gestión de estas zonas;

22.

comparte el punto de vista de que los recursos hídricos se verán afectados, tanto en cantidad como en calidad, con un impacto medioambiental, humano y económico significativo. La UE experimentará inundaciones y sequías. Las inundaciones, en combinación con una capacidad limitada de desagüe de las actuales redes de alcantarillado, podrían reducir la movilidad debido a que las carreteras se inundarían y las viviendas y otras infraestructuras resultarían dañadas. Por tanto, cabe lamentar que la Comisión no haya hecho una mención específica a las redes de alcantarillado como una herramienta fundamental. Este sistema se ve particularmente afectado y la adaptación de los sistemas de alcantarillado existentes resultará muy costosa. Aunque esta cuestión cae dentro de las competencias y responsabilidades de los niveles locales y regionales, las entidades subnacionales no podrán soportar por sí mismas las cargas financieras implicadas;

23.

reconoce que una serie de directivas europeas afectarán al estado de los recursos hídricos de la UE. En las directivas, los plazos vinculantes son una parte integral de la aplicación. La Directiva marco sobre el agua fija 2015 como fecha tope en la que todas las autoridades responsables de estos recursos deben lograr un buen estado ecológico. Los primeros planes de gestión de cuencas hidrográficas deben estar listos el 22 de diciembre de 2009 como máximo y, por tanto, es importante que para finales de ese año se desarrollen orientaciones y una serie de herramientas para garantizar que los planes de gestión tengan en cuenta los conocimientos actuales sobre los efectos locales del cambio climático y se adapten constantemente a los nuevos descubrimientos en materia de modelización e investigación climática. La Directiva sobre inundaciones opera con tres plazos. En 2011, 2013 y 2015 se realizará una evaluación preliminar del riesgo de inundación, mapas de peligrosidad por inundaciones y planes de gestión del riesgo de inundación. La Estrategia europea para la escasez de agua y la sequía introducirá planes de gestión de sequías. Estos objetivos definidos serán aplicados y dirigidos en buena medida por los municipios y regiones de toda Europa. Por tanto, es de suma importancia que la UE y los Estados miembros proporcionen puntualmente a los niveles de gobierno local y regional herramientas adecuadas y recursos suficientes;

24.

manifiesta que las regiones deberán esforzarse al máximo, sobre la base de los conocimientos científicos actualizados y de las medidas viables desde el punto de vista social, por integrar el cambio climático en la primera generación de los planes de gestión de las cuencas hidrográficas y tener en cuenta los nuevos conocimientos de la investigación sobre el clima al elaborar la segunda generación de planes de gestión posteriores a 2015. A tal fin, es muy importante que las orientaciones y herramientas que se desarrollen se basen en los conocimientos científicos más avanzados y sean de fácil utilización para los entes regionales;

25.

defiende la necesidad de que la legislación comunitaria en vigor en materia de gestión del agua (Directiva marco sobre el agua, Directiva sobre aguas subterráneas, Directiva sobre inundaciones, estrategia para la escasez de agua y la sequía, etc.) sea plenamente coherente y de que las futuras propuestas de la UE relativas a la adaptación al cambio climático sean conformes con la legislación vigente. La aplicación de la legislación europea sobre gestión del agua repercutirá de manera considerable en el modo como se lleva a cabo la planificación del agua en los municipios, ciudades y regiones de Europa;

26.

reconoce que en relación con la financiación de la adaptación de la gestión del agua, los entes locales y regionales tendrán que adoptar medidas destinadas a la protección de las aguas subterráneas para garantizar un suministro sostenible de agua potable. Parte de la financiación puede lograrse mediante la creación de un mecanismo financiero, de conformidad con la Directiva marco sobre el agua, que garantice que al hacer frente al impacto que el cambio climático ejerce sobre el ciclo hídrico se tengan en cuenta debidamente los niveles de consumo de agua;

27.

apoya la iniciativa de la Comisión de incluir acciones y medidas de efectos garantizados a fin de aumentar la resistencia de los ecosistemas y las infraestructuras;

28.

destaca que las soluciones dadas a los problemas específicos del sector pueden en su conjunto contribuir al logro de un crecimiento medioambiental y sostenible y al fomento, mediante la innovación y la investigación, de puestos de trabajo con vocación de futuro;

29.

acoge con satisfacción el enfoque en dos fases que propone la Comisión. Sin embargo, señala que la tarea que se presenta requiere que todos los niveles de gobierno cooperen estrechamente en todas las fases. No resulta aceptable que los entes locales y regionales participen únicamente en la primera fase. Hay que reconocer que los municipios, ciudades y regiones son actores clave de la adaptación al cambio climático. La estrategia global de adaptación a nivel europeo debería ser lo suficientemente detallada como para que la estrategia pueda aplicarse a nivel regional en toda la UE, tomando en consideración la diversidad de territorios, condiciones climáticas y estructuras económicas;

30.

exige que las pruebas científicas disponibles estén accesibles antes de 2012. Los modelos presupuestarios de los entes locales, regionales y nacionales son distintos de los de la UE, y muchos entes locales y regionales ya están trabajando en la adaptación. Necesitan conocer los escenarios climáticos a los que deberán adaptarse. Los entes locales, regionales y nacionales tendrán que recoger datos, preparar las estrategias de adaptación e iniciar el trabajo sobre la adaptación antes de 2012. La UE debería apoyar tal desarrollo, en primer lugar proporcionando escenarios científicos suficientemente detallados para todas las regiones de la UE, antes de 2012 y, en segundo lugar, apoyando financieramente las labores en curso cuando la adaptación al cambio climático se incorpore al presupuesto;

31.

acoge con satisfacción la creación de un Mecanismo de Intercambio de Información a escala de la UE, que debería basarse en plataformas nacionales que permitan el intercambio de información sobre el impacto del cambio climático, vulnerabilidad y mejores prácticas, y destaca la necesidad de que los entes locales y regionales puedan contribuir a dicho mecanismo a través de observatorios locales y/o regionales del cambio climático u otros órganos y, a su vez, beneficiarse de él. Sería especialmente valiosa, y debería incorporarse, una función interactiva que permita a los entes locales y regionales, a través de sus observatorios de cambio climático y otros órganos, dar participación activa a los principales sectores afectados así como solicitar a otros entes conocimientos especializados y experiencia cuando sea necesario, por ejemplo, en caso de fenómenos meteorológicos graves. El mecanismo debería centrarse en ofrecer modelos, datos e instrumentos que resulten de fácil manejo para los usuarios así como en facilitar el intercambio de experiencias e información;

32.

defiende la creación de una plataforma de seguimiento del cambio climático apoyada por la Comisión y basada en el exitoso modelo del Pacto de los Alcaldes. La plataforma podría servir de ayuda a los entes locales y regionales a la hora de desarrollar e intercambiar conocimientos locales sobre el clima. Esta plataforma también les beneficiaría directamente y asimismo sería un elemento que podría incorporarse al Mecanismo de Intercambio de Información de la UE;

33.

pide a la UE y a los Estados miembros que aprovechen plenamente la proximidad de los entes locales y regionales y su mejor comprensión de los cambios climáticos locales facilitándoles un liderazgo y recursos adecuados que les permitan aplicar iniciativas locales de adaptación;

34.

está de acuerdo en que las limitaciones financieras constituyen el principal obstáculo a la adaptación. Actualmente, los medios financieros proporcionados por la UE y los Estados miembros resultan insuficientes. Por este motivo, es necesario asignar más recursos al nivel subnacional, orientados más específicamente a la adaptación al cambio climático, y coordinarlos con los recursos asignados a la prevención de las catástrofes naturales;

35.

acoge con satisfacción el hecho de que el Plan Europeo de Recuperación Económica incorpore la mitigación y la adaptación al cambio climático entre sus medidas de revitalización económica; lamenta, no obstante, que no se haya propuesto ningún plan europeo de recuperación medioambiental y que la cuestión del medio ambiente se haya visto relegada al ámbito de aplicación de los diversos planes de acción nacionales, de modo descoordinado, a pesar de que es hora de allanar el camino hacia una economía ecológica, sostenible y baja en emisiones de carbono como una forma de salir de la actual crisis financiera y económica;

36.

está de acuerdo con la Comisión Europea en que a partir de 2013 los Estados miembros deberán asignar al menos el 50 % de los ingresos generados por la subasta de derechos de emisión a abordar los problemas relacionados con el cambio climático, mediante iniciativas de adaptación y considera que la utilización de los recursos disponibles para fines de adaptación al cambio climático deberá realizarse en función de las circunstancias específicas locales y regionales. Los entes locales y regionales necesitan una cantidad importante de recursos financieros y –sobre todo a corto plazo– debería aumentarse considerablemente el porcentaje de fondos destinados a proyectos a escala local y regional;

37.

reconoce la necesidad de explorar formas de garantizar la participación privada a partir de las ventajas que confieren los acuerdos voluntarios (o ecológicos) o a través de mecanismos financieros. Sin embargo, dada la importancia estructural y a largo plazo de los retos planteados por el cambio climático, podría ser necesario el apoyo del sector público, especialmente a la hora de abordar las deficiencias y los errores del mercado que el sector privado no aborda de forma adecuada;

38.

está de acuerdo en que los instrumentos basados en el mercado y las asociaciones público-privadas también deberían ser considerados instrumentos financieros para luchar contra el cambio climático. La implicación del sector privado, mediante instrumentos basados en el mercado y las asociaciones público-privadas, en la adaptación al cambio climático puede crear los incentivos económicos adecuados para incorporar medidas de adaptación en su comportamiento;

39.

señala la necesidad de emplear políticas integradas, que actualmente están siendo desarrolladas a escala de la UE, como vehículo para abordar retos horizontales y transversales como los que plantea el cambio climático. De este modo, se afrontará de lleno el problema de los solapamientos, incoherencias y diferencias existentes entre las distintas políticas y entre los niveles de gobierno, incluidos los subnacionales;

40.

considera que la próxima revisión del presupuesto de la UE, y de hecho las próximas perspectivas financieras posteriores a 2013, deben dar prioridad a los desafíos del cambio climático, tanto para dar cabida al fortalecimiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto, sobre el cual se tomará previsiblemente una decisión en la Cumbre de Copenhague CP15 en diciembre de 2009, como para financiar medidas europeas concretas que se acordarán en el contexto de la futura estrategia de desarrollo sostenible de la UE. Asimismo, debe reconocerse plenamente que la prosperidad económica sostenible y los esfuerzos de adaptación al cambio climático van parejos, a pesar de los costes iniciales que la adaptación al cambio climático podría generar a corto y medio plazo. Dado que las medidas de adaptación son en muchos casos esfuerzos realizados básicamente a nivel local, resulta esencial que los entes locales y regionales cuenten con el apoyo de la UE;

41.

coincide en la opinión de que, aunque las redes y los mecanismos de financiación de la UE como las RTE, los Fondos Estructurales o el FEADER deben integrar la lucha contra el cambio climático y la adaptación a sus efectos en cada una de las diferentes políticas –especialmente en aspectos como una mayor resistencia de los sistemas de producción y de las infraestructuras físicas–, los objetivos iniciales de estas políticas y fondos no deben verse minados por la necesidad de luchar contra el cambio climático, por lo que deberían tomarse en consideración medidas y fondos específicos de la UE con tal fin, especialmente para evitar una dispersión de los fondos comunitarios en este ámbito; pide, por consiguiente, a la Comisión Europea que estudie la posibilidad de asignar una proporción de los Fondos Estructurales existentes a cuestiones medioambientales, basándose en el modelo de asignación utilizado para la Estrategia de Lisboa, o bien de crear un fondo europeo de adaptación medioambiental que serviría para financiar programas de formación, reconversión profesional o vuelta al trabajo, destinados a trabajadores de sectores que podrían verse afectados por el desarrollo sostenible, o para apoyar la creación de empresas que atiendan a las necesidades del medio ambiente;

42.

apoya la creación de un Grupo Director de Impacto y Adaptación (GDIA), orientado a gestionar el proceso de formulación de una estrategia europea y de estrategias nacionales a fin de coordinar el esfuerzo tanto en relación con los diferentes sectores políticos como con los niveles de autoridad; sin embargo, es esencial que el mandato del GDIA y el presupuesto que se le asigne queden definidos antes de constituirse. Por tanto, se pide a la Comisión que clarifique lo antes posible esta cuestión;

43.

destaca la necesidad de que los entes locales y regionales formen parte del GDIA, dado que ellos son los responsables de la planificación, la dirección y la aplicación en muchos de los sectores afectados. Los entes locales y regionales poseen, pues, conocimientos valiosos y podrían contribuir considerablemente a generar una base de conocimientos sobre repercusiones y posibles soluciones. El GDIA debería adoptar un enfoque ascendente y definir claramente ámbitos de responsabilidad sobre la base del principio de subsidiariedad;

44.

pide la creación de grupos de trabajo sobre el cambio climático a nivel nacional en los que participen plenamente los entes locales y regionales. Los planes de acción de adaptación al cambio climático elaborados a nivel local y regional deben servir de base para la actividad de estos grupos de trabajo. Su labor debería vincularse directamente con el trabajo del GDIA. Estos grupos de trabajo podría organizarse en torno a la necesidad de investigación, repercusiones socioeconómicas, entes locales y regionales, el público en general y las empresas privadas;

45.

pone de relieve la necesidad de informar a la población, dado que la adaptación al cambio climático implicará cambios del modo de vida. Los ciudadanos necesitan comprender por qué son necesarias las medidas de adaptación, por qué pueden aumentar los costes de algunos servicios, cómo pueden ayudar y qué se está haciendo para minimizar los riesgos que corren. Esta información y los cambios de comportamiento requerirán un enfoque específico elaborado cuidadosamente, apoyado con las medidas adecuadas. Por lo tanto, pide a la UE, los Estados miembros y los entes locales y regionales que colaboren con los medios de comunicación para realizar una campaña de información paneuropea sobre las causas y efectos del cambio climático y los cambios que acarrearán. Debería dejarse claro que el cambio climático provocará una escasez cada vez mayor de recursos y que, por ello, será necesario centrarse en cambiar el comportamiento diario. Los entes locales y regionales subrayan la necesidad de financiar de forma adecuada estas campañas, así como tener debidamente en cuenta la necesidad de adaptar los mensajes en los distintos Estados miembros, naciones y regiones.

46.

señala que los entes locales y regionales también desempeñan un papel importante más allá de las fronteras de la UE. Los municipios, ciudades y regiones pueden desempeñar un papel constructivo en la transferencia de experiencia a los países en desarrollo, que son los que se enfrentan a los principales retos de adaptación;

47.

pide a la Comisión y la Presidencia de la UE que se comprometan políticamente con el desarrollo y la aplicación puntuales de la estrategia europea de adaptación en colaboración con los entes locales y regionales;

48.

pide que la Comisión y la Presidencia de la UE impliquen a los entes locales y regionales en el proceso de formulación y aplicación del marco europeo de actuación mediante su participación en los trabajos del GDIA. Si se desea que la aplicación de dicho marco sea un éxito, se deberían desarrollar estrategias generales a largo plazo mediante una amplia cooperación entre los niveles de gobierno. Los entes locales y regionales poseen conocimientos prácticos sobre el impacto de los retos climáticos, dado que se encuentran en la primera línea de batalla. Asimismo, en caso de que se produzcan emergencias como consecuencia del cambio climático, los ciudadanos se dirigirán en primer lugar a los gobiernos locales y regionales. Esto justifica claramente su implicación;

49.

destaca la necesidad de que se reconozca a los entes locales y regionales como actores fundamentales en la lucha contra los efectos nocivos del cambio climático, dado que están preparados para asumir la corresponsabilidad y ya están adoptando medidas para adaptar sus comunidades a las consecuencias;

50.

pide que se preste más atención a las soluciones e instrumentos relacionados con las zonas e infraestructuras urbanas (en especial, de las zonas costeras y los grandes ríos), como por ejemplo diques y redes de alcantarillado, que son un factor fundamental para reducir la vulnerabilidad de las infraestructuras;

51.

pide que se formulen escenarios realistas de situaciones de riesgo del cambio climático de carácter transfronterizo, suficientemente detallados para todas las regiones de la UE, en cooperación con las autoridades locales, regionales, nacionales y europeas. Los datos, modelos, métodos y escenarios sobre el clima deberían proporcionarse gratuitamente lo antes posible para poder definir las zonas de riesgo y establecer contramedidas;

52.

destaca la necesidad de contar con incentivos financieros adecuados para emprender iniciativas. Se debería apoyar a los entes locales y regionales en sus esfuerzos por formular soluciones proactivas destinadas a reducir la vulnerabilidad de las comunidades locales;

53.

señala que los entes locales y regionales deberían recibir apoyo financiero adicional para mitigar las pérdidas y cubrir los costes de adaptación adicionales, dado que para hacer frente a los distintos desafíos del cambio climático los entes locales deberán soportar nuevas cargas financieras considerables;